Jean-Paul Matheux
Lydia Cacho est journaliste, militante des droits des femmes et des enfants. Son action lui a valu de très nombreux prix, mais aussi de très nombreuses épreuves : les menaces, les procès, la prison.
« Un pays vaut souvent ce que vaut sa presse », disait Albert Camus. Avec une journaliste de cette qualité, le Mexique a un avenir. Dans son livre, Mémoires d’une infamie, Lydia Cacho écrit : « Je crois avec ferveur que le Mexique peut se transformer, qu’un jour il connaîtra une vraie démocratie. Je crois au journalisme comme lanterne du monde, comme un droit de la société de savoir et de comprendre, je crois que les droits de l’homme ne sont pas négociables…Tant que je vivrai, je continuerai à écrire et grâce ce que j’ai écrit, je continuerai à vivre ».
PEDRO CANCHÉ, PRESO DE CONCIENCIA: AMNISTÍA INTERNACIONAL
México: Preocupa a Amnistía Internacional la detención arbitraria de
Pedro Canché, periodista maya de Quintana Roo.
El periodista maya Pedro Canché Herrera fue detenido el 30 de agosto de 2014 acusado del delito de sabotaje, en el estado de Quintana Roo, México. Su caso será analizado por un juez federal en los próximos días que resolverá un amparo en contra del auto formal de prisión. A Amnistía Internacional le preocupa que la privación de la libertad de Pedro Canché responda únicamente a su trabajo como periodista y al ejercicio de la libertad de expresión.
Pedro Canché fue detenido días después de publicar fotos de una protesta de ciudadanos por el incremento a las tarifas del servicio de agua afuera de la oficina de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (“CAPA”) en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, y ha permanecido por seis meses en una prisión municipal en espera de su sentencia. Pedro fue señalado por autoridades locales como el líder de la protesta que incitaba a las demás personas a bloquear la entrada de las oficinas de las autoridades locales.
A Amnistía Internacional le preocupa que el sistema judicial se utilice para perseguir a periodistas que son críticos con el gobierno. Dada la amplia interpretación del tipo penal de “sabotaje” establecido en el artículo 204 del Código Penal de Quintana Roo, es preocupante que las autoridades lo puedan utilizar de manera arbitraria. La organización tiene motivos para creer que existieron arbitrariedades por parte del agente del ministerio público, en relación con los cargos en contra de Pedro Canché Herrera, debido a su actividad periodística. Esto incluye omisiones e irregularidades en la investigación penal, y la emisión de un auto formal de prisión sin pruebas suficientes.
De acuerdo con la defensa legal de Pedro Canché, las pruebas presentadas por el agente del ministerio público carecen de declaraciones firmes para probar que es responsable de dirigir el bloqueo afuera del CAPA. La única evidencia fotográfica de la protesta muestra a Pedro tomando fotos del evento.
A la organización le preocupan las declaraciones públicas de autoridades del estado de Quintana Roo negando que Pedro sea periodista. En adición a lo anterior, el Procurador de Justicia del estado de Quintana Roo lo ha acusado públicamente de pagarle a los manifestantes para bloquear las oficinas de la CAPA.
El trabajo periodístico de más de dos décadas del periodista maya Pedro Canché es conocido en el estado de Quintana Roo, tanto como editor de revistas impresas y, actualmente, como periodista independiente a través de medios electrónicos.
Amnistía Internacional ha recibido información preocupante sobre la salud actual de Pedro Canché, incluyendo la tardía atención médica en relación a heridas derivadas aparentemente de su proceso de detención. Amnistía Internacional enfatiza la responsabilidad de las autoridades estatales para asegurar la salud y el bienestar de aquellos bajo su custodia.
Amnistía Internacional considera que Pedro Canché fue detenido de manera arbitraria a causa del ejercicio del periodismo. Por lo anterior, la organización exige que cese la criminalización en contra de Pedro Canché y que cualquier decisión respecto a este caso tome en cuenta las arbitrariedades del proceso.
PERIODISTAS COLOMBIANOS EN RIESGO
Colombia
Periodistas amenazados en Colombia: “No nos vamos a callar”
Los periodistas amenazados por el grupo criminal paramilitar “Bloque Capital – Águilas Negras” convocaron el jueves 11 de diciembre a una concentración para denunciar los riesgos que corren. Las Águilas Negras dieron como plazo a los periodistas y a los medios de comunicación hasta el 1 de enero de 2015 para dejar las ciudades donde desempeñan sus actividades. No obstante, el gobierno colombiano aún no ha reaccionado. Reporteros sin Fronteras expresa su preocupación por las amenazas que se ciernen sobre la libertad de información y el pluralismo en Colombia.
Con la difusión de tres listas negras en menos de cuatro días a inicios de diciembre, las Águilas Negras han mostrado claramente su intención de hacer callar a los periodistas que les molestan. ¿Quiénes son el nuevo blanco militar, calificado de “terroristas guiados por las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]”, al que el grupo paramilitar promete hacer callar “a plomo”? Catorce periodistas y 12 medios de comunicación, la mayoría de ellos alternativos o comunitarios, que cubren el proceso de paz, investigan las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción. Las acusaciones de las Águilas Negras hacen eco de manera inquietante a las formuladas el 17 de septiembre pasado por el senador y expresidente Álvaro Uribe durante un debate sobre paramilitarismo en el Congreso de la República, en el que acusó al Canal Capital de ser un “medio de comunicación servil al terrorismo”.
“Reporteros sin Fronteras condena las amenazas de las Águilas Negras a los medios comunitarios y alternativos”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Intentar hacer callar a estos medios es un ataque al pluralismo y busca reforzar un clima de miedo y autocensura para impedir que los periodistas cubran temas delicados, como la corrupción y el crimen organizado. Frente a la gravedad de la situación es inaceptable que las autoridades colombianas permanezcan en silencio. Si el Estado no condena estas amenazas y no hace de la lucha contra la impunidad una prioridad clara, estará dando, de facto, carta blanca a los grupos criminales”, agregó.
Colombia, donde han sido asesinados 56 periodistas desde el año 2000, sigue siendo un país muy peligroso para ejercer el periodismo, aún más para los medios de comunicación alternativos o comunitarios que abordan temas delicados. En el país abundan las bandas criminales paramilitares, que siembran el terror, en ocasiones con la complicidad de las autoridades, en un clima de casi total impunidad. Las Águilas Negras siguen siendo uno de los principales Predadores de la Libertad de Prensa en el país. Éste grupo ya había emprendido campañas de intimidación y de violencia contra la prensa local en 2006 y 2007; en marzo de 2011 difundió una lista con los nombres de cinco periodistas a asesinar. Recientemente, el 14 de agosto de 2014, las Águilas Negras amenazaron de muerte al fotógrafo independiente Juan Pablo Gutiérrez y el 1 de diciembre a Canal Capital, Telesur, el portal de análisis de información Agencia de Reporteros sin fronteras – con la cual Reporteros sin Fronteras no tiene ninguna relación – y el periodista Nelson Arnesto, fundador de Patio Bonito Al Día.
Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras publicada el 12 de febrero pasado.
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Colombia
Con la difusión de tres listas negras en menos de cuatro días a inicios de diciembre, las Águilas Negras han mostrado claramente su intención de hacer callar a los periodistas que les molestan. ¿Quiénes son el nuevo blanco militar, calificado de “terroristas guiados por las FARC [Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia] y el ELN [Ejército de Liberación Nacional]”, al que el grupo paramilitar promete hacer callar “a plomo”? Catorce periodistas y 12 medios de comunicación, la mayoría de ellos alternativos o comunitarios, que cubren el proceso de paz, investigan las violaciones a los derechos humanos, el crimen organizado y la corrupción. Las acusaciones de las Águilas Negras hacen eco de manera inquietante a las formuladas el 17 de septiembre pasado por el senador y expresidente Álvaro Uribe durante un debate sobre paramilitarismo en el Congreso de la República, en el que acusó al Canal Capital de ser un “medio de comunicación servil al terrorismo”.
“Reporteros sin Fronteras condena las amenazas de las Águilas Negras a los medios comunitarios y alternativos”, señaló Claire San Filippo, responsable del Despacho Américas de nuestra organización. “Intentar hacer callar a estos medios es un ataque al pluralismo y busca reforzar un clima de miedo y autocensura para impedir que los periodistas cubran temas delicados, como la corrupción y el crimen organizado. Frente a la gravedad de la situación es inaceptable que las autoridades colombianas permanezcan en silencio. Si el Estado no condena estas amenazas y no hace de la lucha contra la impunidad una prioridad clara, estará dando, de facto, carta blanca a los grupos criminales”, agregó.
Colombia, donde han sido asesinados 56 periodistas desde el año 2000, sigue siendo un país muy peligroso para ejercer el periodismo, aún más para los medios de comunicación alternativos o comunitarios que abordan temas delicados. En el país abundan las bandas criminales paramilitares, que siembran el terror, en ocasiones con la complicidad de las autoridades, en un clima de casi total impunidad. Las Águilas Negras siguen siendo uno de los principales Predadores de la Libertad de Prensa en el país. Éste grupo ya había emprendido campañas de intimidación y de violencia contra la prensa local en 2006 y 2007; en marzo de 2011 difundió una lista con los nombres de cinco periodistas a asesinar. Recientemente, el 14 de agosto de 2014, las Águilas Negras amenazaron de muerte al fotógrafo independiente Juan Pablo Gutiérrez y el 1 de diciembre a Canal Capital, Telesur, el portal de análisis de información Agencia de Reporteros sin fronteras – con la cual Reporteros sin Fronteras no tiene ninguna relación – y el periodista Nelson Arnesto, fundador de Patio Bonito Al Día.
Colombia se encuentra en el lugar 126, entre 180 países, en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros sin Fronteras publicada el 12 de febrero pasado.
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Colombia
Journalists meet to protest threats from criminal gangs
Journalists threatened by the paramilitary group “Bloque Capital – Águilas Negras” holds a meeting today to publicize the dangers they face. The group has given news outlets a deadline of 1 January to leave the cities where it operates, but the government has yet to respond. Reporters Without Borders is concerned about the dangers to freedom of information and pluralism in Colombia.
Águilas Negras issued three blacklists in less than four days in early December, a clear sign that it wants to silence journalists that they find troublesome. It describes the targets as “terrorists directed by FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) and the ELN (National Liberation Army)” whom the group vowed to “silence with lead”.
They comprise 14 journalists and 12 media organizations, most of them community-based or alternative outlets that cover the peace talks or investigate human rights abuses, organized crime and corruption.
The allegations by Águilas Negras bear a disturbing resemblance to those made by the former president, Senator Alvaro Uribe, during a debate in September this year in which he accused the public television station Canal Capital of being “an accomplice of terrorism”.
“Reporters Without Borders deplores the threats directed by Águilas Negras at community media outlets,” said Claire San Filippo, head of the Reporters Without Borders Americas desk.
“Attempting to silence them is an attack on media pluralism and is aimed at aggravating the climate of fear and self-censorship, thus preventing journalists from covering sensitive subjects such as corruption and organized crime. In view of the seriousness of the situation, it is unacceptable for the Colombian authorities to remain silent. By failing to condemn such threats or to make the fight against impunity a clear priority, the government is effectively giving criminal gangs a free hand“.
With 56 journalists killed since 2000, Colombia remains a highly dangerous country in which to carry out any journalistic activity, especially for alternative and community news outlets that report on sensitive subjects.
The country has a large number of armed criminal gangs that sow terror, with or without the complicity of the local authorities, with almost total impunity. Águilas Negras remain one of the country’s leading “Predators of Press Freedom”.
They previously organized campaigns of intimidation and violence against local media in 2006 and 2007 and issued a list of five journalists targeted to be killed in March 2011. In August this year, Águilas Negras issued death threats against the freelance photographer Juan Pablo Gutiérrez. At the beginning of December, the group threatened the TV stations Canal Capital, Telesur, Nelson Arnesto, the creator of the news programme Patio Bonito Al Día as well as ’Agencia de Reporteros Sin Fronteras’ – a news outlet Reporters Without Borders has no relation with.
Colombia is ranked 126th of 180 countries in the World Press Freedom Indexpublished by Reporters Without Borders in February this year.
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Colombie
Journalistes menacés en Colombie – “Nous ne nous tairons pas”
Les journalistes menacés par le groupe criminel paramilitaire « Bloque Capital – Águilas Negras » convoquent, ce jeudi 11 décembre, un rassemblement pour dénoncer les risques qu’ils encourent. Alors que les Águilas Negras ont donné aux médias jusqu’au 1er janvier pour quitter les villes où ils exercent leurs activités, le gouvernement colombien n’a toujours pas réagi. Reporters sans frontière s’inquiète des risques qui pèsent sur la liberté d’information et le pluralisme en Colombie.
Avec trois listes noires en moins de quatre jours début décembre, les Águilas Negras ont clairement signifié leur volonté de réduire au silence les journalistes qui dérangent. Qui sont les nouvelles cibles qualifiées de « terroristes guidées par les FARC (Forces armées révolutionnaires de Colombie) et l’ELN (Armée de libération nationale) » que le groupe promet de « faire taire par le plomb » ? Quatorze journalistes et 12 médias, la plupart alternatifs ou communautaires qui couvrent le processus de paix, enquêtent sur les violations des droits de l’Homme, le crime organisé ou la corruption. Les accusations des Águilas Negras font écho de manière troublante à celles proférées par le sénateur et ancien président Alvaro Uribe lors d’un débat au Sénat le 17 septembre dernier. Il avait alors accusé Canal Capital d’être « un média complice avec le terrorisme ».
« Reporters sans frontières condamne les menaces des Águilas Negras à l’encontre des médias communautaires, déclare Claire San Filippo, responsable du bureau Amérique de l’organisation. Essayer de faire taire ces médias est une atteinte au pluralisme et vise à renforcer un climat de peur et d’autocensure pour empêcher que les journalistes ne couvrent des sujets sensibles tels que la corruption et le crime organisé. Face à la gravité de la situation, il est inacceptable que les autorités colombiennes restent silencieuses. En ne condamnant pas ces menaces et en ne faisant pas de la lutte contre l’impunité une priorité claire, l’Etat donne de facto un blanc-seing aux groupes criminels. »
Avec 56 journalistes tués depuis 2000, la Colombie reste un pays extrêmement périlleux pour exercer une activité journalistique, a fortiori pour les médias alternatifs ou communautaires qui enquêtent sur des sujets sensibles. Le pays compte sur une forte présence de bandes criminelles paramilitaires qui sèment la terreur avec la complicité ou non des autorités locales dans un climat d’impunité quasi totale. Les Águilas Negras continuent d’être l’un des principaux Prédateurs contre la liberté de la presse dans le pays. Ils avaient déjà organisé des campagnes d’intimidation et de violences contre la presse locale en 2006 et 2007 et fait circuler en mars 2011 une liste de cinq journalistes à abattre. Plus récemment, le 14 août 2014, les « Águilas Negras » avaient envoyé des menaces de mort au photographe indépendant Juan Pablo Gutiérrez et, le 1er décembre à Canal Capital, Telesur, au portail d’analyse d’’information l’Agence de reporters sans frontières – avec laquelle Reporters sans frontières n’a aucun lien – et au journaliste Nelson Arnesto, fondateur du Patio Bonito Al Día.
La Colombie est 126ème sur 180 pays dans le Classement mondial de la liberté de la presse publié par Reporters sans frontières le 12 février dernier.
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Claire San Filippo
REPORTERS SANS FRONTIERES
Bureau Amériques – Despacho Américas – Americas Desk
MIGRANTES Y REFUGIADOS EN DISTRITO FEDERAL
DR. MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOZA1
JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE
México, D.F. a 7 de noviembre del 2014.
De acuerdo a investigaciones recientes, en el Distrito Federal se encuentran personas pertenecientes de al menos a 40 comunidades de distinto origen nacional, tales como la comunidad libanesa, israelita, palestina, armenia, iraní, china, española, sudamericana y centroamericana, entre otros. Y, existen alrededor de 900 mil personas originarias de la Ciudad de México que emigraron a otros países, principalmente a los Estados Unidos y Canadá.
Ante ello, esta Ciudad ha declarado a través de sus respectivos Jefes de Gobierno que ha venido trabajando en la construcción de una capital social avocada al apoyo y protección de diferentes grupos en situación de vulnerabilidad social. De hecho, la Ciudad de México se ha constituido como ejemplo nacional e internacional por los programas sociales y ambientales que ha implementado.
Sin embargo, es importante reconocer que estas acciones a favor de la población migrante y del fortalecimiento de la agenda migratoria a nivel local no hubiera sido posible sin el impulso y liderazgo de personas clave dentro del Gobierno del Distrito Federal, quienes han demostrado un compromiso amplio con la agenda de migración y un entendimiento de la construcción de políticas públicas promoviendo el diálogo y la interlocución.
En particular, a través de la Dirección de Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias de la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (SEDEREC), encabezada por la Licenciada Guadalupe Chipole Ibáñez, se impulsó, apoyó y favoreció la construcción de los siguientes procesos:
- La Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal y su Reglamento cuyo objetivo es regular la hospitalidad y propiciar la interculturalidad, así como salvaguardar los derechos derivados del proceso de movilidad humana, entendiendo éste como el ejercicio del derecho Ccp. Hegel Cortés Miranda. Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
- humano de toda persona a migrar, incluyendo acciones encaminadas a la disminución de la desigualdad, inequidad y discriminación, reconociendo que ningún ser humano puede ser ilegal por su condición migratoria.
- La implementación de acciones de capacitación y sensibilización a funcionarios públicos del Distrito Federal de diversas dependencias que brindan atención a población migrante y sus familiares.
- La creación de una Red de Ciudades Hospitalarias en México, a fin de compartir la experiencia de trabajo del Distrito Federal con otras ciudades que tienen fuerte presencia migratoria y que requieren del impulso y fortalecimiento de una agenda de derechos humanos de esta población.
- El seguimiento a la creación de la Comisión de Interculturalidad prevista en la Ley de Interculturalidad, impulsando la creación de un programa de trabajo claro acorde a la realidad migratoria de la Ciudad de México y garantizando la participación de la academia y la sociedad civil.
- La implementación, seguimiento y evaluación del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal, en particular de su Capítulo 29 sobre personas migrantes y refugiadas, fungiendo como instancia coordinadora para lograr el cumplimiento de las diferentes metas y líneas de acción planteadas.
- El impulso a la creación en conjunto con sociedad civil, academia e instancias de gobierno del “Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para el Distrito Federal” como un mecanismo de planeación, seguimiento y evaluación que permita incorporar de manera transversal, intersectorial e integral los objetivos, estrategias, líneas de acción, metas y recursos necesarios para el efectivo ejercicio de los derechos de las personas en movilidad, tal como lo prevé la Ley de Interculturalidad.
En ese sentido, damos todo el respaldo y reconocimiento a la gestión de la Lic. Guadalupe Chipole y a todo el equipo de la Dirección a su cargo, por el ejemplo de compromiso con la agenda migratoria y las personas en movilidad, favoreciendo siempre la construcción colectiva y coordinada entre instancias de gobierno, organismos autónomos de derechos humanos, academia y organizaciones de la sociedad civil.
Expresamos nuestro profundo desacuerdo en que la Lic. Guadalupe Chipole haya sido cesada de su cargo y descalificamos totalmente el trato indigno que se le ha dado por parte del Secretario de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Lic. Hegel Cortés Miranda). No se debe tolerar que en la administración que usted encabeza, existan actos de esta naturaleza, sobre todo si se trata de funcionarios responsables, profesionales y comprometidos.
- Manifestamos nuestra preocupación por el seguimiento, interés y continuidad que se vaya a dar a la agenda de trabajo que veníamos desarrollando bajo el liderazgo de la Lic. Guadalupe Chipole, toda vez que el Lic. Cortés Miranda ha demostrado poco interés y reconocimiento en los procesos de construcción colectiva en los que hemos impulsado y participado desde sociedad civil. El más claro ejemplo, es el desinterés y la obstaculización de la versión del Programa Especial de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para el Distrito Federal, trabajado en el marco de los Espacios de Participación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (MSyE) del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF).
Dicha situación tuvo como resultado que varias organizaciones buscáramos reunirnos con Javier González Garza, Jefe de Oficina de la Jefatura de Gobierno para compartir el proceso en el que fue construido dicho programa, su contenido y su relevancia, con el objetivo de que no quedara fuera y se incorporara a la lista de Programas Sectoriales y Especiales que esta administración ha considerado en el marco de la implementación del Programa General de Desarrollo 2013-2018. Sobre todo porque públicamente, desde la Jefatura de Gobierno, usted ha señalado y dispuesto el apoyo a la implementación de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal y su programa, así como la importancia de la participación de la sociedad civil en la construcción de dichos procesos. Demandamos:
Se brinden las condiciones para que la Lic. Chipole Ibáñez pueda hacer su proceso de entrega – recepción de manera adecuada. - No se tolere ninguna acción de hostigamiento en contra de la Lic. Chipole Ibáñez y en su caso sea sancionada cualquier autoridad que lo haga.
- Se dé especial atención y seguimiento desde la oficina que usted asigne, a todas las acciones de implementación de la Ley de Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana en el Distrito Federal, para evitar que este cambio de funcionarios signifique retrocesos en esta agenda.
- Se promulgue a la brevedad, en cumplimiento con la instrucción que usted ha girado públicamente, el “Programa de Hospitalidad, Interculturalidad, Atención a Migrantes y Movilidad Humana para el Distrito Federal”. Y sea publicada la versión que fue trabajada conjuntamente desde los Espacios de Participación del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación (MSyE) del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal (PDHDF).
Confiamos en que la voz de todos y todas quienes estamos firmando esta carta desde distintas latitudes y espacios de trabajo sea escuchada y, la llamada de alerta que hacemos sobre los hechos que están ocurriendo en la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, tengan su atención y se dé seguimiento puntual a los temas que le estamos planteando.
Sin Fronteras IAP
Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social, Incide Social, Ac.
Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración, A.C.
Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C.
Centro de Acojida y Formación para el Empoderamiento de la Mujer Indígena y Migrante/CAFEMIN
Albergue Tochan
Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero
SMR Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados
Casa de los Amigos, A.C.
Instituto para las Mujeres en la Migración, A.C.
Asociación Nacional de Abogados Democráticos. ANAD
Estrategias de Participación Social y Desarrollo con Equidad, A.C. Mujeres por una Binacionalidad Digna, A.C.
Appleseed México
Padre Alejandro Solalinde
Dra. Leticia Calderón Chelius, académica/Red de migrantologos
Programa de Asuntos Migratorios (PRAMI) de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México
Programa de Asuntos de Migratorios, de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México
Dra. Giovanna Marconi, investigadora y profesora asistente, Catedra Unesco SSIIM sobre la “Inclusión Social y Espacial de los Migrantes Internacionales” de la Universidad Iuav de Venecia (Italia)
Dr. Marcelo Balbo. SSIIM UNESCO Chair on “Social/Spatial Inclusion of International Migrants, Urban Policies and Practice” – Università Iuav di Venezia (Italia)
Dra. Elena Ostanel, investigadora, Catedra Unesco SSIIM sobre la “Inclusión Social y Espacial de los Migrantes Internacionales” de la Universidad Iuav de Venecia (Italia)
Dr. Adriano Cancellieri, investigador, Cátedra Unesco SSIIM sobre la “Inclusión Social y Espacial de los Migrantes Internacionales” de la Universidad Iuav de Venecia (Italia)
Dr. Mirko Marzadro, SSIIM UNESCO Chair on “Social/Spatial Inclusion of International Migrants, Urban Policies and Practice” – Università Iuav di Venezia (Italia)
Ana Estevens, Universida de Lisboa, Portugal
Sónia Pereira, Universidad de Deusto, España Lic. Maribel Téllez Altamirano, Abogada en el Área Migratoria Reyna Carretero Rangel Nicole R. Salgado, coautora de Amor and Exile, Querétaro (doble ciudadana originaria de Nueva York) Margarito Reséndiz López, Querétaro.
Contacto.
Nancy Pérez García
Directora General
Sin Fronteras IAP
[email protected]
EL FIN DEL PODER
Plan b
El fin del poder
Lydia Cacho
“Empresas que se hunden,militares derrotados,papas que renuncian y gobiernos impotentes: cómo el poder ya no es lo que era”
Hay dos tipos de poder: el imaginario y el concreto. El imaginario es aquél que muchos creen que tienen hasta que la realidad les muestra sus límites; también está el poder imaginario asignado a líderes sociales o defensoras de Derechos Humanos, a quienes el colectivo concede una fuerza de acción increíble e imposible; sobre ellas y ellos recae una suerte de fe construida por quienes se sienten impotentes (sin poder) ante las desgracias que les aquejan. El poder concreto es el que tiene un gobernante o una legisladora, un médico o una Secretaria de Estado. Tienen recursos materiales e intelectuales, así como acceso a los mecanismos de sus instituciones para beneficiar (o dañar) a grandes cantidades de personas. Pero incluso su poder está acotado.
Durante las revueltas sociales, como la que se está gestando en México alrededor de la simbólica masacre de Ayotzinapa que exige vida en lugar de muerte, que exige justicia en territorio de impunidad, se despierta el fantasma del poder colectivo, de los liderazgos estudiantiles, el poder individual que se reconecta a través de redes sociales, que hace de una causa de pocos bandera de millones. Ese poder es real, débil, confuso, poco estratégico pero real: es el poder de las nuevas generaciones que exige se deconstruya a un Sistema político y judicial inepto y anquilosado, que yace agonizante frente a la mirada del mundo. Pero una vez se expulsa a los peores ¿qué modelo de poder los suple?
El reconocido analista venezolano, economista y experto en política Moisés Naím, escribió El fin del poder (Ed. Debate), una obra que desde hace un par de meses se ha convertido en mi libro de consulta y reflexión favorito. Naím no habla desde la teoría del académico sentado en sus laureles que piensa solo y pontifica; por el contrario, confiesa desde el inicio cómo aprendió a vivir el poder en su propio país y las grandes lecciones que le ha dejado su ascenso a diferentes ámbitos de incidencia pública. Naím ha sabido entender, conocer y analizar a los grandes empresarios convencionales y a las pequeñas pero transcendentes empresas sociales, hizo una inmersión en las redes sociales y el propio Internet para entender los mecanismos de poder de creadores y usuarios. Este libro, escrito con un lenguaje accesible y una narrativa fluida, desentraña casi todas las complejidades a las que nos enfrentamos cuando intentamos buscarle los pies y la cabeza a la locura en que vivimos: la corrupción, los monopolios, las revoluciones tuiteras, el debilitamiento de los medios, el fortalecimiento de la delincuencia organizada, la censura, los movimientos juveniles, la ira social ante la violencia, los liderazgos débiles, las violaciones a los derechos humanos y sus actores y actoras. Quién, cómo, cuándo, dónde y de que manera se obtiene y pierde el poder todos los días; Naím no deja un solo resquicio sin reflexión, no da cabida al lugar común y a la simplonería del clásico analista famoso. No se da tregua ni a sí mismo ni a quien lo lee
Hace muchos años Marcela Lagarde me explicó con gran sencillez cómo la única manera de lograr la instauración de un modelo de igualdad entre hombres y mujeres radica justamente en analizar las estructuras y los modelos de poder, tanto público como privado, porque sólo conociendo su anatomía podíamos comenzar a reinventarlo. Comúnmente quienes quieren tumbar un edificio llegan con una grúa que destruirá todo a su paso, o con expertos en explosivos que los instalarán de tal forma que causarán una serie de explosiones que tumbarán la estructura en caída vertical con tan precisión que no afectará a las construcciones vecinas. Así es como algunos quieren cambiar los sistemas de poder, a golpes o explosiones, que afecten una parte y no el todo circundante. Naím, como la filósofa feminista, propone detenerse a pensar cómo se han pulverizado los modelos de poder y quién se queda con la mayor montaña de cenizas, nos explica cómo lo manejan y lo acumulan, cómo lo reinventan, lo capitalizan o lo pierden.
Se ha dicho que la siguiente revolución social y política tiene que pasar necesariamente por la reinvención del ejercicio del poder y no solamente por la repartición de los bienes que éste genera. Naím nos invita a diseccionar poco a poco los elementos que conforman ese edificio, a desmontarlo ladrillo por ladrillo, sin ruidosas explosiones; como en el ajedrez, a pensar antes de mover cada pieza, conocerla para moverla.
Las acertadas reflexiones de Moisés Naím muestran su capacidad para analizar el poder desde una perspectiva no tradicional; se posicionó en una esquina diferente para obtener resultados distintos a los que tradicionalmente nos ponen sobre la mesa los analistas. Nunca como ahora hace falta leer este libro, en cualquier país de América Latina encontraremos pautas para comprender desde dónde actuar a fin de reinventar el poder. Sin duda trae muy buenas noticias: Naím pone su esperanza en que las nuevas generaciones reinventen el poder, pero para ello necesitan conocerlo, entenderlo y asumir su propia responsabilidad, individual y colectiva, para que perviva.
@lydiacachosi
¿QUÉ HARÍAS SI TUVIERAS UN BEBÉ CON DISCAPACIDAD?
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
CONOCE, APRENDE, COMPARTE, DEBATE, APOYA, RT:
Siete cosas que faltan sobre discapacidaden esta LEY que se discute hoy en el Senado mexicano:
Cuántos son, cómo los rehabilitamos para que tengan una vida digna y feliz, cómo les integramos a la escuela, cómo les recibimos sin discriminación en los albergues, cómo les damos garantías a sus padres y madres y cómo apoyamos de manera urgente a quienes tengan una discapacidad aparente.
Estos interrogantes están pendientes y es en sus respuestas donde podemos sentirnos orgullosos o no de vivir en un país incluyente
y donde TODOS y TODAS, signifique realmente TODA LA POBLACIÓN, DIVERSA E INTEGRADA.
Antes que nada, hay que hacer un reconocimiento a senadores y senadoras por cumplir con su responsbailidad de escuchar a organizaciones de la sociedad civil y expertas en el tema de niñez y verdaderamente intervenir la inadecuada Iniciativa Preferente que mandó Enrique Peña Nieto que estaba plagada de inconstiencia, retrocesos y vacíos, entre ellos la ausencia de reconocimiento pleno de derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidades y capacidades diferentes.
Sí hay un cambio radical en la manera de plantear la ley con miras a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general y también a las y los que tienen alguna discapacidad.
Sin embargo, como siempre, la ley es perfectible. Y en el caso de la visión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad la ley debe cambiarse para salvarse de contradicciones planteadas dentro de ella misma.
La Ley reconoce, en su artículo 13, “El Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad”. Dentro de los principios rectores tres especialmente favorecen a este grupo: “la no discriminación”, “la inclusión”, y “la accesibilidad”.
Y reconoce en varios artículos el concepto de “diseño universal”. Ya retoma la Convencion por los derechos de las personas con discapacidad, que no hacía.
Incluye un capítulo entero sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad. También enuncia, cuando es necesario, los apoyos necesarios para su comunicación, en caso de asuntos judiciales, por ejemplo.
En la enumeración de definiciones ya contempla el concepto de “ajustes razonables” y se dice que la falta de ajustes razonables será considerado discriminación. Todo eso está muy bien.
Pese a esto, hay cosas que faltan. En resumen son siete:
1) UN VERDADERO CENSO
Dice el Art. 57, V: “Establecer mecanismos que permitan la recopilación de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia”.
Lo que falta
Es necesario precisar que este mecanismo debe de actualizarse de manera constante, desde que se detecte que hay un niño con discapacidad o aún con presunta discapacidad: que se incluya en varias bases de datos no sólo de salud, sino de educación, del DIF, el INEGI, por supuesto. Que se sepa dónde está, cuál es su discapacidad, su situación socio-económica. Debe ser un censo cambiante de facil acceso incluso para personas con discapacidad misma.
- REHABILITACIÓN
Se habla de rehabilitación en el artículo 52:
- Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos;
- Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental;
- Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación.
- Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
Lo que falta:
Se debe crear un standard con base a experiencias y mínimos internacionales en la rehabilitación a niños, niñas y adolescentes que adquieran discapacidad. Sabemos que el Estado está sobrepasado en esto; que existe el Teletón (pero sólo atiende al 10% de los niños y niñas con discapacidad y sólo neuromusculoesquelética).
Aunque sí hay mención a rehabilitación en diversos artículos se debe precisar que la rehabilitación debe ser:
-Oportuna (los y las niñas deben tener acceso inmediato de 0 a 5 años)
-Intensiva, de acuerdo a sus necesidades; Integral (no sólo física, también psicológica y social)
– Familiar (porque las familias necesitan apoyos también de tipo psicológico para alcanzar las metas de rehabilitación y por lo tanto de inclusión) y ,
-Con altos estándares de calidad.
3) EDUCACIÓN
Dice el Artículo 59. Fracción XIII
“Impulsar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;”
Lo que esta mal y lo que falta:
El verbo no es el correcto. “Impulsar” es lo que el gobierno ha dicho que ha hecho todos estos años. Queremos que diga GARANTIZAR.
Pero que, además, para que esto sea una realidad también decir el cómo:
- a) Proveer el apoyo necesario niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante la adopción de ajustes razonables, el apoyo de docentes especializados y la adopción de medidas de apoyo personalizadas y directivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social
- b) Garantizar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares.
- c) Garantizar y Promover el aprendizaje de la lengua de señales mexicana y la identidad lingüística de niñas, niños y adolescentes sordos
4) Albergues o Centros de Asistencia Social
En el tema de albergues se puso mucho cuidado. Claro, después de Mamá Rosa… De hecho, la ley plantea un giro: sólo irán a albergues los niños que no puedan encontrar otra forma de cuidados parentales que plantea la ley como hogares de acogida. Sin embargo sabemos que los niños con discapacidad, mientras la cultura no cambie, tendrán más dificultad para encontrar estos caminos y ya no se diga la adopción. Es muy posible que los manden a albergues. ¿Cuáles? Pues a alguno especializado.
Es el caso de Sofia que ya les hemos contado aquí http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20816.html
Ya vieron la respuesta de Salud y del DIF: respondieron que la NOM que denunciamos por discriminadora es legal. Pero esta ley puede cambiar lo anterior, debe cambiarlo.
Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes; a elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir.
Si un niño o niña se lastima un ojo, usa un parche, muletas o silla de ruedas aún que sea por poco tiempo, esta Ley obliga, para garantizar su seguridad que sea trasladado a albergues para personas con discapacidad.
Dado que no se puede separar al niño o niña de sus hermanos o hermanos sin discapacidad toda la familia deberá ser trasladado a albergues que únicamente atienden a la infancia con discapacidad.
El artículo 110, como está, realmente sólo obliga a ser accesible a un “tipo” de albergue o centro de asistencia social.
En su inciso III: En el caso de que brinden servicio específicamente o primordialmente a niñas, niños y adolescentes con discapacidad deberán ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable;
Es decir , vale gorro la inclusión, la no discriminación y la accesibilidad dichas antes.
Lo que falta:
Nuestra propuesta es que las instalaciones de TODOS los centros de asistencia deberán cumplir con lo siguiente:
- Su infraestructura inmobiliaria debe ser adecuada y accesible para el alojamiento y la prestación de servicios de asistencia social de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad;
- Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la accesibilidad, diseño universal, comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física, sensorial, intelectual y mental de niñas, niños o adolescentes con y sin discapacidad alojados, de manera tal que se permita un entorno inclusivo;
- Un entorno que prevea los apoyos materiales y humanos necesarios para niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad.
- La falta de capacidad económica, entorno accesible, personal de apoyo o de inclusión no será motivo justificado para negarse a recibir y que permanezcan en dichos centros niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinguir entre motivo o grado de discapacidad.
Les digo que es contradictoria, además por que en el artículo que sigue, el 111, cuando habla de cómo estos centros de asistencia deben garantizar sus derechos dice en el inciso XI: “Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable”.
¿Cómo van a fomentar la inclusión de niños con discapacidad si las instalaciones no lo son? ¿Será inclusión a distancia? (que ya no es inclusión)
5) GARANTIAS A PADRES Y MADRES CON DISCAPACIDAD
En un país como el nuestro donde aún se considera que la discapacidad es una enfermedad (no lo es: es una condición de vida) y para lograr la no discriminación estaría bien precisar lo siguiente.
ARTICULO 27:
No podrá ser motivo de separación, restringir la convivencia o pérdida de derechos de patria potestad la discapacidad, sin importar el grado de la misma tanto de los padres, familiares o de las niñas, niños con y sin discapacidad.
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer programas para proporcionar la capacitación, bienes y servicios a un costo asequible para evitar que la discapacidad y falta de recursos, apoyos y servicios se traduzca en la separación de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de personas con y sin discapacidad.
6) MEDIOS
Tu has visto los servicios que requieren los niños y niñas con discapacidad, has visto a personas con discapacidad trabajar, casarse. ¿Pero cuántos niños y niñas con discapacidad ves en los medios? Si los medios no enseñan, exluyen.
Ya que el Artículo 69 habla de las responsabilidades de los medios proponemos que se incluya un inciso más.
Artículo 69. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los medios de comunicación, las autoridades federales competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que éstos difundan información y materiales relacionados con:
I.-….
VI.- La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones accesibles y de diseño universal para niñas, niños y adolescentes con discapacidad y otras acciones que garanticen su inclusión en la sociedad en todos los aspectos y etapas de la vida.
7) ¿Sabes cuanto tarda un certificado de discapacidad?
Todos conocemos a padres y madres que durante años tratan de tener un “diagnóstico” sobre qué tiene su hijo y no lo logran hasta muchos años después. Los niños y niñas necesitan una atención inmediata, oportuna, integral y familiar para poderse desarrollar y superar las barreras que los discriminan.
En España y la Convención Interamericana para Eliminar todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad garantiza los servicios de inclusión desde la discapacidad aparente.
México no esta obligado a garantizar los derechos de la infancia de la discapacidad al no certificar la exisistencia de la misma aun que todos la veamos.
Si la Ley General de Derechos, en su artículo 5, presume la adolescencia y la infancia cuando exista duda sobre la edad , ¿porqué no podemos presumir la discapacidad de niñas niños y adolecentes con discapacidad?
Lo que falta, un añadido al Artículo 55
“Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolecente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolecente con discapacidad.”.
AHORA QUE YA LO SABES, AYUDANOS A QUE ESTE DOCUMENTO SEA LEÍDO EN UNIVERSIDADES, ESCUELAS, REDES SOCIALES, EN TU FACEBOOK O EN TU BLOG PERSONAL. HAZ TUYA ESTA INFORMACIÓN.
EXIJAMOS UNA LEY INCLUYENTE PARA NIÑAS Y NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES
Esta última semana de septiembre 2014 se está tratando en ‘fast track’ en el Senado una ley sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Nuevamente tiene muchos huecos en el tema de discapacidad:
La experta Katia D’Artigues nos pide sumarnos a la exigencia por la verdadera inclusión que debe estar escrita en la ley.
¿Qué falta? Mucho, pero nos decidimos enfocar en 7 puntos que SI O SI debemos exigir al gobierno:
1) UN CENSO
Hoy no se sabe ni cuántos son, ni que necesidades requieren las niñas, niños y adolescenets con capacidades diferentes.
2) REHABILITACIÓN
Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos
3) EDUCACION
Garantizar la real inclusión en todo el sistema educativo en base a ajustes, accesibilidad y capacitación
4) ALBERGUES Y REFUGIOS
Que todos los centros de asistencia sean accesibles desde el punto de vista de la infraestructura en sus instalaciones hasta del personal para recibir a Todos los niños.
5) GARANTIAS A LOS PADRES Y MADRES CON DISCAPACIDAD
Que no sea motive de separación, restringir la convivencia o pérdida de derechos de patria potestad la discapacidad, sin importar el grado de la misma tanto de los padres,madres familiares o de las niñas, niños con y sin discapacidad.
6) MEDIOS
Mayor información de temas de discapacidad, inversión en campañas formativas efectivas.
7) PRESUNCION DE DISCAPACIDAD
Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad.
SÚMATE AL DEBATE, RT, FB, VAMOS A HACERLO VISIBLE.
¿Y [email protected] niñ@s de Michoacán?
Por Lydia Cacho
Unas cuantas preguntas y reflexiones sobre el caso de La gran familia, el hospicio-escuela de Mamá Rosa:
¿Las niñas y niños del hospicio de Rosa Verduzco están siendo entrevistados asegurando su integridad psicoemocional y física?
¿Cuántos de estos casos de violencia se dieron entre jovenes y niños albergados? bullying, violencia sexual y otros malos tratos típicos en campos de refugiados, en albergues hacinados y en el propio DIF.
Si el DIF de Michoacán tiene capacidad para atender adecuadamente a estos casi 500 niños, niñas y jovenes ¿por qué no lo hizo antes y los enviaron siempre con Rosa?
¿Están trabajando de la mano del los juzgados y el tutelar de menores que envió con Rosa a tantos chicos acostumbrados a delinquir, porque no sabían qué hacer con ellos? ¿será porque las autoridades mexicanas siguen sin entender la importancia de la verdadera educación y la reinserción social?
Si organizaciones civiles de protección a la infancia habían detectado que Mamá Rosa era “una generala maltratadora” desde 1984 (como revela un comunicado) ¿por qué esperaron treinta años para salir a decirlo a la prensa y a la autoridad? debieron anteponer la seguridad de niños, niñas y jovenes a cualquier otra cosa.
¿Dónde estaba la autoridad municipal cuando detectaron toneladas de basura en la entrada del albergue? las versiones dicen que eso sucede desde hace años ¿es cierto? y la autoridad sanitaria ¿no debía de haber intervenido para prevenir la peste que nos revelan ahora?
¿Qué va a suceder con cada uno de esos niños, niñas y jóvenes? Porque esta tragedia de violencia y maltrato no puede quedar en un escándalo.
¿Cuantás víctimas hay entre los 500 niños y niñas “rescatados”? algunas versiones oficiales dicen que son 12 otras que son 16 ¿ y las y los otros? Porque este suceso nos debe hacer entender de una vez por todas que les abandonó la autoridad, la sociedad, sus padres y madres y, claramente, también Rosa quedó rebasada.
¿Cuantas tragedias de esta naturaleza debemos enfrentar para entender que aunque la autoridad invente nuevas reglas para los albergues, hospicios y guarderías, nada cambiará si las políticas públicas no abaten la pobreza y no se implementan políticas contra la violencia intrafamiliar respaldadas con presupuestos y trabajo especializado?
¿No es este caso el mejor ejemplo de la ineficacia del DIF? esta es una oportunidad para replantear la existencia de esa institución y crear una que en verdad entienda de provención, de educación para la paz y de integración social.
Ciertamente el trabajo caritativo no tiene cabida cuando lo que se necesita es la intervención de desarrollo y justciia social especializada, con expertas y expertos en trabajo multidisciplinario (lo he escrito en todos mis libros, en especial insisto en ello en Con mi [email protected] no: manual para prevenir, atender y sanar el abuso sexual infantil y en Demonios del edén). Pero dicho lo anterior, aquí estamos frente a una mujer que asumió la tarea de “adoptar” a más de seis mil niños, niñas y jovenes abandonados como indeseables, como intocables, por una sociedad y una autoridad incapaces de buscarles alternativas de vida. Su escuela fue impresionante, miles de vidas cambiaron ¿se borra el pasado por los sucesos recientes? no lo creo. Se reconoce la historia y ahora se revela la realidad; se intenta comprender qué sucedió; se deben perseguir los delitos y asumir las responsabilidades.
Este caso ha generado de todo: un operativo a todas luces excesivo; ha producido sorpresa, angustia, desesperación, indignación, rabia, enojo, tristeza, desesperanza. Ha desatado una quema de brujas, una oleada de mentiras, injurias, insultos, polarización entre quienes quieren entender y quienes creen entenderlo todo. También ha desatado solidaridad y búsqueda de la verdad.
Escribí mi primer texto en Sinembargo.mx cuando apenas Murillo Karam señaló a Rosa Verduzco sin mostrar una sola evidencia y sin permitir acceso a la prensa. Así es el periodismo, se escribe de lo que se conoce y conforme suceden los hechos; así los medios publican los textos. Pasados los días, luego de escuchar los desgarradores testimonios de los niños, entiendo que desde hace tiempo Rosa ya era incapaz de asumir la tarea; a los 80 años nadie debería de seguir en una labor tan dura como la de intentar sacar del infierno de la violencia a cientos de niños y niñas. Algunas personas creemos que el horror habitó su hogar durante tantas décadas que es claro que no pudo mirar lo que estaba adentro. Pero ya las voces de los niños y niñas nos dirán en los días por venir si Rosa estaba consciente de los hechos, si era parte del problema. Si ella, ante la incapacidad de abatir tanta violencia, se convirtió en verdad en una maltratadora también. De ser cierto que ella sabía ¿qué nos queda? Tal vez comprender el hecho de que atender a las víctimas de violencia durante tanto tiempo, en un contexto de tanta impunidad, de tanta injusticia, de tanta indefensión individual y colectiva, puede enfermar y contagiar a cualquiera. Qué terrible lección.
A tan corta edad esos niños, niñas y jovenes antes de llegar al hospicio ya habían vivido abandono, malos tratos, desamor y todo tipo de violencias. Han presenciado la muerte en las calles, han sido abusados en múltiples formas; su historia es la historia de un país que salta de escándalo en escándalo sin aprender las lecciones. Las investigaciones sin duda deberán señalar a todos, a todos, los responsables de los malos tratos y violencia que han vivido esos niños y niñas, pero no bastará con unos cuantos abusadores en la cárcel; la verdadera justicia se hará cuando estemos seguras de que estos más de quinientos chicos y chicas han sido atendidos con terapias especializadas en psicotrauma y se avisroa un futuro mejor para ellos. Cuando sepamos que quienes les atienden comprendan cada historia de vida (porque no es igual atender a un niño que fue golpeado por otros chicos, que a uno que fue violado por su profesor, a una violada y embarazada por su maestro, o a uno que ha matado a otros niños y luego de estar en una correccional terminó viviendo en un hospicio como este). Porque como en una suerte de dolorosa metáfora La gran familia, ese hospicio alguna vez ejemplar, quedó devastada por la violencia que intentó erradicar, paliar y sanar originalmente. Pero la verdadera justicia se hará cuando la sociedad mexicana sea capaz de proteger, escuchar, acompañar, educar, dar de comer sanamente a todos sus niños, niñas y jovenes.
Y lo sabemos: si se demuestra que Rosa no les maltrataba y a su avanzada edad no estuvo consciente de la violencia al interior de su hospicio-escuela, ya la autoridad y una parte de la sociedad han destruido su nombre y una historia que durante largos años estuvo llena de luz, de esperanza, de arte y cultura. Con este caso pierden en primer lugar las niñas, los niños y jóvenes, pierde Rosa y la sociedad michoacana, pero perdemos todas, todos por no ser capaces de comprender las lecciones después de tantos casos similares, por no ser capaces de cambiar la narrativa y la respuesta sobre los orígenes, las causas y consecuencias de la violencia.
Peña Nieto no es nada
Lydia Cacho
No me rasgo las vestiduras porque Peña Nieto lleguó al poder. Ya el PRI nos tenía bajo su control. Somos 20 de 32 entidades gobernadas por el PRI; y quien vive fuera del Distrito Federal sabe de qué hablo. Quien haya votado por el PRI creyendo que mejorará algo, tendrá una gran decepción.
Hace 26 años salí del Distrito Federal para vivir en Quintana Roo y se a ciencia cierta que más que vivir en las “provincias” sometidas al gobierno federal, vivimos en pequeñas naciones autónomas, en las que los gobernantes y sus diputados federales hace y deshacen a su antojo. En los congresos locales es prácticamente imposible encontrar congruencia entre los colores y nombres de partidos de quienes legislan y su visión del mundo. Lo mismo hallamos perredistas ultraconservadores, que panistas progres y priístas indefinidos. Se legisla con acuerdos bajo la mesa, sin visión de futuro y las diferencias con los gobernadores no las hacen los principios y valores sino los cochupos, prebendas y venganzas.
Para las y los intelectuales que viven en sus escritorios del D.F es fácil opinar sobre federalización, para quienes vivimos cada día bajo esta suerte de feudos debilitantes de la democracia ciudadana las cosas son diferentes…
En Chihuahua César Duarte Járquez, casi de manera idéntica que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, firmó todos los convenios posibles con el presidente Calderón sin que se haya notado un cambio sustancial en beneficio de la sociedad. La Marina que se encarga de proteger zonas del estado, no confía ni en Duarte ni en su gabinete. El poder en manos de los dos duartes no ha servido sino para perseguir a las y los defensores de derechos humanos y a las y los periodistas que son críticos de su administración. Como el resto de los gobernadores de ese partido, ambos han cooptado a algunos medios a través de la publicidad oficial y a los otros medios libres los mantienen bajo serias presiones, amenazas y descrédito constante. El empresariado se siente inseguro y agotado de la autodefensa.
En Coahuila Rubén Moreira, quien como diputado local hiciera de operador de la familia, no solamente fue impuesto para encubrir todas las corruptelas de su hermano Humberto; además su incapacidad para gobernar está dejando en una gran indefensión a la sociedad, con un estado endeudado y una credibilidad prácticamente nula, los cárteles no negocian con él sino con sus jefes policíacos y con los voceros de Humberto.
En Michoacan Fausto Vallejo administra solamente el Palacio de Gobierno y su casa, el resto de la entidad está tomado por los cárteles. La siembra de amapola y mariguana en Michoacán crece de manera significativa. El Cártel de La Familia mantiene el control de comunidades enteras y cientos de escuelas; con su visión esquizoide de una supuesta ética criminal, mantiene comunicación directa con el gobierno estatal a través de alcaldes y empresarios que conforman las redes de la economía criminal del estado. En últimas fechas el gobernador Vallejo reconoció que es la propia sociedad quien se defiende sola con armas propias en la sierra, dijo “están en una lucha, asumiendo una responsabilidad frente a la delincuencia organizada, porque para nosotros (el gobierno) es muy difícil vigilar la sierra”.
En Nuevo León Rodrigo Medina fue Secretario Técnico del Comité de Inteligencia y Seguridad y, posteriormente, Secretario General de Gobierno bajo el mandato de Natividad González Parás, cuyas negociaciones con la delincuencia organizada no hicieron sino dejar en gran indefensión a la sociedad neoleonesa. Nunca había habido tanta trata de personas en ese estado como bajo su mandato. Medina no ha movido un dedo para erradicar a las mafias de tratantes en las que familiares del ex gobernador González están implicadas. Fuentes cercanas dicen que sufre de insomnio y de depresión; su familia vive en El paso y él gobierna la mitad del tiempo desde Texas. Vive indignado ante los medios que lo investigan y evidencian, su gobierno está paralizado por la corrupción heredada y su monumental ineficacia. Su cuerpo policíaco “Fuerza Civil de Nuevo León” opera discrecionalmente, como pudo demostrarse en el arresto ilegal de la periodista Sanjuana Martínez. Grupos empresariales y su propio partido planean ya su dimisión.
Egidio Torre Cantú en Tamaulipas aceptó al candidatura luego de que la delincuencia organizada asesinara a su hermano Rodolfo, candidato oficial. Opera y administra para el PRI un estado gobernado enteramente por el Cartel del Golfo. Los medios y la sociedad civil se protegen solos. Por su parte Jorge Herrera en Durango vive paralizado. Entre los operativos de los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el de Juárez, la sociedad vive en el desamparo. Su gobierno ha imposibilitado la transparencia y rendición de cuentas a pesar de las fuertes presiones del empresariado, la sociedad civil y académica.
En la tierra de Beatriz Paredes, Tlaxcala, el priísta Mariano González está registrado desde 2009 como miembro adherente del PAN, sin embargo ni sus alianzas con panistas le han ayudado para gobernar. En su estado ha incrementado tres veces la trata de mujeres y niñas indígenas, de la mano de la pobreza y al corrupción. Según Transparencia Mexicana la corrupción de la burocracia tlaxcalteca está por encima de la media nacional. Es escondite de narcos que trabajan entre Puebla y Veracruz.
Roberto Borge en Quintana Roo mantiene atemorizada a toda la burocracia, entre amenazas y despidos para quien le contradiga incluyendo priístas connotados. Ha perseguido a los periodistas que no se someten; invierte sumas millonarias en el control de medios y logró que el estado se convirtiera en el menos transparente del país. Los cárteles operan libremente y su consigna para silenciar las acciones de la delincuencia organizada no ha hecho sino empoderar a los que operan en el Estado: el Golfo y los Zetas. (Fue una sorpresa que en las pasadas elecciones AMLO ganara aquí por 9 puntos a EPN). Borge ahora manipula las elecciones del 2013 con el consejo y el tribunal estatal electoral, de la mano d elos diarios principales arrodillandos ante él.
No puedo decir que los gobernadores del PAN y el PRD lo hayan hecho mejor; por eso después del 1 de julio millones de personas volvimos a nuestro trabajo y activismo; porque sabíamos que el país no cambiaría mucho del sexenio anterior al que viene. Las discusiones sobre las elecciones, para millones como yo, ya han pasado al ámbito filosófico y de desahogo terapéutico.
El futuro nos pisa la sombra. Nuestras batallas siguen siendo las mismas: otros seis años para cambiar las reglas del futuro, para defender, bajo amenaza, a la prensa libre, para evitar los oprobios del poder, para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal. Más tiempo para cuidar nuestra integridad sin negociar nuestros principios; para construir un país que deje de creer que las elecciones cambian nuestras vidas. Para proteger a nuestras familias de la violencia y la corrupción. Para lograr que, eventualmente, nuestro trabajo cotidiano transforme los procesos electorales y más allá de ellos se fortalezca la ciudadanía.
@lydiacachosi
WE ARE BRADLEY MANNING
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Manning will surely pay with many years—perhaps his entire life—in prison. But we too will pay. The war against Bradley Manning is a war against us all.
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I was in a military courtroom at Fort Meade in Maryland on Thursday as Pfc. Bradley Manning admitted giving classified government documents to WikiLeaks. The hundreds of thousands of leaked documents exposed U.S. war crimes in Iraq and Afghanistan as well as government misconduct. A statement that Manning made to the court was a powerful and moving treatise on the importance of placing conscience above personal safety, the necessity of sacrificing careers and liberty for the public good, and the moral imperative of carrying out acts of defiance. Manning will surely pay with many years–perhaps his entire life–in prison. But we too will pay. The war against Bradley Manning is a war against us all.
This trial is not simply the prosecution of a 25-year-old soldier who had the temerity to report to the outside world the indiscriminate slaughter, war crimes, torture and abuse that are carried out by our government and our occupation forces in Iraq and Afghanistan. It is a concerted effort by the security and surveillance state to extinguish what is left of a free press, one that has the constitutional right to expose crimes by those in power. The lonely individuals who take personal risks so that the public can know the truth–the Daniel Ellsbergs, the Ron Ridenhours, the Deep Throats and the Bradley Mannings–are from now on to be charged with “aiding the enemy.” All those within the system who publicly reveal facts that challenge the official narrative will be imprisoned, as was John Kiriakou, the former CIA analyst who for exposing the U.S. government’s use of torture began serving a 30-month prison term the day Manning read his statement. There is a word for states that create these kinds of information vacuums: totalitarian. The cowardice of The New York Times, El Pais, Der Spiegel and Le Monde, all of which used masses of the material Manning passed on to WikiLeaks and then callously turned their backs on him, is one of journalism’s greatest shames. These publications made little effort to cover Manning’s pretrial hearings, a failure that shows how bankrupt and anemic the commercial press has become. Rescuing what honor of our trade remains has been left to a handful of independent, often marginalized reporters and a small number of other individuals and groups–including Glenn Greenwald, Alexa O’Brien, Nathan Fuller, Kevin Gosztola (who writes for Firedog Lake), the Bradley Manning Support Network, political activist Kevin Zeese and the courtroom sketch artist Clark Stoeckley, along with The Guardian, which also published the WikiLeaks documents. But if our domesticated press institutions believe that by refusing to defend or report on Manning they will escape the wrath of the security and surveillance state, they are stunningly naive. This is a war that is being played for keeps. And the goal of the state is not simply to send Manning away for life. The state is also determined to extradite WikiLeaks founder Julian Assange and try him in the United States on espionage or conspiracy charges. The state hopes to cement into place systems of information that will do little more than parrot official propaganda. This is why those with the computer skills to expose the power elite’s secrets, such as Aaron Swartz, who committed suicide in January, and Jeremy Hammond, who is facing up to 30 years in prison for allegedly hacking into the corporate security firm Stratfor, have been or are being ruthlessly hunted down and persecuted. It is why Vice President Joe Biden labeled Assange a “high-tech terrorist,” and it is why the Bradley Manning trial is one of the most important in American history. The government has decided to press ahead with all 22 charges, including aiding the enemy (Article 104), stealing U.S. government property (18 USC 641), espionage (18 USC 793(e)) and computer crimes (18 USC 1030(a)(1))–the last notwithstanding the fact that Manning did not hack into government computers. The state will also prosecute him on charges of violating lawful general regulations (Article 92). The government has refused to settle for Manning’s admission of guilt on nine lesser offenses. Among these lesser offenses are unauthorized possession and willful communication of the video known as “Collateral Murder”; the Iraq War Logs; the Afghan War Diary; two CIA Red Cell Memos, including one entitled “Afghanistan: Sustaining West European Support for the NATO-Led Mission–Why Counting on Apathy Might Not Be Enough”; Guantanamo files; documents of a so-called Article 15-6 investigation into the May 2009 Garani massacre in Afghanistan’s Farah province; and a Department of Defense counterintelligence report, “WikiLeaks.org–An Online Reference to Foreign Intelligence Services, Insurgents, or Terrorist Groups?” as well as one violation of a lawful general order by wrongfully storing information. Manning’s leaks, the government insists, are tantamount to support for al-Qaida and international terrorism. The government will attempt to prove this point by bringing into court an anonymous witness who most likely took part in the raid on Osama bin Laden’s compound in Pakistan. This witness will reportedly tell the court that copies of the leaked documents were found on bin Laden’s computer and assisted al-Qaida. This is an utterly spurious form of prosecution–as if any of us have control over the information we provide to the public and how it is used. Manning, for substantial amounts of money, could have sold the documents to governments or groups that are defined as the enemy. Instead he approached The Washington Post and The New York Times. When these newspapers rejected him, he sent the material anonymously to WikiLeaks. The short, slightly built Manning told the military court Thursday about the emotional conflict he experienced when he matched what he knew about the war with the official version of the war. He said he became deeply disturbed while watching a video taken from an Apache helicopter as it and another such craft joined in an attack on civilians in Baghdad in 2007. The banter among the crew members, who treated the murder and wounding of the terrified human beings, including children, in the street below as sport, revolted him. Among the dead was Reuters photojournalist Namir Noor-Eldeen and his driver, Saeed Chmagh. Reuters had repeatedly asked to see the video, and the Army had repeatedly refused to release it. [Click here to see the “Collateral Murder” video.] “Using Google I searched for the event by its date and general location,” Manning said in reading from a 35-page document that took nearly an hour to deliver. “I found several new accounts involving two Reuters employees who were killed during the aerial weapon team engagement. Another story explained that Reuters had requested a copy of the video under the Freedom of Information Act, or FOIA. Reuters wanted to view the video in order to be able to understand what had happened and to improve their safety practices in combat zones. A spokesperson for Reuters was quoted saying that the video might help avoid the reoccurrence of the tragedy and believed there was compelling need for the immediate release of the video.” [Alexa O’Brien, another journalist who attended Thursday’s proceedings, has provided a full transcript of Manning’s statement: Click here.] “Despite the submission of the FOIA request, the news account explained that CENTCOM [Central Command] replied to Reuters stating that they could not give a time frame for considering a FOIA request and that the video might no longer exist,” Manning said. “Another story I found written a year later said that even though Reuters was still pursuing their request [the news organization] still did not receive a formal response or written determination in accordance with FOIA. The fact neither CENTCOM or Multi National Forces Iraq, or MNF-I, would not voluntarily release the video troubled me further. It was clear to me that the event happened because the aerial weapons team mistakenly identified Reuters employees as a potential threat and that the people in the bongo truck [van] were merely attempting to assist the wounded. The people in the van were not a threat but merely ‘good Samaritans.’ The most alarming aspect of the video to me, however, was the seemly delightful bloodlust they [the helicopter crew members] appeared to have. “They dehumanized the individuals they were engaging and seemed to not value human life by referring to them as quote ‘dead bastards’ unquote and congratulating each other on the ability to kill in large numbers,” Manning said, speaking into a court microphone while seated at the defense table. “At one point in the video there is an individual on the ground attempting to crawl to safety. The individual is seriously wounded. Instead of calling for medical attention to the location, one of the aerial weapons team crew members verbally asks for the wounded person to pick up a weapon so that he can have a reason to engage. For me, this seems similar to a child torturing ants with a magnifying glass. “While saddened by the aerial weapons team crew’s lack of concern about human life, I was disturbed by the response of the discovery of injured children at the scene. In the video, you can see the bongo truck driving up to assist the wounded individual. In response the aerial weapons team crew–as soon as the individuals are a threat, they repeatedly request authorization to fire on the bongo truck and once granted they engage the vehicle at least six times. Shortly after the second engagement, a mechanized infantry unit arrives at the scene. Within minutes, the aerial weapons team crew learns that children were in the van, and despite the injuries the crew exhibits no remorse. Instead, they downplay the significance of their actions, saying quote ‘Well, it’s their fault for bringing their kids into a battle’ unquote. “The aerial weapons team crew members sound like they lack sympathy for the children or the parents. Later in a particularly disturbing manner, the aerial weapons team verbalizes enjoyment at the sight of one of the ground vehicles driving over a body–or one of the bodies. As I continued my research, I found an article discussing the book ‘The Good Soldiers,’ written by Washington Post writer David Finkel. In Mr. Finkel’s book, he writes about the aerial weapons team attack. As I read an online excerpt in Google Books, I followed Mr. Finkel’s account of the event belonging to the video. I quickly realize that Mr. Finkel was quoting, I feel in verbatim, the audio communications of the aerial weapons team crew. It is clear to me that Mr. Finkel obtained access and a copy of the video during his tenure as an embedded journalist. I was aghast at Mr. Finkel’s portrayal of the incident. Reading his account, one would believe the engagement was somehow justified as ‘payback’ for an earlier attack that led to the death of a soldier. Mr. Finkel ends his account of the engagement by discussing how a soldier finds an individual still alive from the attack. He writes that the soldier finds him and sees him gesture with his two forefingers together, a common method in the Middle East to communicate that they are friendly. However, instead of assisting him, the soldier makes an obscene gesture extending his middle finger. The individual apparently dies shortly thereafter. Reading this, I can only think of how this person was simply trying to help others, and then he quickly finds he needs help as well. To make matters worse, in the last moments of his life he continues to express his friendly gesture–his friendly intent–only to find himself receiving this well known gesture of unfriendliness. For me it’s all a big mess, and I am left wondering what these things mean, and how it all fits together. It burdens me emotionally. … “I hoped that the public would be as alarmed as me about the conduct of the aerial weapons team crew members. I wanted the American public to know that not everyone in Iraq and Afghanistan are targets that needed to be neutralized, but rather people who were struggling to live in the pressure cooker environment of what we call asymmetric warfare. After the release I was encouraged by the response in the media and general public who observed the aerial weapons team video. As I hoped, others were just as troubled–if not more troubled than me by what they saw.” Manning provided to the public the most important window into the inner workings of imperial power since the release of the Pentagon Papers. The routine use of torture, the detention of Iraqis who were innocent, the inhuman conditions within our secret detention facilities, the use of State Department officials as spies in the United Nations, the collusion with corporations to keep wages low in developing countries such as Haiti, and specific war crimes such as the missile strike on a house that killed seven children in Afghanistan would have remained hidden without Manning. “I felt that we were risking so much for people that seemed unwilling to cooperate with us, leading to frustration and anger on both sides,” Manning said. “I began to become depressed with the situation that we found ourselves increasingly mired in year after year. The SigActs [significant-acts reports of the Army] documented this in great detail and provide a context of what we were seeing on the ground. “In attempting to conduct counterterrorism, or CT, and counterinsurgency, COIN, operations we became obsessed with capturing and killing human targets on lists and being suspicious of and avoiding cooperation with our host nation partners, and ignoring the second- and third-order effects of accomplishing short-term goals and missions. I believe that if the general public, especially the American public, had access to the information contained within the CIDNE-I and CIDNE-A tables [a reference to military information] this could spark a domestic debate on the role of the military and our foreign policy in general as it related to Iraq and Afghanistan. “I also believed the detailed analysis of the data over a long period of time by different sectors of society might cause society to re-evaluate the need or even the desire to engage in counterterrorism and counterinsurgency operations that ignore the complex dynamics of the people living in the affected environment every day.” It is certain that with this “naked” plea Manning will serve perhaps as much as 20 years in prison. The judge, Col. Denise Lind, who will determine Manning’s sentence, warned him that the government could use his admissions to build a case for the more serious charges. Manning faces 90 years if he is convicted on the greater charge of espionage, and he faces life if convicted of aiding the enemy. Military prosecutors have made it clear they are out for blood. They said they will call 141 witnesses, including 15 who will charge that Manning caused harm to national interests; 33 witnesses, the government claims, will discuss information so sensitive or secret that it will require closed court sessions. Four witnesses–including, it appears, a Navy SEAL involved in the bin Laden raid–will give testimony anonymously. Army Maj. Ashden Fein, the lead prosecution attorney, has told the court that the government witnesses will discuss issues such as “injury and death to individuals” that resulted from the WikiLeaks disclosures, as well as how the “capability of the enemy increased in certain countries.” The government is preventing Manning’s defense team from interviewing some of the witnesses before the trial. When he was secretary of defense, Robert Gates said a Defense Department review determined that the publication of the Iraq War Logs and the Afghan War Diary had “not revealed any sensitive intelligence sources and methods.” In the trial, however, the government must prove only that the “disclosure could be potentially damaging to the United States” and need only provide “independent proof of at least potential harm to the national security” beyond mere security classification, writes law professor Geoffrey Stone. The government reviews determined that the release of Department of State “diplomatic cables caused only limited damage to U.S. interests abroad despite the Obama administration’s public statements to the contrary,” according to Reuters. “We were told the impact [of WikiLeaks revelations] was embarrassing but not damaging,” a congressional official, briefed by the State Department, told Reuters. The “Obama administration felt compelled to say publicly that the revelations had seriously damaged American interests in order to bolster legal efforts to shut down the WikiLeaks website and bring charges against the leakers,” the official told the news outlet. Government prosecutors, strengthening their case further, have succeeded in blocking Manning’s lawyers from presenting evidence about the lack of real damage caused to U.S. interests by the leaks. Manning has done what anyone with a conscience should have done. In the courtroom he exhibited–especially given the prolonged abuse he suffered during his thousand days inside the military prison system–poise, intelligence and dignity. He appealed to the best within us. And this is why the government fears him. America still produces heroes, some in uniform. But now we lock them up. The court has not yet issued an official text of Bradley Manning’s statement. Thanks to Alexa O’Brien for providing a transcript. |
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