Rescatada de un secuestro

La joven de 15 años conoció por Facebook a un supuesto joven que deseaba hacerse su amigo. Luego de un par de meses de ciberamistad, él le propuso que se encontraran en la estación de autobuses. Ella no le dijo a nadie lo que haría; al llegar a la cita, tres sujetos en una camioneta la levantaron y ella logró enviar a su hermano un mensaje de su celular. Éste, a su vez, pidió ayuda a una organización civil que defiende mujeres. La búsqueda desesperada comenzó. Un nuevo mensaje del celular advirtiendo que había tomado carretera hacia Tulum inspiró al hermano a leer el correo y las cuentas de redes sociales de su hermana; localizaron la identidad de uno de los secuestradores.

 

Las abogadas de la asociación acudieron con el hermano a la Fiscalía para Delitos Sexuales y Trata de Personas de Cancún, a la cual solamente han sido asignados y capacitados dos policías judiciales en el tema de trata para fines de explotación sexual comercial. Unas horas después, la adolescente fue rescatada por la Procuraduría y está de vuelta con su familia.

 

El Ministerio Público, el policía, la fiscal, la familia de la víctima y las abogadas tienen algo en común: la preocupación de que a pesar de existir una ley contra la trata de personas, de tener detenidos a los hombres que se llevaron a la joven, de contar con un móvil delictivo, no logren detener y desactivar de manera efectiva a esta red de tratantes de adolescentes.

 

Tienen mucho en su contra: un sistema penal obsoleto, la corrupción de otros miembros de la Procuraduría y el poder de las mafias, la falta de capacitación de ministerios públicos para documentar adecuadamente los delitos, y la falta de conocimiento de la nueva ley por parte de los jueces locales. Sin embargo, esos policías, esa fiscal, ese Ministerio Público y esas abogadas seguirán insistiendo en que éste y otros casos similares se persigan. Lo harán, en sus propias palabras, porque “así se construye el estado de derecho”, porque “salvar la vida e integridad de una persona concreta es lo más importante”; porque “vamos creando cultura de legalidad y capacitándonos para cuando ya esté en efecto la reforma de justicia penal y tengamos un sistema penal acusatorio en lugar de este que es inquisitivo y de probada inoperancia”, “porque debemos demostrar que hay policías no corruptos que van contra la impunidad, sin abuso de poder”.

 

Después de tantos años como reportera, debo confesar que hace tiempo no me sentía tan inspirada por un grupo tan lleno de convicciones; sin gran presupuesto, con exceso de trabajo y en apariencia con todo en contra, dos policías, una fiscal, una abogada que trabaja sin fines de lucro y un hermano valiente que no se resignó ante el destino trágico, no solamente salvaron una vida, lo hicieron con legalidad y practicando para un futuro posible donde imperen la ley, la seguridad y la justicia. Cada una de las personas involucradas en esta historia afortunada está cambiando al país. Nos recuerdan que nada evoluciona por sí solo, que las transformaciones son procesos a veces lentos y accidentados, pero siempre posibles cuando hay congruencia y honestidad.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/87663.html

Enamórala y véndela

Un Camaro amarillo se detiene frente a una pequeña zapatería. Se abre la puerta del conductor y de ella sale una bota vaquera puntiaguda; a intolerables decibeles resuena un reggaeton; el hombre de 24 años con mechas desteñidas baja del auto. Con la soberbia de un rey, da la vuelta, abre la puerta y sale de ella una joven de 16 años; morena delgada, de cara lavada, con minifalda escolar a cuadros rojiazules, blusa blanca, calcetas y zapatos negros de goma. Es una novata, dicen los vecinos, la trajo de Cholula. Ellos saben que el güero le va a comprar zapatos y ropa de “mujer” para comenzar la transformación.

 

En Tlaxcala, estado vecino con Puebla, se generalizó hace poco más de una década una tradición de ritual masculino que toda la sociedad avala, desde Tenancingo, pasando por Acuamanala, Papalotla, San Luis Teolocholco, San Pablo, Ayometla, Xicohtzinco y otros pueblos. Familias enteras viven de la explotación sexual de jovencitas. Los tratantes han sido entrenados para enamorar a adolescentes, establecer noviazgos ficticios, conocer a la familia y llevárselas para prostituirlas. Madres, abuelas, tíos y hermanos viven hasta por cinco años del producto de la explotación de una, dos o tres “novias” o esposas de los Tenancingos. Padrotes, tratantes, lenones, orgullosos de su capacidad para engañar, seducir y transformar cada año a miles de niñas y adolescentes en mujeres entrenadas para esclavas.

 

El caso más famoso de Tlaxcala fue el de la familia Carreto que purga una pena en Estados Unidos por haber llevado jovencitas como esposas de jóvenes tlaxcaltecas a burdeles caseros de Nueva York. Y hace una semana un joven detenido por la SIEDO, con naturalidad y orgullo explicó cómo fue educado para ser padrote.

 

“Mientras no sea mi hija, a mí qué me importa”, dijo doña Anselma, mientras investigaba la cultura lenona para mi libro sobre trata de mujeres. Todo el pueblo reconoce a los padrotes. Autos deportivos, cabello puntiagudo y embadurnado de cera. Música a todo volumen, cadenas de oro y relojes voluminosos, todo producto de la explotación de las mujeres.

 

“No hay agricultura, no hay escuela, no hay trabajo… y pu’s hay mujeres y si uno las puede vender, pu’s las vende, es lo que hay”. Dice sonriente un anciano ex lenón afuera de una cantina.

 

Las respuestas me recuerdan los primeros brotes de normalización de la narcocultura. Las camionetas, la indumentaria y todo lo que daba sentido a la identidad narca en Sinaloa, Juárez y Tijuana. Luego llegaron la música y las películas que los hicieron parecer héroes omnipresentes, cuyo discurso normalizaba una economía emergente en la que los campesinos sin tierra obtenían trabajo gracias a la siembra de mariguana y amapola. Ahora la cultura del tratante está documentada en Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Chiapas y Veracruz.

 

Si la sociedad no reacciona ahora mismo, no habrá suficientes cárceles para los tratantes ni refugios para sus víctimas en todo México. Algo tendríamos que hacer. Habría que alertar a estudiantes y maestros de estas zonas para comenzar a transformar estos patrones en sus comunidades, desde la educación de la equidad hasta la reactivación económica con el empresariado y el Estado. La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha hecho estudios y programas de prevención, unirse a ese esfuerzo puede cambiar al país. Ahora es cuando.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86611.html

Prisión sin condena

Sólo pasé unas horas en la cárcel en diciembre del 2005. Las historias que escuché comenzaban con “nunca pensé que me sucedería a mí”. Llevaban años sin juicio por robo de dos latas de leche para bebé o presa por ayudar a las sindicalizadas de la maquiladora, o por haber perdido a su bebé. Entre mi miedo y su miedo a ser devoradas en la oscuridad del encierro por un sistema penal corrupto e ineficaz, ninguna de nosotras, hasta ese día, habíamos pensado en lo que significa la prisión preventiva en México, es decir, la prisión sin condena.

 

“Hasta que te toca entiendes”, me dijo un fiscal durante el año en que firmaba semanalmente mi libertad condicional. Yo tenía abogadas y mi caso no pudo ocultarse porque estaba relacionado con una denuncia periodística, pero hay en el mundo tres millones de personas indefensas en prisión preventiva; por ello pasan el resto de sus vidas entre ministerios públicos ineficaces, abogados abusivos y jueces ineficientes o corruptos.

 

Una estudiante universitaria me preguntó cómo evitar incurrir en la corrupción cuando un policía amenaza con meterte a prisión por una falta menor. No es fácil, el impulso de proteger nuestra libertad es muy poderoso, sobre todo en un país en que la aplicación de la ley es tan arbitraria y abusa del ambiguo concepto de prisión preventiva, o sin condena.

 

Gracias al libro Prisión sin condena (Ed. Debate), coordinado por el reconocido periodista Marco Lara Klahr, dimensionamos la magnitud del problema: “La prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque les da el mismo trato a los culpables y a los inocentes. Además, la indefensión que acarrea la prisión preventiva, favorece la impunidad, agrava la inseguridad pública y tiene un alto costo económico”. Por desgracia, los argumentos de quienes conducen la guerra contra el narco nos han hecho creer que es mejor que haya muchos inocentes encarcelados que unos cuantos culpables peligrosos libres.

 

Este magnífico libro nos ayuda a entender, con historias reales y cifras concretas, por qué es que casi toda la sociedad (salvo los poderosos) siente un inquietante desconcierto sobre la manera en que se impone la justicia. Hay más personas que temen que algún día les alcance el brazo de la injusticia que aquellas que le temen al puño de la ley. Por un lado exigimos leyes y penas más severas para secuestradores, pederastas, productores de pornografía infantil o tratantes de personas; por el otro tememos que esas penas se apliquen a inocentes. Aquí el problema es que el 95% de los delitos permiten aplicar prisión preventiva (antes era sólo para delitos graves).

 

El costo económico de la prisión preventiva equivale al 62% del gasto federal en seguridad pública; mantener a miles de personas en el limbo de prisión sin condena nos cuesta 4,890 millones de pesos. Sumado a ello está el costo emocional y familiar, así como los efectos nocivos de que miles de personas sean privadas de su libertad durante años bajo la premisa del Estado mexicano que “no busca quién cometió el delito sino quién lo puede pagar”. Seguir parchando leyes y sistemas resulta inoperante, porque lo que en realidad urge es una transformación integral del sistema de justicia penal, que erradique el uso irracional y excesivo de la prisión preventiva y del arraigo. O esperar a que nos toque.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86500.htmll

Sexo, ética y dinero

No es lo mismo entrevistar a una norteña de 26 años que gana 50 mil pesos mensuales en un prostíbulo VIP, que a una guatemalteca ilegal explotada en Puebla por 300 pesos a la semana. Ni es igual el travesti que controla la calle en Tlalpan con sus redes, que el adolescente gay de Cancún a quien indujeron a las drogas y a ser chichifo para pagarlas. En caso de que se prohibiera la prostitución, las “edecanes, acompañantes o masajistas” que sirven a la clase alta ¿seguirán operando desde las élites y para las élites? Hay quien propone la abolición, que implica mucho trabajo educativo para transformar nuestra visión de la sexualidad, del erotismo y las relaciones entre hombres y mujeres.

 

Legalizar la prostitución, establecer controles sobre quienes la ejercen y erradicar el lenocinio, o determinar jurídica y socialmente que constituye una práctica deshumanizante y debe ser abolida (dando opciones educativas y laborales a las personas). Así se sintetizan las posturas del próximo debate legislativo. El gran reto es entender si en verdad se puede separar la Trata de la prostitución no forzada. Aquí algunos datos y preguntas.

 

El debate académico, que resulta indispensable, debe analizar el creciente poder de las pequeñas y grandes mafias que promueven la mercadotecnia de la sexualidad adolescente como producto de consumo (no como libertad sexual). La demanda de sexo comercial con personas adultas y menores va al alza. Los hombres constituyen el 90% de los clientes y el 70% de líderes de las redes de explotación son varones ¿Asumen su responsabilidad los consumidores o están conscientes de su eventual complicidad? Y los que no consumen ¿donde están? Más de la mitad de las entrenadoras de esclavas sexuales son mujeres que forman parte de colectivos pro-legalización. Hay grupos de mujeres en la industria del sexo que no explotan a otras y se oponen a la Trata, pero han normalizado la violencia inherente.

 

Cada vez más cárteles operan centros nocturnos como negocios de lavado de dinero y tienen interés en que la prostitución persista tal como está. Los tratantes de personas las insertan en la industria del sexo comercial que crea fuentes económicas valiosas cuyos recursos benefician al Estado.

 

Por su parte, los líderes morales de comunidades gay (y TSL) deben revisar sus discursos sobre erotismo, sexualidad, violencia y explotación sexual, ante el creciente mercado sexual de hombres menores.

 

Debatir la Trata y la prostitución no es hablar de sexo, sino de construcciones culturales, relaciones humanas, erotismo, economía, violencia, migración, poder, ética y moral, de sexismo y racismo; de libertad, esclavitud y criminalidad. No hay respuesta fácil, sin embargo urge que este sea un debate informado y realista. En ello va la vida de millones de víctimas.

 

Lydia Cacho
Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86437.html