¡Atrapen al policía!

Los entrenaron en técnicas antisecuestro, les enseñaron a ir con pasamontañas para proteger su identidad, aprendieron estrategias de inteligencia militar para abatir a la delincuencia. Algunos de ellos saben “campanear” líneas telefónicas para hacer escuchas policiacas, otros saben detectar vehículos y personas que transportan drogas, y unos más fueron capacitados en el hackeo para detectar delitos cibernéticos. Ellos son policías municipales, estatales o federales que a lo largo de los últimos cinco años han sido preparados para intentar abatir, como fuera, a la desorbitada delincuencia. Cientos de estos responsables de la seguridad reprobaron los exámenes de control de confianza que incluyen: análisis toxicológicos, sicométricos, polígrafo, de control de confianza, de aptitudes. Es decir, un alto porcentaje consume drogas y se alió a pequeñas o grandes bandas criminales, ya sea al venderles protección o al participar directamente en la comisión de delitos.

 

Son 572 policías sucios en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país. Son 600 judiciales expulsados en el Estado de México y otros tantos en Ciudad Juárez, fueron casi 4 mil elementos los despedidos este año por la Policía Federal. En todo el país, durante 2010, diversas policías se han depurado, dando de baja a casi 20 mil agentes con diversos grados de capacitación, todos ellos con manejo y acceso a armas de fuego y con amistades y redes de apoyo dentro de las corporaciones policiacas. Nadie irá tras ellos.

Si bien el Centro Nacional de Evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una reglamento nuevo y ha implementado un modelo de evaluación policiaca que urgía en México y que resulta útil, queda un cabo suelto que representa un peligro real. La impunidad de la que gozan estos agentes corruptos propicia que el despido de sus corporaciones represente, simplemente, el inicio de una segunda carrera: la delincuencia, pero ahora sin charola.

 

Efectivamente, se ha creado un padrón en donde se certifican sus huellas digitales y se graba su voz para cotejarla con el banco de audios obtenidos de secuestradores y extorsionadores; eso es un logro importante, sin embargo, varias policías municipales siguen contratándolos en otros estados, a pesar del padrón. Las autoridades saben que cientos de los depurados terminarán en las nóminas de los cárteles o las bandas de secuestradores o tratantes de personas. La pregunta es: ¿por qué no se han creado mecanismos para investigar y juzgar adecuadamente a policías corruptos?, ¿por qué ellos simplemente van a la calle por delitos que llevarían a un ciudadano común a prisión?

 

Entre tanta tragedia, algunas cosas muy buenas están sucediendo en México. Hace dos años se aprobó la reforma del sistema de justicia penal, para pasar de un sistema inquisitivo (anacrónico, opaco y estructuralmente injusto) a uno acusatorio en que habrá verdadera transparencia, porque cuenta con mecanismos para llevar a cabo juicios abiertos. Llevará más de seis años implementarlo porque se están construyendo salas para juicios orales y el Inacipe está capacitando a miles de personas. Ciertamente, se están abriendo puertas hacia el progreso del sistema penal, hacia la justicia, pero la pregunta es: ¿cómo harán las autoridades para cerrar las ventanas por las que escapa impunemente este brazo traidor del Estado?

Huérfanos de la guerra

Andrés, de siete años estaba en la sala cuando la policía entró a casa y comenzó la balacera. El único testigo presencial del asesinato del padre, madre y abuela es este pequeño que no puede dormir con la luz apagada y que se orina cada vez que escucha ruidos similares a balazos. Carolina, de cuatro años, se quedó en el kínder esperando a su madre que nunca volvió porque la levantaron y no se investigó cómo o por qué apareció muerta en Ciudad Juárez. Irene, de ocho años, Guadalupe de 11, Ernesto, Carlos, Javier, de seis años, temen jugar a la pelota en las calles de su natal Chihuahua porque “vienen los malos que matan”. Ellos y ellas no saben si los malos que matan son soldados, narcotraficantes, policías o delincuentes comunes. Son, simplemente, adultos.

 

Nueve mil ochocientos. Esta página no alcanza para escribir los nombres de 9 mil 800 criaturas huérfanas por la guerra en el estado más violento del país: Chihuahua. Imagine que en los últimos dos años se desplomaran 80 aviones comerciales y todos los pasajeros fallecieran. Esa es la cantidad de madres, padres o tutores que murieron como producto directo o indirecto de la guerra, sólo en Ciudad Juárez. Eran empleadas, burócratas, policías, narcos, maestras, desempleados, estudiantes o transeúntes en el lugar equivocado. Tras su muerte, quedaron 9 mil 800 menores.

 

Poco a poco las valientes organizaciones civiles de Juárez definen el mapa de la orfandad. Ya César Duarte, gobernador de Chihuahua, ha declarado que su gobierno destinará 100 millones de pesos para asistir a las y los pequeños. La aplicación de estos recursos puede sentar un precedente de lo que debe hacer México por los miles de niños y niñas que la guerra deja detrás de sí, como un daño colateral sin voz ni voto, como testigos de las masacres y el desaliento, de la corrupción o la injusticia. Este no puede ser un típico programa limosnero que entrega dinero a las familias para subsanar gastos de hambre y pobreza. Puede ser, en cambio, un programa multidisciplinario de largo plazo, que asegure becas escolares y alimenticias a las y los pequeños, que les asegure terapias a quienes atestiguaron la muerte; miles de chavales cuya corta vida les ha enseñado a temer, a desconfiar, a odiar. (Ya se propone la creación de escuelas con el modelo Waldorf en Chihuahua y la creación de redes de familias sustitutas, por ejemplo.)

 

Mientras las élites juegan a defender monopolios políticos, mediáticos y telefónicos; aquí, mirándonos a los ojos, está el verdadero rostro de la guerra; miles de niños y niñas que necesitan estructura, afectos, educación y alimentación para edificar una vida digna. Si somos capaces de defender y construir la paz con la misma vehemencia con que se argumenta y defiende la violencia, daremos el primer paso.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86725.html

Prisión sin condena

Sólo pasé unas horas en la cárcel en diciembre del 2005. Las historias que escuché comenzaban con “nunca pensé que me sucedería a mí”. Llevaban años sin juicio por robo de dos latas de leche para bebé o presa por ayudar a las sindicalizadas de la maquiladora, o por haber perdido a su bebé. Entre mi miedo y su miedo a ser devoradas en la oscuridad del encierro por un sistema penal corrupto e ineficaz, ninguna de nosotras, hasta ese día, habíamos pensado en lo que significa la prisión preventiva en México, es decir, la prisión sin condena.

 

“Hasta que te toca entiendes”, me dijo un fiscal durante el año en que firmaba semanalmente mi libertad condicional. Yo tenía abogadas y mi caso no pudo ocultarse porque estaba relacionado con una denuncia periodística, pero hay en el mundo tres millones de personas indefensas en prisión preventiva; por ello pasan el resto de sus vidas entre ministerios públicos ineficaces, abogados abusivos y jueces ineficientes o corruptos.

 

Una estudiante universitaria me preguntó cómo evitar incurrir en la corrupción cuando un policía amenaza con meterte a prisión por una falta menor. No es fácil, el impulso de proteger nuestra libertad es muy poderoso, sobre todo en un país en que la aplicación de la ley es tan arbitraria y abusa del ambiguo concepto de prisión preventiva, o sin condena.

 

Gracias al libro Prisión sin condena (Ed. Debate), coordinado por el reconocido periodista Marco Lara Klahr, dimensionamos la magnitud del problema: “La prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque les da el mismo trato a los culpables y a los inocentes. Además, la indefensión que acarrea la prisión preventiva, favorece la impunidad, agrava la inseguridad pública y tiene un alto costo económico”. Por desgracia, los argumentos de quienes conducen la guerra contra el narco nos han hecho creer que es mejor que haya muchos inocentes encarcelados que unos cuantos culpables peligrosos libres.

 

Este magnífico libro nos ayuda a entender, con historias reales y cifras concretas, por qué es que casi toda la sociedad (salvo los poderosos) siente un inquietante desconcierto sobre la manera en que se impone la justicia. Hay más personas que temen que algún día les alcance el brazo de la injusticia que aquellas que le temen al puño de la ley. Por un lado exigimos leyes y penas más severas para secuestradores, pederastas, productores de pornografía infantil o tratantes de personas; por el otro tememos que esas penas se apliquen a inocentes. Aquí el problema es que el 95% de los delitos permiten aplicar prisión preventiva (antes era sólo para delitos graves).

 

El costo económico de la prisión preventiva equivale al 62% del gasto federal en seguridad pública; mantener a miles de personas en el limbo de prisión sin condena nos cuesta 4,890 millones de pesos. Sumado a ello está el costo emocional y familiar, así como los efectos nocivos de que miles de personas sean privadas de su libertad durante años bajo la premisa del Estado mexicano que “no busca quién cometió el delito sino quién lo puede pagar”. Seguir parchando leyes y sistemas resulta inoperante, porque lo que en realidad urge es una transformación integral del sistema de justicia penal, que erradique el uso irracional y excesivo de la prisión preventiva y del arraigo. O esperar a que nos toque.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86500.htmll

Calderón en el quirófano

Imagine que México es un enfermo y el Presidente es su médico. Supongamos que el doctor Calderón recibe al paciente e inmediatamente lo mete al quirófano para extirpar un tumor que, efectivamente, existe. Abre en canal y explora los órganos: saca un tumor aquí, un quiste allá, mientras el intestino se desangra, decide incursionar en el riñón y el corazón. Otro médico le advierte que hay un cáncer y que esa cirugía no se debió llevar a cabo sin un buen oncólogo y previo diagnóstico y pruebas de un equipo multidisciplinario especializado. Pero no escucha.

 

Otros médicos le advierten que puede causar una metástasis (que el cáncer se disemine a todos los órganos) y el médico comienza a gritar que ya no hay vuelta atrás, ya abrieron y ahora hay que seguirle.

 

Elige a tres colegas que pretenden saberlo todo y se dedican a tareas que no necesariamente les corresponden. Todos desconfían de todos y cada uno lleva a cabo sus propios análisis. Cada tanto salen a confrontar a la familia; llevan consigo radiografías y frascos con trozos de tumores, celebran sus hallazgos y cuando la familia les cuestiona sobre la enfermedad, se indignan diciendo que hacen lo que pueden bajo esas circunstancias. ¿Pero qué circunstancias?, pregunta la madre del paciente, si no nos prepararon para abrirlo antes de hacer más estudios y tener claridad de qué medicina usaríamos, todos, para erradicar la enfermedad y no sólo sus efectos visibles. ¡Nosotros somos los expertos!, responden los médicos molestos. ¿Y cómo me puede asegurar que no saldrán más tumores en una semana?, pregunta el padre del enfermo. Nadie puede asegurarlo, es usted un malagradecido, estamos atendiendo a su hijo y encima nos cuestiona. Vuelven al quirófano y la escena se repite hasta perder sentido.

 

Ni Calderón ni el país estaban preparados para esta operación. Escasamente mencionó la lucha contra el narco en campaña. El Congreso y el Senado actuaron irresponsablemente. Se negaron a escuchar a expertos que advirtieron la inminente necesidad de reestructurar el sistema de justicia penal y asegurarse de tener un buen equipo experto y blindado de ministerios públicos y jueces especializados en delincuencia organizada. Eligieron a procuradores débiles que mantuvieron a la PGR/SIEDO y al Poder Judicial casi intocados, cuyo reporte diario es: “estamos infiltrados, señor”.

 

Guillermo Ortiz Mayagoitia dice que tiene la solución, pero no lo escuchan. García Luna decidió que pasará a la historia creando el mejor sistema de inteligencia de Latinoamérica. Pero, obsesionado con su imagen (como el que presume tumores), ha creado su propio reality show televisivo. Una y otra vez hace montajes teatrales (engañando a los medios y sociedad) bajo el argumento de que no puede confiar ni en ministerios públicos ni en jueces de su equipo, entre quienes sin duda hay gente calificada y honesta, hacen el trabajo de inteligencia; dan golpes e inventan expedientes para justificar la ausencia de MPs y jueces confiables. Llama la atención que entiendan que fingir justicia, además de ser ilegal, los desacredita y no cura la enfermedad: la propaga más. Para tumores, el michoacanazo. El país y los medios les están diciendo: sabemos que hay enfermedad, vamos a la cura de fondo porque este opaco teatro justiciero debilita al país. Ya nadie cree que la violencia incrementará si hay replanteamiento. Mientras tanto la reforma penal espera a ser atendida.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86373.html”

MÉXICO: UN MAPA DE SANGRE

Un mapa de sangre
Al calor del narcotráfico y la violencia desenfrenada de los últimos años en su país, han aparecido varios libros de ficción que reflejan, al menos, la preocupación de los escritores mexicanos por dar cuenta del tema que tiene su epicentro en Ciudad Juárez, con su tasa criminal exorbitante y su ya declarado feminicidio. Desde 2666 de Roberto Bolaño en adelante, algunos se preguntan si están frente a un nuevo fenómeno llamado “narcoliteratura”. Mientras tanto, otros lo niegan, aunque no dejan de escribir sobre el tema. A continuación, un mapa de las más recientes novelas y autores que de una forma o de otra se han colocado en el ojo de la tormenta.

 

Por Mónica Maristain
Las mujeres de Juárez son las protagonistas de su novela. En la realidad, ¿son una lucha perdida?
–Mi madre tiene cinco albergues de huérfanos en Ciudad Juárez. A sus 74 años, ella sigue rescatando niños, sin ayuda del Estado, de picaderos, de familias de drogadictos, de las esquinas. Esas son las mujeres de Ciudad Juárez: son su fuerza. La lucha la perdimos todos, menos ellas. Ellas son las que mantienen el alma de esa comunidad. Y, hasta la fecha, son las de los empleos modestos y legales: las que van, entre balazos, a las maquiladoras; las que atienden los restaurantes, las tiendas, los comercios, a pesar de que los extorsionadores casi acabaron con todo negocio legal en Juárez. Ellas son la única lucha que hemos ganado como sociedad. Y son, claro, las más vulnerables. Una pinche sociedad de machos ha querido aplastarlas, pero por fortuna siguen de pie. El futuro, si lo pensamos con esperanza, se fincará en ellas.

 

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