Adiós Marisela, emblema del feminicidio

A Lucha Castro, por su persistencia y valor por crear un nuevo sistema de justicia en México

 

Con el rostro ovalado y la mirada firme tras los espejuelos, Marisela Escobedo me dijo que primero moriría que dejar de luchar por esclarecer el asesinato de su hija Rubí Marisol. “Es por ella, pero es por todas las hijas de las demás mujeres de México”, me dijo con la voz entrecortada, “porque al Estado mexicano hace rato que la vida de las mujeres no le importa, entonces seremos nosotras las que digamos, hasta la muerte, que sí valemos, que nuestras hijas merecen un país seguro. Yo sé quién es el asesino y no voy a quedarme callada”.

 

Estas fueron las últimas palabras que escuché de Marisela hace unos meses. Ayer fue asesinada, emblemáticamente, frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Sus últimas palabras fueron consignas solitarias por la justicia y la no impunidad de los feminicidios.

 

Manifestándose ante el edificio que alberga a la autoridad, un hombre se acercó a hablarle, ella echó a correr y acto seguido le disparó a quemarropa, uno de los balazos fue directamente a la cabeza. Según el Médico forense está claro que el asesino sabía lo que hacía. Existe un video del asesinato tomado de una cámara de seguridad.

 

Los paramédicos llegaron a Marisela cuando aun estaba con vida, unas horas más tarde supimos que había muerto. Fue el arma de un asesino la que ultimó la vida de esta joven mujer, pero sin duda son co-responsables los tres jueces que desestimaron las evidencias y restaron importancia a las amenazas de muerte que la familia Bocanegra había expresado contra Marisela. Y son cómplices también todos aquellos que insisten en que la violencia en México no es grave; quienes insisten en que los feminicidios mexicanos no son importantes.

 

Sergio Rafael Barraza Bocanegra es el principal sospechoso de la muerte de Marisela, ya que es él el acusado de ultimar la vida de Rubí. En 2008 la hija de Marisela apareció muerta y desde entonces su madre se dedicó en cuerpo y alma a esclarecer el asesinato y llevarlo ante la justicia, acompañada de la reconocida abogada feminista Lucha Castro.

 

Barraza, que fue pareja de Rubí, una adolescente de 16 años, enfrentó un juicio oral por homicidio en los nuevos juzgados de Chihuahua; durante el procedimiento Sergio Rafael admitió haber asesinado a Rubí porque “le había sido infiel”.

 

A pesar de la evidencia en su contra, en abril de 2010 Barraza fue dejado en libertad, sin embargo, inmediatamente después los jueces determinaron que se equivocaron, que existían suficientes elementos para ejecutar una sentencia de 50 años en prisión. Era demasiado tarde, el acusado estaba prófugo. Entonces Marisela se dio a la tarea de encontrarlo, nos aseguró a algunas periodistas que ya lo había localizado en Zacatecas y que ahora sólo faltaba que lo detuviera la autoridad. Por su mente pasó la idea de ir ella misma, acompañada de otras mujeres, a llevar a cabo un arresto ciudadano del asesino de su hija; un Fiscal le aseguró que lo arrestarían pronto, que no se arriesgara. La autoridad ya había determinado ofrecer una recompensa de 250 mil pesos por Barraza Bocanegra.

 

Ahora que ella ha muerto el gobernador de chihuahua, César Duarte, afirmó que no tiene duda de que la ejecución de la activista Marisela Escobedo fue por venganza del criminal. Lamentó la muerte de la madre de Rubí, quien “siempre señaló al autor material de la muerte de su hija y que desgraciadamente fue liberado por tres jueces, que insolentemente lo pusieron en libertad”.

 
El gobernador declaró que solicitó al Congreso de Chihuahua que estos jueces sean separados del cargo para que sean juzgados por las omisiones y el uso indebido de poder en el que liberaron a un sujeto peligroso, confeso de asesinato.

 

El gobierno de Chihuahua jamás ofreció medidas cautelares a Marisela, a pesar de la evidencia sobre las amenazas de muerte que recaían sobre ella, a pesar de que testificó en el juicio. Marisela intuía que podría perder la vida, me lo dijo, y hacía lo que estaba en sus manos para evitarlo, sin embargo nunca estuvo dispuesta a darse por vencida, murió intentando salvar a otras adolescentes de una muerte como la de su hija, creyendo, hasta el último día, que las Instituciones judiciales de su país la acompañarán en una batalla colectiva por la justicia y la vida de las mujeres.

 
Tres jueces tuvieron la posibilidad de hacer justicia en un feminicidio, su ineficacia dejó ahora dos crímenes y un asesino en plena libertad. Dejaron tras de si una ola de sufrimiento, indignación y frustración. Con ella se murió un poco de todas nosotras, las activistas que la conocimos y supimos que su batalla era nuestra también.

El niño sicario

Es un niño, flacucho que se muerde los labios con la ansiedad de quien se ve forzado a explicar su comportamiento frente a periodistas que no se preocupan por cubrir su rostro. A cada pregunta baja la mirada, los hombros caídos, las manos restregándose, mira de reojo a los adultos que le rodean y que sin abogado o tutor presente han decidido hacerle un juicio mediático. Rodeado de soldados armados, este niño no sólo fue arrebatado de su infancia por Jesús Radilla Hernández (a) “El Negro“,nuevo líder del Cártel del Pacífico Sur (CPS, Beltrán Leyva en Morelos); además fue linchado moralmente en un espectáculo mediático. La noticia plagada de exageraciones le dio la vuelta al mundo.

 

¿Qué nutre más el morbo que exhibir  a este niño sicario para demostrar cuán bajo ha caído la sociedad mexicana? Que una psicóloga experta asegure en la radio que el niño es un psicópata sin haber elaborado peritaje, pero “por lo que muestran los medios” asegura que estos niños “nacen malos”. Qué mejor para nutrir el mito de un México cruel, despiadado, infame y sin cura para su violencia que usar a un niño como emblema.

 

No se nace malo o bueno, se aprende, o no, a dar connotación moral a nuestras acciones. La violencia se aprende y miles de niños son víctimas y producto de los cárteles, en Brasil, Colombia y México (entre otros).

 

No nos dijeron que es un niño nacido en los Estados Unidos, maltratado desde que se acuerda, que vivía en un barrio de Morelos con sus hermanas cuyos padres hace rato se desentendieron de su bienestar. Apenas a los doce años fue secuestrado por el líder de sicarios que lo indujo a las drogas y, con una mezcla de afectospaternales y amenazas le enseñó a usar armas. Pequeño, con 45 kilos y brazos flacuchos, fue utilizado para ultimar la vida de cuatro personas previamente torturadas por adultos, según informa uno de los soldados que se negaba a que lo exhibieran. El chico no se ufana, como han querido mostrar los medios, ni es una máquina de matar, como dijeron amarillistas. Es otra víctima de los cárteles, de la violencia intrafamiliar, de la Trata de menores para fines criminales.

 

¿Por qué matabas? Le pregunta el periodista como si hablara con un asesino profesional. Se muerde los labios, frunce el seño con miedo y responde “Me ordenaba “El Negro“. Sólo me drogaba con mota y no sabía lo que hacía”. ¿Por qué te metiste en esto? Insiste el entrevistador: “No me metí, me jalaron”. ¿Estas arrepentido? “Sí, de haber entrado a esto y de matar”.

 

Sabemos que un psicópata es incapaz de sentir remordimiento o empatía. Es claro que el niño desarrolló mecanismos de defensa ante la violencia que aprendió a reproducir. Encasillarlo con otros asesinos es injusto y peligroso.

 

El Ponchis” debe ser protegido del linchamiento. Usarlo como ejemplo del sicariato infantil es imperdonable. Darle una oportunidad terapéutica y abrir espacios para rescatar a otros chicos en situación similar es lo ético. A estos niños les urgen héroes que no sean violentos, familias alternativas que les protejan, una sociedad que les enseñe que hay otras formas de tener poder lejos de la muerte. Y una prensa más responsable con la infancia.

El oso del embajador

Oso, pancho, ridículo… póngale usted como guste, lo cierto es que el reconocido panista Jorge Zermeño salió escandalizado a mitad de un evento en España en que se reconocía a dos valientes periodistas mexicanas. La semana pasada el diario El Mundo llevó a cabo la novena entrega de sus Premios de Periodismo Internacional. Las dos valientes y jóvenes mujeres Sandra Rodríguez y Luz Sosa, ambas de El Diario de Ciudad Juárez, fueron galardonadas.

 

Sentado en la mesa de honor, el embajador de México, portavoz de la diplomacia nacional, se indignó cuando Pedro Jota, el director del periódico, dijo en su discurso de premiación que México es considerado el país democrático en que hoy en día es más peligroso ejercer el periodismo. Zermeño se descompuso de indignación. Pedro Jota no hacía más que citar los estudios llevados a cabo por Reporteros sin Fronteras, la Federación Interamericana de Prensa, el Comité para la Protección de Periodistas y la UNESCO, entre otras entidades que han documentado los asesinatos, encarcelamientos y persecuciones de periodistas en México.

 

Zermeño no pudo más, felicitó a las reporteras pero la ira se apoderó de él y salió dejando enmudecido a más de un centenar de invitados en una cena de gala. “¡Eso no es cierto!”. Argumentó indignado e irascible. México no es el país más peligroso del mundo (estaba tan enojado que no entendió que se referían justo a las complejidades que enfrenta el periodismo actual). Las y los comensales le dieron otra lectura a la intempestiva salida de Zermeño: “Se siente aludido, se siente insultado porque es cierto”, ¿por qué tanto escándalo si no es su culpa? Comentaron unos y otras.

 

No contento con esa noche, al ser entrevistado por colegas de La Jornada un día después, el embajador insistió en negar los hechos en una entrevista que habla por sí sola. Más allá del numerito que dejó azorada a la prensa española, lo que el ex senador Zermeño nos revela es que ni él ni otros representantes del Estado tienen una lectura correcta de la compleja situación que se vive en el país. Recientemente una comitiva de especialistas, encabezada por una reconocida colombiana experta en violencia contra periodistas visitó Los Pinos. Presentaron a Felipe Calderón el resultado de los estudios que demuestran lo que el embajador niega rotundamente: que una buena parte de los ataques a periodistas han sido perpetrados por representantes del Estado: gobernadores, alcaldes, policías y militares. Aunque los narcos y tratantes han hecho lo suyo, lo que se reveló esa noche en Madrid es lo que hay que revisar. De los criminales se puede esperar todo, los riesgos implícitos de investigar a la delincuencia organizada son evidentes para quienes trabajamos en ello; son gajes del oficio. Sin embargo, el reto está en que se federalicen las agresiones contra periodistas, justamente porque estamos inermes ante los ataques de quienes tienen como responsabilidad proteger nuestros derechos y hacer que la ley se cumpla. Se entiende que la impunidad y corrupción son un problema de toda la sociedad, pero hasta Calderón admitió ante la comitiva del CPJ y SIP la magnitud del problema; sería bueno que sus colaboradores estuviesen enterados, especialmente los diplomáticos.

¡Atrapen al policía!

Los entrenaron en técnicas antisecuestro, les enseñaron a ir con pasamontañas para proteger su identidad, aprendieron estrategias de inteligencia militar para abatir a la delincuencia. Algunos de ellos saben “campanear” líneas telefónicas para hacer escuchas policiacas, otros saben detectar vehículos y personas que transportan drogas, y unos más fueron capacitados en el hackeo para detectar delitos cibernéticos. Ellos son policías municipales, estatales o federales que a lo largo de los últimos cinco años han sido preparados para intentar abatir, como fuera, a la desorbitada delincuencia. Cientos de estos responsables de la seguridad reprobaron los exámenes de control de confianza que incluyen: análisis toxicológicos, sicométricos, polígrafo, de control de confianza, de aptitudes. Es decir, un alto porcentaje consume drogas y se alió a pequeñas o grandes bandas criminales, ya sea al venderles protección o al participar directamente en la comisión de delitos.

 

Son 572 policías sucios en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país. Son 600 judiciales expulsados en el Estado de México y otros tantos en Ciudad Juárez, fueron casi 4 mil elementos los despedidos este año por la Policía Federal. En todo el país, durante 2010, diversas policías se han depurado, dando de baja a casi 20 mil agentes con diversos grados de capacitación, todos ellos con manejo y acceso a armas de fuego y con amistades y redes de apoyo dentro de las corporaciones policiacas. Nadie irá tras ellos.

Si bien el Centro Nacional de Evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una reglamento nuevo y ha implementado un modelo de evaluación policiaca que urgía en México y que resulta útil, queda un cabo suelto que representa un peligro real. La impunidad de la que gozan estos agentes corruptos propicia que el despido de sus corporaciones represente, simplemente, el inicio de una segunda carrera: la delincuencia, pero ahora sin charola.

 

Efectivamente, se ha creado un padrón en donde se certifican sus huellas digitales y se graba su voz para cotejarla con el banco de audios obtenidos de secuestradores y extorsionadores; eso es un logro importante, sin embargo, varias policías municipales siguen contratándolos en otros estados, a pesar del padrón. Las autoridades saben que cientos de los depurados terminarán en las nóminas de los cárteles o las bandas de secuestradores o tratantes de personas. La pregunta es: ¿por qué no se han creado mecanismos para investigar y juzgar adecuadamente a policías corruptos?, ¿por qué ellos simplemente van a la calle por delitos que llevarían a un ciudadano común a prisión?

 

Entre tanta tragedia, algunas cosas muy buenas están sucediendo en México. Hace dos años se aprobó la reforma del sistema de justicia penal, para pasar de un sistema inquisitivo (anacrónico, opaco y estructuralmente injusto) a uno acusatorio en que habrá verdadera transparencia, porque cuenta con mecanismos para llevar a cabo juicios abiertos. Llevará más de seis años implementarlo porque se están construyendo salas para juicios orales y el Inacipe está capacitando a miles de personas. Ciertamente, se están abriendo puertas hacia el progreso del sistema penal, hacia la justicia, pero la pregunta es: ¿cómo harán las autoridades para cerrar las ventanas por las que escapa impunemente este brazo traidor del Estado?

Fernández de Cevallos, al ataque

Cuando Jimena Marín Foucher se casó con David, el hijo de Diego Fernández de Cevallos, jamás se imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla de violencia doméstica. Sus padres creyeron que el joven hijo de uno de los abogados más poderosos y corruptos de México, cambiaría; pero sucedió lo contrario. Cuando Jimena pidió ayuda le pidió el divorcio. Como muchos agresores poderosos, él la encerró durante casi cuatro meses. El aislamiento, amenazas de muerte y la reiterada intimidación de la familia Fernández de Cevallos a Jimena, terminaron en una amenaza: si ella quería el divorcio jamás volvería a ver a sus hijos. Ella escapó de casa cuando se desató la crisis del secuestro de Diego.

 

Este jueves, David Fernández de Cevallos, acompañado de un primo y su hermano Rodrigo, llegaron a la casa de la familia Foucher en Cozumel, en una zona residencial cuyos testigos creyeron inicialmente que se trataba de un ataque de narcotraficantes por el despliegue de violencia. Protegidos por agentes encapuchados de la AFI, los hombres armados entraron en la casa a llevarse a los niños; cuando los vecinos llamaron a la policía local, ante la confusión, se vivieron momentos de gran tensión. Todos cortaron cartucho al ver que los supuestos federales no se identificaban. Ante cámara de video, frente al asombro de los vecinos, los Fernández de Cevallos se llevaron a los niños por la fuerza, aparentemente escoltados por un camión militar. El Ejército niega haberles protegido; asegura que “sólo atestiguó la diligencia”.

 

Como muchos maltratadores de mujeres, David se consideraba propietario de su joven esposa. Con el aparato de justicia al servicio de su familia, la acusación por violencia intrafamiliar y el proceso de divorcio fueron una verdadera pesadilla para la madre de los dos pequeños. Finalmente, Jimena había logrado que un juez le otorgara la custodia temporal de sus hijos y volvió a Cozumel con sus padres. Según testigos, David sabía que sus pequeños estaban seguros y bien cuidados con su madre, y lo que él quería no era lograr tener visitas paternas para el bien de los niños, de uno y cuatro años, sino vengarse de la desobediencia y quitárselos.

 

Además de los testigos presenciales, que aseguran que el hijo de Diego portaba un arma, hay un video. En la denuncia 1656/10/2010 por secuestro, ataque y lesiones, la madre de los pequeños y los abuelos explican que fueron golpeados, que les esposaron y encañonaron y recibieron amenazas de muerte. Todo esto sucedió, aseguran, en un contexto de compra de autoridades, colusión de servidores públicos (jueces, federales y militares). La Procuraduría de Quintana Roo asevera que no hubo solicitud de orden de colaboración, por tanto, los federales habrían cometido un ilícito. Mientras se investiga el caso, quedó en evidencia la complicidad machista de varios servidores públicos que justifican los hechos.

 

La Ley de acceso a las mujeres a un vida libre de violencia debería de proteger a todas las ciudadanas, pero entre la letra y su cumplimiento encontramos la colusión de servidores públicos que ponen la justicia al servicio de los agresores, de los poderosos. Tal vez lo único bueno de esta desgracia es que Jimena ahora está protegida por la sociedad. Si algo le sucede a ella, a sus familiares, todo México sabrá quién es responsable. Jimena no está sola.

Enamórala y véndela

Un Camaro amarillo se detiene frente a una pequeña zapatería. Se abre la puerta del conductor y de ella sale una bota vaquera puntiaguda; a intolerables decibeles resuena un reggaeton; el hombre de 24 años con mechas desteñidas baja del auto. Con la soberbia de un rey, da la vuelta, abre la puerta y sale de ella una joven de 16 años; morena delgada, de cara lavada, con minifalda escolar a cuadros rojiazules, blusa blanca, calcetas y zapatos negros de goma. Es una novata, dicen los vecinos, la trajo de Cholula. Ellos saben que el güero le va a comprar zapatos y ropa de “mujer” para comenzar la transformación.

 

En Tlaxcala, estado vecino con Puebla, se generalizó hace poco más de una década una tradición de ritual masculino que toda la sociedad avala, desde Tenancingo, pasando por Acuamanala, Papalotla, San Luis Teolocholco, San Pablo, Ayometla, Xicohtzinco y otros pueblos. Familias enteras viven de la explotación sexual de jovencitas. Los tratantes han sido entrenados para enamorar a adolescentes, establecer noviazgos ficticios, conocer a la familia y llevárselas para prostituirlas. Madres, abuelas, tíos y hermanos viven hasta por cinco años del producto de la explotación de una, dos o tres “novias” o esposas de los Tenancingos. Padrotes, tratantes, lenones, orgullosos de su capacidad para engañar, seducir y transformar cada año a miles de niñas y adolescentes en mujeres entrenadas para esclavas.

 

El caso más famoso de Tlaxcala fue el de la familia Carreto que purga una pena en Estados Unidos por haber llevado jovencitas como esposas de jóvenes tlaxcaltecas a burdeles caseros de Nueva York. Y hace una semana un joven detenido por la SIEDO, con naturalidad y orgullo explicó cómo fue educado para ser padrote.

 

“Mientras no sea mi hija, a mí qué me importa”, dijo doña Anselma, mientras investigaba la cultura lenona para mi libro sobre trata de mujeres. Todo el pueblo reconoce a los padrotes. Autos deportivos, cabello puntiagudo y embadurnado de cera. Música a todo volumen, cadenas de oro y relojes voluminosos, todo producto de la explotación de las mujeres.

 

“No hay agricultura, no hay escuela, no hay trabajo… y pu’s hay mujeres y si uno las puede vender, pu’s las vende, es lo que hay”. Dice sonriente un anciano ex lenón afuera de una cantina.

 

Las respuestas me recuerdan los primeros brotes de normalización de la narcocultura. Las camionetas, la indumentaria y todo lo que daba sentido a la identidad narca en Sinaloa, Juárez y Tijuana. Luego llegaron la música y las películas que los hicieron parecer héroes omnipresentes, cuyo discurso normalizaba una economía emergente en la que los campesinos sin tierra obtenían trabajo gracias a la siembra de mariguana y amapola. Ahora la cultura del tratante está documentada en Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Chiapas y Veracruz.

 

Si la sociedad no reacciona ahora mismo, no habrá suficientes cárceles para los tratantes ni refugios para sus víctimas en todo México. Algo tendríamos que hacer. Habría que alertar a estudiantes y maestros de estas zonas para comenzar a transformar estos patrones en sus comunidades, desde la educación de la equidad hasta la reactivación económica con el empresariado y el Estado. La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha hecho estudios y programas de prevención, unirse a ese esfuerzo puede cambiar al país. Ahora es cuando.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86611.html

Los patriarcas del mal

Son hombres, casi todos, de más de 50 años. Empresarios entrados a políticos, políticos convertidos en empresarios. Son ellos quienes, al acercarse un huracán, añoran que entre con fuerza para que el Fonden salve lo que los políticos destruyeron. Son ellos los que pagan millones para hacer negocios con permisos que rompían reglas y leyes. Son ellos los que tienen los monopolios y se hacen mártires cuando alguien les cuestiona. Son esa generación de mexicanos que conducen autos blindados, que se codean con la élite y con los pomposos y corruptos líderes eclesiásticos que, más que a Dios, sirven al poder que finge ser deidad.

 

Ellos también nos gobiernan; han colaborado, junto con los gobiernos anteriores, al debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil; son ellos y no otros los que hace una década negaron los feminicidios y la corrupción, nutriendo la impunidad que hoy les asombra.

 

Son ellos, y no otros, los que, por décadas han considerado que México es su coto, su changarrito, su lodazal para revolcarse. Son ellos y no otros los que desprecian a los 7 millones de jóvenes sin trabajo y sin escuela a quienes despectivamente llaman ninis. Son esos empresarios y líderes los que parecen sorprendidos por la realidad, como si no fuesen arquitectos del país que tenemos. Son los líderes inmorales del país los que le tienden la cama a Peña Nieto, pues creen que más de los mismo es bueno (aunque sea un espejismo, hasta para ellos). Son esos millonarios que destrozan sin piedad a Calderón, no por sus errores estratégicos, sino porque rompió los pactos de la colusión del poder (aunque haya permitido otros pactos).

 

Ellos brindan por el regreso de Salinas, porque la geografía de la inmoralidad reviva. Ellos se quejan por las extorsiones de Los Zetas, como si esa descomposición social no tuviera padre. Como si con su manipulación mediática no desinformaran en la tv con el espectáculo telenovelero de la ignorancia que finge ser periodismo; son ellos los que, entre la ética y el desprecio por la humanidad, prefieren el desprecio.

 

Esos patriarcas del mal son los que se preguntan: ¿Quién nos iba a decir que desaparecer un cacique nos iba a enfrentar a otros 32? Pero los caciques provincianos son también su hechura. Cuando les dieron dinero para callar o hablar, cuando les perdonaron desde asesinatos hasta protección de la delincuencia organizada y pederastia. Son ellos los que se hacen los dignos, y buscan salvavidas sólo para su clase.

 

Pero son pocos, aunque dañen como muchos. Hay millones de personas para exponerlos, para recordar que el país es nuestro, que no hay rendición, ni la habrá. Ellos son los “no-nos” (no al progreso, no a la justicia).

 

Son la verdadera generación perdida de México.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86557.html

Prisión sin condena

Sólo pasé unas horas en la cárcel en diciembre del 2005. Las historias que escuché comenzaban con “nunca pensé que me sucedería a mí”. Llevaban años sin juicio por robo de dos latas de leche para bebé o presa por ayudar a las sindicalizadas de la maquiladora, o por haber perdido a su bebé. Entre mi miedo y su miedo a ser devoradas en la oscuridad del encierro por un sistema penal corrupto e ineficaz, ninguna de nosotras, hasta ese día, habíamos pensado en lo que significa la prisión preventiva en México, es decir, la prisión sin condena.

 

“Hasta que te toca entiendes”, me dijo un fiscal durante el año en que firmaba semanalmente mi libertad condicional. Yo tenía abogadas y mi caso no pudo ocultarse porque estaba relacionado con una denuncia periodística, pero hay en el mundo tres millones de personas indefensas en prisión preventiva; por ello pasan el resto de sus vidas entre ministerios públicos ineficaces, abogados abusivos y jueces ineficientes o corruptos.

 

Una estudiante universitaria me preguntó cómo evitar incurrir en la corrupción cuando un policía amenaza con meterte a prisión por una falta menor. No es fácil, el impulso de proteger nuestra libertad es muy poderoso, sobre todo en un país en que la aplicación de la ley es tan arbitraria y abusa del ambiguo concepto de prisión preventiva, o sin condena.

 

Gracias al libro Prisión sin condena (Ed. Debate), coordinado por el reconocido periodista Marco Lara Klahr, dimensionamos la magnitud del problema: “La prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque les da el mismo trato a los culpables y a los inocentes. Además, la indefensión que acarrea la prisión preventiva, favorece la impunidad, agrava la inseguridad pública y tiene un alto costo económico”. Por desgracia, los argumentos de quienes conducen la guerra contra el narco nos han hecho creer que es mejor que haya muchos inocentes encarcelados que unos cuantos culpables peligrosos libres.

 

Este magnífico libro nos ayuda a entender, con historias reales y cifras concretas, por qué es que casi toda la sociedad (salvo los poderosos) siente un inquietante desconcierto sobre la manera en que se impone la justicia. Hay más personas que temen que algún día les alcance el brazo de la injusticia que aquellas que le temen al puño de la ley. Por un lado exigimos leyes y penas más severas para secuestradores, pederastas, productores de pornografía infantil o tratantes de personas; por el otro tememos que esas penas se apliquen a inocentes. Aquí el problema es que el 95% de los delitos permiten aplicar prisión preventiva (antes era sólo para delitos graves).

 

El costo económico de la prisión preventiva equivale al 62% del gasto federal en seguridad pública; mantener a miles de personas en el limbo de prisión sin condena nos cuesta 4,890 millones de pesos. Sumado a ello está el costo emocional y familiar, así como los efectos nocivos de que miles de personas sean privadas de su libertad durante años bajo la premisa del Estado mexicano que “no busca quién cometió el delito sino quién lo puede pagar”. Seguir parchando leyes y sistemas resulta inoperante, porque lo que en realidad urge es una transformación integral del sistema de justicia penal, que erradique el uso irracional y excesivo de la prisión preventiva y del arraigo. O esperar a que nos toque.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86500.htmll

Calderón en el quirófano

Imagine que México es un enfermo y el Presidente es su médico. Supongamos que el doctor Calderón recibe al paciente e inmediatamente lo mete al quirófano para extirpar un tumor que, efectivamente, existe. Abre en canal y explora los órganos: saca un tumor aquí, un quiste allá, mientras el intestino se desangra, decide incursionar en el riñón y el corazón. Otro médico le advierte que hay un cáncer y que esa cirugía no se debió llevar a cabo sin un buen oncólogo y previo diagnóstico y pruebas de un equipo multidisciplinario especializado. Pero no escucha.

 

Otros médicos le advierten que puede causar una metástasis (que el cáncer se disemine a todos los órganos) y el médico comienza a gritar que ya no hay vuelta atrás, ya abrieron y ahora hay que seguirle.

 

Elige a tres colegas que pretenden saberlo todo y se dedican a tareas que no necesariamente les corresponden. Todos desconfían de todos y cada uno lleva a cabo sus propios análisis. Cada tanto salen a confrontar a la familia; llevan consigo radiografías y frascos con trozos de tumores, celebran sus hallazgos y cuando la familia les cuestiona sobre la enfermedad, se indignan diciendo que hacen lo que pueden bajo esas circunstancias. ¿Pero qué circunstancias?, pregunta la madre del paciente, si no nos prepararon para abrirlo antes de hacer más estudios y tener claridad de qué medicina usaríamos, todos, para erradicar la enfermedad y no sólo sus efectos visibles. ¡Nosotros somos los expertos!, responden los médicos molestos. ¿Y cómo me puede asegurar que no saldrán más tumores en una semana?, pregunta el padre del enfermo. Nadie puede asegurarlo, es usted un malagradecido, estamos atendiendo a su hijo y encima nos cuestiona. Vuelven al quirófano y la escena se repite hasta perder sentido.

 

Ni Calderón ni el país estaban preparados para esta operación. Escasamente mencionó la lucha contra el narco en campaña. El Congreso y el Senado actuaron irresponsablemente. Se negaron a escuchar a expertos que advirtieron la inminente necesidad de reestructurar el sistema de justicia penal y asegurarse de tener un buen equipo experto y blindado de ministerios públicos y jueces especializados en delincuencia organizada. Eligieron a procuradores débiles que mantuvieron a la PGR/SIEDO y al Poder Judicial casi intocados, cuyo reporte diario es: “estamos infiltrados, señor”.

 

Guillermo Ortiz Mayagoitia dice que tiene la solución, pero no lo escuchan. García Luna decidió que pasará a la historia creando el mejor sistema de inteligencia de Latinoamérica. Pero, obsesionado con su imagen (como el que presume tumores), ha creado su propio reality show televisivo. Una y otra vez hace montajes teatrales (engañando a los medios y sociedad) bajo el argumento de que no puede confiar ni en ministerios públicos ni en jueces de su equipo, entre quienes sin duda hay gente calificada y honesta, hacen el trabajo de inteligencia; dan golpes e inventan expedientes para justificar la ausencia de MPs y jueces confiables. Llama la atención que entiendan que fingir justicia, además de ser ilegal, los desacredita y no cura la enfermedad: la propaga más. Para tumores, el michoacanazo. El país y los medios les están diciendo: sabemos que hay enfermedad, vamos a la cura de fondo porque este opaco teatro justiciero debilita al país. Ya nadie cree que la violencia incrementará si hay replanteamiento. Mientras tanto la reforma penal espera a ser atendida.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86373.html”