POR CHIHUAHUA

Chihuahua, a 20 de septiembre de 201
Las organizaciones de derechos humanos del Estado de Chihuahua compartimos la tristeza e indignación de nuestros compañeros que laboran en los medios de comunicación. Acompañamos, con especial cariño a los periodistas del Diario de Juárez que sufren por el asesinato del joven fotógrafo Luis Carlos Santiago, de tan sólo 21 años.

 

Consideramos que en el Estado de Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez existe un conflicto armado, una guerra que no ha sido debidamente reconocida por los organismos internacionales y en donde los derechos de la población no están garantizados. El saldo ha sido devastador: Miles de ejecuciones, asesinatos de mujeres, robos, extorsiones, cobros a negocios por derecho de piso, muertes de defensores de derechos humanos y periodistas, cientos de miles de desplazados, denuncias de violaciones a derechos humanos que no son investigadas ni sancionadas, lágrimas y sangre que corren por el desierto en una impunidad total.

 

Creemos como los trabajadores de los medios que “sin periodistas no hay democracia”. Las y los defensores de derechos humanos nos hermanamos en estos momentos de guerra con nuestros colegas periodistas, víctimas de violaciones a sus derechos humanos y a su derecho a la vida.

 

De acuerdo con la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información”

 

Javier Ávila

Emilia González Tercero

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)

Oscar Enríquez

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Luz Esthela Castro Rodríguez

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

La iglesia y la homofobia

CONAPRED CONCLUYE PROCEDIMIENTOS DE MINISTROS DE CULTO
DE LA IGLESIA CATÓLI
CA

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) concluyó los expedientes de queja que se abrieron a solicitud de diversos peticionarios en contra de los ministros de culto: Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Cardenal Norberto Rivera Carrera y el padre Hugo Valdemar Romero, por diversas declaraciones en el marco del debate y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En relación al expediente referido al Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo de México y del Sacerdote Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis, este Consejo recibió respuesta rechazando participar en el proceso de conciliación previsto en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). En esa respuesta se argumentó su derecho al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, y su perspectiva de no haber violado el derecho a la No discriminación.

 

No obstante, ambos ministros de culto aceptaron tener un diálogo con autoridades del Conapred, así como que la oficina de la Arquidiócesis Primada de México emita un comunicado público en el que se exprese su posición en relación a los matrimonios entre personas del mismo sexo y su postura de respeto a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

 

Por otra parte, en el caso del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Arzobispo de Guadalajara, este Consejo no recibió respuesta alguna a las diversas notificaciones que se le enviaron para solicitarle información e invitarle a participar en el proceso de conciliación. En el oficio de conclusión de este procedimiento, y con base en la información recibida del caso, el Conapred calificó como acto de discriminación las expresiones emitidas por el Arzobispo de Guadalajara, ya que éstas pueden promover la homofobia y repercutir en el ejercicio de derechos y libertades en condición de igualdad, tal como lo señala el Artículo 9, Fracción XV de la LFPED.

 

Este Consejo reconoce plenamente el derecho que las Iglesias tienen para expresar ante la opinión pública sus puntos de vista sobre los asuntos que interesan a toda la sociedad, como es el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar. Pero también el límite legal, establecido en el artículo sexto constitucional, que tiene el ejercicio de la libertad de expresión con respecto a los derechos de terceros, por lo cual no se pueden justificar expresiones que atenten contra la dignidad de las personas.

 

La defensa de la igualdad y de la dignidad de todas las personas no sólo es el centro de las democracias constitucionales, sino también parte fundamental de la doctrina de muchas religiones. La propia Iglesia Católica lo expresa en la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, emitida por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que en su número 9 dice:

 

“Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, dondequiera que se verifiquen. Revelan una falta de respeto por los demás, que lesiona unos principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia civil. La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las legislaciones.”

 

De igual manera el Catecismo de la Iglesia Católica señala en su número 2358 que las personas homosexuales “Deben ser acogidos con respeto (…). Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”.

 

Este Consejo expresa la preocupación por todo tipo de manifestaciones contrarias a la dignidad de las personas, así como por la falta de respuesta a los procesos establecidos en la legislación vigente. Ambas conductas afectan la posibilidad de una sociedad plenamente democrática, incluyente y justa.

 

Conapred exhorta, y seguirá haciéndolo a través de la búsqueda de procesos de diálogo con representantes de la iglesia Católica y de otras iglesias, a promover espacios y prácticas de igualdad, pues en el marco de un Estado democrático y de Derecho, la defensa de la dignidad de las personas es responsabilidad compartida de todas las personas, y de todos los grupos sociales.