Los “lavadores” de dinero

Manlio Fabio Beltrones retó al presidente Calderón: que si tiene nombres de narcopolíticos que los diga. El priísta bien sabe que no se puede hacer pública la lista en que se investiga por enriquecimiento inexplicable a más de 140 políticos de diferentes niveles. En ella están desde famosos dinosaurios hasta desconocidos alcaldes. La razón obvia para no hacer pública la lista es que entorpecería las propias pesquisas, y la razón más compleja es que la obsesión de Calderón por vincular todos los delitos con narcotraficantes como autores de todos los males del país, lo deja la mitad de las veces con la boca llena y las manos vacías.

Julio César Godoy, el diputado acusado ahora de lavado de dinero, nos da la pista de lo que realmente debemos mirar. Asegura que la PGR miente al relacionar los 24 millones de pesos en sus cuentas bancarias con dinero del narcotráfico. “El hecho de que yo pudiera no haber pagado impuestos, no significa que reciba dinero del narco”, dijo Godoy en un desliz confesional sobre evasión fiscal que pocos han comentado.

El lavado de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Todos los partidos utilizan grandes cantidades de efectivo, para ello cuentan con estrategias de robo y reacomodo de fondos públicos y obtención de fondos privados que ocultan en casas de seguridad, o con movimientos en bancos offshore, desde donde se triangulan pagos para que el dinero reingrese a través de empresas consultoras de imagen o publicidad política. Si bien es cierto que la ley que acota los depósitos en México ha complicado la vida a políticos corruptos y a criminales profesionales, no los detiene.

En los casos de redes de tratantes de personas he documentado la existencia de cuentas bancarias a nombre de familiares de los delincuentes (desde la madre que vive en la pobreza pero es titular de la cuenta, hasta un fondo de ahorro de 30 millones para un bebé de cuatro años). En el famoso caso Succar, el Ministerio Público Federal tenía evidencia de que el tratante de niñas fungía como lavador de dinero de poderosos políticos y empresarios a través de su hotel en Cancún, por ello congelaron más de 20 millones de dólares.

En la medida en que el Estado crea instrumentos para abatir a la delincuencia, quienes infringen la ley buscan cómo evadirla, pero cuando se trata de lavado de dinero en la política, deben fiscalizarse los propios partidos, cuya corrupción interna y manejo de efectivo depende de su habilidad para distraer a la opinión pública. Efectivamente, hay muchos casos en que los cárteles hacen donativos directos, pero son los menos. Las mafias empresariales, políticas y criminales prefieren tener directamente a sus agentes de confianza en puestos públicos.

Enfrentar en verdad a la delincuencia organizada (nótese que no digo narcotraficantes, porque incluyo tráfico de armas, trata de personas y contrabando) representa una paradoja para el Estado mexicano. Justamente porque entre aquellos que deben aprobar leyes efectivas y aplicables, retirar fueros y crear mecanismos de transparencia están los más poderosos interlocutores de las mafias. Ellos que blanquean dinero en negocios de bienes raíces, hotelería, restaurantes, prostíbulos y en campañas políticas, son el enemigo a vencer. Los dineros sucios se mezclan en los favores que se hacen políticos, empresarios y mafiosos; es allí donde hay que mirar sin distraernos.

Sexo, ética y dinero

No es lo mismo entrevistar a una norteña de 26 años que gana 50 mil pesos mensuales en un prostíbulo VIP, que a una guatemalteca ilegal explotada en Puebla por 300 pesos a la semana. Ni es igual el travesti que controla la calle en Tlalpan con sus redes, que el adolescente gay de Cancún a quien indujeron a las drogas y a ser chichifo para pagarlas. En caso de que se prohibiera la prostitución, las “edecanes, acompañantes o masajistas” que sirven a la clase alta ¿seguirán operando desde las élites y para las élites? Hay quien propone la abolición, que implica mucho trabajo educativo para transformar nuestra visión de la sexualidad, del erotismo y las relaciones entre hombres y mujeres.

 

Legalizar la prostitución, establecer controles sobre quienes la ejercen y erradicar el lenocinio, o determinar jurídica y socialmente que constituye una práctica deshumanizante y debe ser abolida (dando opciones educativas y laborales a las personas). Así se sintetizan las posturas del próximo debate legislativo. El gran reto es entender si en verdad se puede separar la Trata de la prostitución no forzada. Aquí algunos datos y preguntas.

 

El debate académico, que resulta indispensable, debe analizar el creciente poder de las pequeñas y grandes mafias que promueven la mercadotecnia de la sexualidad adolescente como producto de consumo (no como libertad sexual). La demanda de sexo comercial con personas adultas y menores va al alza. Los hombres constituyen el 90% de los clientes y el 70% de líderes de las redes de explotación son varones ¿Asumen su responsabilidad los consumidores o están conscientes de su eventual complicidad? Y los que no consumen ¿donde están? Más de la mitad de las entrenadoras de esclavas sexuales son mujeres que forman parte de colectivos pro-legalización. Hay grupos de mujeres en la industria del sexo que no explotan a otras y se oponen a la Trata, pero han normalizado la violencia inherente.

 

Cada vez más cárteles operan centros nocturnos como negocios de lavado de dinero y tienen interés en que la prostitución persista tal como está. Los tratantes de personas las insertan en la industria del sexo comercial que crea fuentes económicas valiosas cuyos recursos benefician al Estado.

 

Por su parte, los líderes morales de comunidades gay (y TSL) deben revisar sus discursos sobre erotismo, sexualidad, violencia y explotación sexual, ante el creciente mercado sexual de hombres menores.

 

Debatir la Trata y la prostitución no es hablar de sexo, sino de construcciones culturales, relaciones humanas, erotismo, economía, violencia, migración, poder, ética y moral, de sexismo y racismo; de libertad, esclavitud y criminalidad. No hay respuesta fácil, sin embargo urge que este sea un debate informado y realista. En ello va la vida de millones de víctimas.

 

Lydia Cacho
Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86437.html