La iglesia y la homofobia

CONAPRED CONCLUYE PROCEDIMIENTOS DE MINISTROS DE CULTO
DE LA IGLESIA CATÓLI
CA

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) concluyó los expedientes de queja que se abrieron a solicitud de diversos peticionarios en contra de los ministros de culto: Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Cardenal Norberto Rivera Carrera y el padre Hugo Valdemar Romero, por diversas declaraciones en el marco del debate y la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre los matrimonios entre personas del mismo sexo.

En relación al expediente referido al Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo de México y del Sacerdote Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis, este Consejo recibió respuesta rechazando participar en el proceso de conciliación previsto en la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación (LFPED). En esa respuesta se argumentó su derecho al ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, y su perspectiva de no haber violado el derecho a la No discriminación.

 

No obstante, ambos ministros de culto aceptaron tener un diálogo con autoridades del Conapred, así como que la oficina de la Arquidiócesis Primada de México emita un comunicado público en el que se exprese su posición en relación a los matrimonios entre personas del mismo sexo y su postura de respeto a todas las personas sin ningún tipo de discriminación.

 

Por otra parte, en el caso del Cardenal Juan Sandoval Iñiguez, Arzobispo de Guadalajara, este Consejo no recibió respuesta alguna a las diversas notificaciones que se le enviaron para solicitarle información e invitarle a participar en el proceso de conciliación. En el oficio de conclusión de este procedimiento, y con base en la información recibida del caso, el Conapred calificó como acto de discriminación las expresiones emitidas por el Arzobispo de Guadalajara, ya que éstas pueden promover la homofobia y repercutir en el ejercicio de derechos y libertades en condición de igualdad, tal como lo señala el Artículo 9, Fracción XV de la LFPED.

 

Este Consejo reconoce plenamente el derecho que las Iglesias tienen para expresar ante la opinión pública sus puntos de vista sobre los asuntos que interesan a toda la sociedad, como es el caso de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que puedan adoptar. Pero también el límite legal, establecido en el artículo sexto constitucional, que tiene el ejercicio de la libertad de expresión con respecto a los derechos de terceros, por lo cual no se pueden justificar expresiones que atenten contra la dignidad de las personas.

 

La defensa de la igualdad y de la dignidad de todas las personas no sólo es el centro de las democracias constitucionales, sino también parte fundamental de la doctrina de muchas religiones. La propia Iglesia Católica lo expresa en la Carta a los Obispos de la Iglesia Católica sobre la atención pastoral a las personas homosexuales, emitida por la Congregación de la Doctrina de la Fe, que en su número 9 dice:

 

“Es de deplorar con firmeza que las personas homosexuales hayan sido y sean todavía objeto de expresiones malévolas y de acciones violentas. Tales comportamientos merecen la condena de los pastores de la Iglesia, dondequiera que se verifiquen. Revelan una falta de respeto por los demás, que lesiona unos principios elementales sobre los que se basa una sana convivencia civil. La dignidad propia de toda persona siempre debe ser respetada en las palabras, en las acciones y en las legislaciones.”

 

De igual manera el Catecismo de la Iglesia Católica señala en su número 2358 que las personas homosexuales “Deben ser acogidos con respeto (…). Se evitará, respecto a ellos, todo signo de discriminación injusta”.

 

Este Consejo expresa la preocupación por todo tipo de manifestaciones contrarias a la dignidad de las personas, así como por la falta de respuesta a los procesos establecidos en la legislación vigente. Ambas conductas afectan la posibilidad de una sociedad plenamente democrática, incluyente y justa.

 

Conapred exhorta, y seguirá haciéndolo a través de la búsqueda de procesos de diálogo con representantes de la iglesia Católica y de otras iglesias, a promover espacios y prácticas de igualdad, pues en el marco de un Estado democrático y de Derecho, la defensa de la dignidad de las personas es responsabilidad compartida de todas las personas, y de todos los grupos sociales.

Otra del góber piadoso

Las dos niñas, de 14 años, estaban rodeadas de ocho adultos cuando la policía municipal de Tlajomulco, Jalisco, entró luego de recibir una llamada de los vecinos que corroboraron la versión de que en esas casas de interés social operaba una red de tratantes de menores. Las dos pequeñas estaban entre otros 13 menores en la casa de Jorge Arturo López Murillo, quien primero amenazó a los policías con un arma y después les quiso sobornar.

 

Los agentes llevaron a cabo un operativo bien organizado, en cuanto sometieron a los ocho adultos recibieron la oferta; a cambio de su libertad y silencio les ofrecieron tener sexo con las pequeñas. Los policías se rehusaron y cubrieron los cuerpos de las niñas que yacían desnudas. Las menores estaban drogadas. Cuando los policías las protegieron, en lugar de aliarse con los explotadores, ellas les explicaron que el dueño de la casa las había hecho adictas al tonsol (un disolvente más potente que el thinner, comúnmente utilizado por zapateros y que se vende con menos restricciones que los inhalantes comúnmente relacionados con las adiciones de menores en situación de calle). “Con el toncho no sentimos nada”, dijeron las pequeñas aliviadas al ser recatadas.

 

Los policías llevaron a los detenidos a la Procuraduría de Justicia del Estado, donde a pesar de la evidencia y los testimonios, el delegado de la Procuraduría, José Armando Yáñez Navarro, declaró: “No hay elementos para presumir delitos de naturaleza sexual, las 15 menores de edad retenidas negaron que hubiera existido abuso sexual […] estaban ahí por su voluntad, participando en una fiesta”.

 

Según testigos de la propia procuraduría estatal, a las víctimas se les trató con el desprecio con que “se trata a las prostitutas adultas”, las amenazaron con hacerles estudios ginecológicos para saber si las había violado, y ellas lo único que querían era irse a casa. Frente a ellas, Yáñez Navarro declaró lo que luego repitió a los medios de comunicación: “El hecho de que pudieran estar desnudas las chamaquitas no implica un delito de ningún tipo” (aunque los adultos que las retenían fueran mayores de 45 años). Los policías insistieron en que el hecho constituía el delito federal de trata de personas, pero la Procuraduría estatal, a cargo de Tomás Coronado, dejó ir a los detenidos, excepto a dos, acusados también de robo.

 

Los policías Aurelio Hernández, José Ángel García Mercado y Víctor Padilla Ortiz declararon que los adultos tenían al grupo de adolescentes y niñas en su casa, en donde encontraron objetos robados. Algunos vecinos aseguran que el propietario de la casa maneja una red de tratantes de menores para fines de explotación para la mendicidad y el robo, además de la explotación sexual; delitos tipificados como graves en la ley federal.

 

La Procuraduría fue demasiado rápida en desacreditar la existencia del delito de trata. Si el procurador Coronado (a quien se ha vinculado desde su nombramiento con delitos de abuso de menores en Guadalajara) fuese un servidor público responsable, habría pedido asistencia a la Fiscalía que atiende la trata de mujeres y niñas (Fevimtra) y una vez dando la protección y asistencia a las víctimas, junto con el testimonio de los notables policías, Jalisco tendría un caso ejemplar de persecución de trata de menores y atención a las víctimas. Pero es obvio que al góber piadoso y a Coronado el abuso de menores les tiene sin cuidado. ¿Por qué su silencio?

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86049.html