Los “lavadores” de dinero

Manlio Fabio Beltrones retó al presidente Calderón: que si tiene nombres de narcopolíticos que los diga. El priísta bien sabe que no se puede hacer pública la lista en que se investiga por enriquecimiento inexplicable a más de 140 políticos de diferentes niveles. En ella están desde famosos dinosaurios hasta desconocidos alcaldes. La razón obvia para no hacer pública la lista es que entorpecería las propias pesquisas, y la razón más compleja es que la obsesión de Calderón por vincular todos los delitos con narcotraficantes como autores de todos los males del país, lo deja la mitad de las veces con la boca llena y las manos vacías.

Julio César Godoy, el diputado acusado ahora de lavado de dinero, nos da la pista de lo que realmente debemos mirar. Asegura que la PGR miente al relacionar los 24 millones de pesos en sus cuentas bancarias con dinero del narcotráfico. “El hecho de que yo pudiera no haber pagado impuestos, no significa que reciba dinero del narco”, dijo Godoy en un desliz confesional sobre evasión fiscal que pocos han comentado.

El lavado de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Todos los partidos utilizan grandes cantidades de efectivo, para ello cuentan con estrategias de robo y reacomodo de fondos públicos y obtención de fondos privados que ocultan en casas de seguridad, o con movimientos en bancos offshore, desde donde se triangulan pagos para que el dinero reingrese a través de empresas consultoras de imagen o publicidad política. Si bien es cierto que la ley que acota los depósitos en México ha complicado la vida a políticos corruptos y a criminales profesionales, no los detiene.

En los casos de redes de tratantes de personas he documentado la existencia de cuentas bancarias a nombre de familiares de los delincuentes (desde la madre que vive en la pobreza pero es titular de la cuenta, hasta un fondo de ahorro de 30 millones para un bebé de cuatro años). En el famoso caso Succar, el Ministerio Público Federal tenía evidencia de que el tratante de niñas fungía como lavador de dinero de poderosos políticos y empresarios a través de su hotel en Cancún, por ello congelaron más de 20 millones de dólares.

En la medida en que el Estado crea instrumentos para abatir a la delincuencia, quienes infringen la ley buscan cómo evadirla, pero cuando se trata de lavado de dinero en la política, deben fiscalizarse los propios partidos, cuya corrupción interna y manejo de efectivo depende de su habilidad para distraer a la opinión pública. Efectivamente, hay muchos casos en que los cárteles hacen donativos directos, pero son los menos. Las mafias empresariales, políticas y criminales prefieren tener directamente a sus agentes de confianza en puestos públicos.

Enfrentar en verdad a la delincuencia organizada (nótese que no digo narcotraficantes, porque incluyo tráfico de armas, trata de personas y contrabando) representa una paradoja para el Estado mexicano. Justamente porque entre aquellos que deben aprobar leyes efectivas y aplicables, retirar fueros y crear mecanismos de transparencia están los más poderosos interlocutores de las mafias. Ellos que blanquean dinero en negocios de bienes raíces, hotelería, restaurantes, prostíbulos y en campañas políticas, son el enemigo a vencer. Los dineros sucios se mezclan en los favores que se hacen políticos, empresarios y mafiosos; es allí donde hay que mirar sin distraernos.

Huérfanos de la guerra

Andrés, de siete años estaba en la sala cuando la policía entró a casa y comenzó la balacera. El único testigo presencial del asesinato del padre, madre y abuela es este pequeño que no puede dormir con la luz apagada y que se orina cada vez que escucha ruidos similares a balazos. Carolina, de cuatro años, se quedó en el kínder esperando a su madre que nunca volvió porque la levantaron y no se investigó cómo o por qué apareció muerta en Ciudad Juárez. Irene, de ocho años, Guadalupe de 11, Ernesto, Carlos, Javier, de seis años, temen jugar a la pelota en las calles de su natal Chihuahua porque “vienen los malos que matan”. Ellos y ellas no saben si los malos que matan son soldados, narcotraficantes, policías o delincuentes comunes. Son, simplemente, adultos.

 

Nueve mil ochocientos. Esta página no alcanza para escribir los nombres de 9 mil 800 criaturas huérfanas por la guerra en el estado más violento del país: Chihuahua. Imagine que en los últimos dos años se desplomaran 80 aviones comerciales y todos los pasajeros fallecieran. Esa es la cantidad de madres, padres o tutores que murieron como producto directo o indirecto de la guerra, sólo en Ciudad Juárez. Eran empleadas, burócratas, policías, narcos, maestras, desempleados, estudiantes o transeúntes en el lugar equivocado. Tras su muerte, quedaron 9 mil 800 menores.

 

Poco a poco las valientes organizaciones civiles de Juárez definen el mapa de la orfandad. Ya César Duarte, gobernador de Chihuahua, ha declarado que su gobierno destinará 100 millones de pesos para asistir a las y los pequeños. La aplicación de estos recursos puede sentar un precedente de lo que debe hacer México por los miles de niños y niñas que la guerra deja detrás de sí, como un daño colateral sin voz ni voto, como testigos de las masacres y el desaliento, de la corrupción o la injusticia. Este no puede ser un típico programa limosnero que entrega dinero a las familias para subsanar gastos de hambre y pobreza. Puede ser, en cambio, un programa multidisciplinario de largo plazo, que asegure becas escolares y alimenticias a las y los pequeños, que les asegure terapias a quienes atestiguaron la muerte; miles de chavales cuya corta vida les ha enseñado a temer, a desconfiar, a odiar. (Ya se propone la creación de escuelas con el modelo Waldorf en Chihuahua y la creación de redes de familias sustitutas, por ejemplo.)

 

Mientras las élites juegan a defender monopolios políticos, mediáticos y telefónicos; aquí, mirándonos a los ojos, está el verdadero rostro de la guerra; miles de niños y niñas que necesitan estructura, afectos, educación y alimentación para edificar una vida digna. Si somos capaces de defender y construir la paz con la misma vehemencia con que se argumenta y defiende la violencia, daremos el primer paso.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86725.html

Los patriarcas del mal

Son hombres, casi todos, de más de 50 años. Empresarios entrados a políticos, políticos convertidos en empresarios. Son ellos quienes, al acercarse un huracán, añoran que entre con fuerza para que el Fonden salve lo que los políticos destruyeron. Son ellos los que pagan millones para hacer negocios con permisos que rompían reglas y leyes. Son ellos los que tienen los monopolios y se hacen mártires cuando alguien les cuestiona. Son esa generación de mexicanos que conducen autos blindados, que se codean con la élite y con los pomposos y corruptos líderes eclesiásticos que, más que a Dios, sirven al poder que finge ser deidad.

 

Ellos también nos gobiernan; han colaborado, junto con los gobiernos anteriores, al debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil; son ellos y no otros los que hace una década negaron los feminicidios y la corrupción, nutriendo la impunidad que hoy les asombra.

 

Son ellos, y no otros, los que, por décadas han considerado que México es su coto, su changarrito, su lodazal para revolcarse. Son ellos y no otros los que desprecian a los 7 millones de jóvenes sin trabajo y sin escuela a quienes despectivamente llaman ninis. Son esos empresarios y líderes los que parecen sorprendidos por la realidad, como si no fuesen arquitectos del país que tenemos. Son los líderes inmorales del país los que le tienden la cama a Peña Nieto, pues creen que más de los mismo es bueno (aunque sea un espejismo, hasta para ellos). Son esos millonarios que destrozan sin piedad a Calderón, no por sus errores estratégicos, sino porque rompió los pactos de la colusión del poder (aunque haya permitido otros pactos).

 

Ellos brindan por el regreso de Salinas, porque la geografía de la inmoralidad reviva. Ellos se quejan por las extorsiones de Los Zetas, como si esa descomposición social no tuviera padre. Como si con su manipulación mediática no desinformaran en la tv con el espectáculo telenovelero de la ignorancia que finge ser periodismo; son ellos los que, entre la ética y el desprecio por la humanidad, prefieren el desprecio.

 

Esos patriarcas del mal son los que se preguntan: ¿Quién nos iba a decir que desaparecer un cacique nos iba a enfrentar a otros 32? Pero los caciques provincianos son también su hechura. Cuando les dieron dinero para callar o hablar, cuando les perdonaron desde asesinatos hasta protección de la delincuencia organizada y pederastia. Son ellos los que se hacen los dignos, y buscan salvavidas sólo para su clase.

 

Pero son pocos, aunque dañen como muchos. Hay millones de personas para exponerlos, para recordar que el país es nuestro, que no hay rendición, ni la habrá. Ellos son los “no-nos” (no al progreso, no a la justicia).

 

Son la verdadera generación perdida de México.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86557.html

Diluvio del fin del mundo

Mandé un tweet informando la urgencia de enviar alimentos para bebés a Veracruz. El peligro de que cientos de infantes mueran como resultado de las inundaciones es real, pues muchos ya sufrían problemas de desnutrición y enfermedades debilitantes. De inmediato recibí respuestas de solidaridad, pero también mensajes argumentando que debemos sabotear todo intento de donativos y ayudas cívicas.

 

El argumento detrás de esta petición parte de una lógica: durante las últimas elecciones los gobiernos de los estados más afectados por las inundaciones se robaron cantidades ingentes de recursos públicos para sus campañas.

 

Los tuiteros rebeldes argumentan que debemos utilizar la fuerza social para presionar a las autoridades en lugar de hacerles el trabajo. Que si la sociedad sigue “haciendo obras de caridad” luego de cada desastre natural los gobernantes se cruzarán de brazos. Teóricamente tienen razón, y si viviéramos en Noruega o Suecia seguramente me sumaría a su decisión. Sin embargo, además de la obvia corrupción, creo que el tema central es que, durante años, gobiernos y sociedad hemos ignorado las advertencias (desde los mayas hasta los científicos contemporáneos) sobre el cambio climático.

 

Evidentemente, hay un asunto político y ético relacionado con la negativa de los Estados Unidos desde hace tiempo para firmar el tratado de Kioto, ante la incapacidad de las grandes corporaciones y empresas turísticas para entender el impacto destructivo de las emisiones de carbono y asumir su responsabilidad. Y está la necedad del gobierno federal al descalificar la importancia del subsidio de energías alternativas.

 

Claro que es importante negociar, presionar, manifestarse, rebelarse para que no vivamos de crisis en crisis, para que México deje de darnos atole con el discurso. Pero también es cierto que hay vidas humanas que peligran y necesitan de la ayuda de otros. Ellos no son culpables de la ineficiencia o la corrupción oficial; negarles la ayuda por ese motivo equivale a victimizarlos dos veces. Cada quien elige si alivia el sufrimiento de los necesitados o no. En lugar de boicotear la ayuda por temor al desvío o la rapiña burocrática habría que hacer un mayor esfuerzo en exigir rendición de cuentas y transparencia sobre los montos de ayuda y la manera en que se distribuye. Y más vale que lo hagamos pronto: el cambio climático nos garantiza, por desgracia, que cada vez serán más frecuentes las comunidades devastadas por los desastres naturales. Hay momentos para luchar y momentos para la solidaridad, no son excluyentes.