El precioso, el narco y sus aviones

A las tres niñas americanas de Florida las trajeron en un avión privado; decían que era de un gobernador, declaró una de las niñas mexicanas víctima de la red de trata sexual de Cancún en 2004. Nadie inició esa línea de investigación; pero ahora la DEA descubre la existencia de la empresa Servicios Aéreos Milenio, S.A de C.V, cuyo principal cliente es el gobierno de Puebla y las administraciones priístas de nueve estados. Se sabe que Mario Marín Torres destinó de manera irregular 66.4 millones de dólares para adquirir una flota de helicópteros y aviones a través de su hijo Mario Marín García y prestanombres que ya han declarado ante las autoridades.

El diario Acento Veintiuno publicó en octubre información sobre la existencia de la empresa; fuentes oficiales de la agencia norteamericana DEA me han confirmado que esta investigación en efecto es producto de un trabajo de colaboración con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ese mismo diario revela la conversación en que el Diputado poblano Ricardo Urzúa (PRI) explica cómo el entonces gobernador de Quintana Roo, Joaquin Hendriks, entregó 300 mil dólares al Gober precioso para la empresa aérea. Esta fue creada con recursos públicos y está a nombre del hijo de Marín, quien ahora es investigado porque en una de sus aeronaves viajaba, según DEA y SIEDO, el capo Arturo Beltrán Leyva. Todo fue descubierto porque se detuvo al empresario mexicano Darío López Fernández, por contrabando de dinero en efectivo, en el aeropuerto de Miami, Florida en julio pasado.

Acento Veintiuno reveló en su momento lo que ahora ha sido ratificado: que López Fernández adquirió un Helicóptero Bell matrícula XA-IMS de Maclovio Hernández, ligado a operaciones del narcotráfico. López Fernández y Hernández tenían una sociedad empresarial que usaba las aeronaves KING AIR– matrícula XB-DLS y un Cessna 182 matrícula XB-KWE y la PGR identificó que la aeronave era utilizada por el narcotraficante Beltrán Leyva para escapar de un cerco policíaco en Puebla. Es la misma nave que transportó, en su campaña 2010, al delfín de Marín a la gubernatura, Javier López Zavala (PRI-PVEM).

Mario Marín, que en 2005 protegió a la red de pederastas y tratantes de niñas de Quintana Roo, es propietario de 7 helicópteros Bell 407, con valor de 21 millones de dólares; 2 Bell 206, 2 Augusta de 16 millones de dólares. Además pagó 600 mil dólares por dos aeronaves Cessna 2008 XA-TWT. Un Sabre Cinergo, matrícula XA-GUR en 300 mil dólares, un Falcon 20 en 350 mil dólares y 4 Lear Jet 45. Un agente de Interpol me asegura que la evidencia es absoluta.

El Presidente Calderón ha solicitado a la sociedad, con razón, que diga lo que sabe sobre la colusión de servidores públicos, el lavado de dinero y la delincuencia organizada. La denuncia y la investigación ya están aquí. Ocho gobernadores priístas han despilfarrado millones de dólares (del erario público) para favorecer la empresa aeronáutica de Mario Marín que, según la propia autoridad ha sido utilizada, entre otras cosas, para transportar importantes cantidades de dólares en efectivo desde México hasta Texas y Florida. En estas aeronaves cuya empresa ha operado bajo la opacidad de prestanombres ahora revelados, se transportaron menores, dinero sucio, delincuentes y políticos. La pregunta es: ¿habrá castigos ejemplares? O seguirán jugando a la gallina ciega.

Los “lavadores” de dinero

Manlio Fabio Beltrones retó al presidente Calderón: que si tiene nombres de narcopolíticos que los diga. El priísta bien sabe que no se puede hacer pública la lista en que se investiga por enriquecimiento inexplicable a más de 140 políticos de diferentes niveles. En ella están desde famosos dinosaurios hasta desconocidos alcaldes. La razón obvia para no hacer pública la lista es que entorpecería las propias pesquisas, y la razón más compleja es que la obsesión de Calderón por vincular todos los delitos con narcotraficantes como autores de todos los males del país, lo deja la mitad de las veces con la boca llena y las manos vacías.

Julio César Godoy, el diputado acusado ahora de lavado de dinero, nos da la pista de lo que realmente debemos mirar. Asegura que la PGR miente al relacionar los 24 millones de pesos en sus cuentas bancarias con dinero del narcotráfico. “El hecho de que yo pudiera no haber pagado impuestos, no significa que reciba dinero del narco”, dijo Godoy en un desliz confesional sobre evasión fiscal que pocos han comentado.

El lavado de dinero llevado a cabo por los políticos mexicanos es más complejo de lo que nos quieren hacer creer. Todos los partidos utilizan grandes cantidades de efectivo, para ello cuentan con estrategias de robo y reacomodo de fondos públicos y obtención de fondos privados que ocultan en casas de seguridad, o con movimientos en bancos offshore, desde donde se triangulan pagos para que el dinero reingrese a través de empresas consultoras de imagen o publicidad política. Si bien es cierto que la ley que acota los depósitos en México ha complicado la vida a políticos corruptos y a criminales profesionales, no los detiene.

En los casos de redes de tratantes de personas he documentado la existencia de cuentas bancarias a nombre de familiares de los delincuentes (desde la madre que vive en la pobreza pero es titular de la cuenta, hasta un fondo de ahorro de 30 millones para un bebé de cuatro años). En el famoso caso Succar, el Ministerio Público Federal tenía evidencia de que el tratante de niñas fungía como lavador de dinero de poderosos políticos y empresarios a través de su hotel en Cancún, por ello congelaron más de 20 millones de dólares.

En la medida en que el Estado crea instrumentos para abatir a la delincuencia, quienes infringen la ley buscan cómo evadirla, pero cuando se trata de lavado de dinero en la política, deben fiscalizarse los propios partidos, cuya corrupción interna y manejo de efectivo depende de su habilidad para distraer a la opinión pública. Efectivamente, hay muchos casos en que los cárteles hacen donativos directos, pero son los menos. Las mafias empresariales, políticas y criminales prefieren tener directamente a sus agentes de confianza en puestos públicos.

Enfrentar en verdad a la delincuencia organizada (nótese que no digo narcotraficantes, porque incluyo tráfico de armas, trata de personas y contrabando) representa una paradoja para el Estado mexicano. Justamente porque entre aquellos que deben aprobar leyes efectivas y aplicables, retirar fueros y crear mecanismos de transparencia están los más poderosos interlocutores de las mafias. Ellos que blanquean dinero en negocios de bienes raíces, hotelería, restaurantes, prostíbulos y en campañas políticas, son el enemigo a vencer. Los dineros sucios se mezclan en los favores que se hacen políticos, empresarios y mafiosos; es allí donde hay que mirar sin distraernos.

Los patriarcas del mal

Son hombres, casi todos, de más de 50 años. Empresarios entrados a políticos, políticos convertidos en empresarios. Son ellos quienes, al acercarse un huracán, añoran que entre con fuerza para que el Fonden salve lo que los políticos destruyeron. Son ellos los que pagan millones para hacer negocios con permisos que rompían reglas y leyes. Son ellos los que tienen los monopolios y se hacen mártires cuando alguien les cuestiona. Son esa generación de mexicanos que conducen autos blindados, que se codean con la élite y con los pomposos y corruptos líderes eclesiásticos que, más que a Dios, sirven al poder que finge ser deidad.

 

Ellos también nos gobiernan; han colaborado, junto con los gobiernos anteriores, al debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil; son ellos y no otros los que hace una década negaron los feminicidios y la corrupción, nutriendo la impunidad que hoy les asombra.

 

Son ellos, y no otros, los que, por décadas han considerado que México es su coto, su changarrito, su lodazal para revolcarse. Son ellos y no otros los que desprecian a los 7 millones de jóvenes sin trabajo y sin escuela a quienes despectivamente llaman ninis. Son esos empresarios y líderes los que parecen sorprendidos por la realidad, como si no fuesen arquitectos del país que tenemos. Son los líderes inmorales del país los que le tienden la cama a Peña Nieto, pues creen que más de los mismo es bueno (aunque sea un espejismo, hasta para ellos). Son esos millonarios que destrozan sin piedad a Calderón, no por sus errores estratégicos, sino porque rompió los pactos de la colusión del poder (aunque haya permitido otros pactos).

 

Ellos brindan por el regreso de Salinas, porque la geografía de la inmoralidad reviva. Ellos se quejan por las extorsiones de Los Zetas, como si esa descomposición social no tuviera padre. Como si con su manipulación mediática no desinformaran en la tv con el espectáculo telenovelero de la ignorancia que finge ser periodismo; son ellos los que, entre la ética y el desprecio por la humanidad, prefieren el desprecio.

 

Esos patriarcas del mal son los que se preguntan: ¿Quién nos iba a decir que desaparecer un cacique nos iba a enfrentar a otros 32? Pero los caciques provincianos son también su hechura. Cuando les dieron dinero para callar o hablar, cuando les perdonaron desde asesinatos hasta protección de la delincuencia organizada y pederastia. Son ellos los que se hacen los dignos, y buscan salvavidas sólo para su clase.

 

Pero son pocos, aunque dañen como muchos. Hay millones de personas para exponerlos, para recordar que el país es nuestro, que no hay rendición, ni la habrá. Ellos son los “no-nos” (no al progreso, no a la justicia).

 

Son la verdadera generación perdida de México.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86557.html

Calderón en el quirófano

Imagine que México es un enfermo y el Presidente es su médico. Supongamos que el doctor Calderón recibe al paciente e inmediatamente lo mete al quirófano para extirpar un tumor que, efectivamente, existe. Abre en canal y explora los órganos: saca un tumor aquí, un quiste allá, mientras el intestino se desangra, decide incursionar en el riñón y el corazón. Otro médico le advierte que hay un cáncer y que esa cirugía no se debió llevar a cabo sin un buen oncólogo y previo diagnóstico y pruebas de un equipo multidisciplinario especializado. Pero no escucha.

 

Otros médicos le advierten que puede causar una metástasis (que el cáncer se disemine a todos los órganos) y el médico comienza a gritar que ya no hay vuelta atrás, ya abrieron y ahora hay que seguirle.

 

Elige a tres colegas que pretenden saberlo todo y se dedican a tareas que no necesariamente les corresponden. Todos desconfían de todos y cada uno lleva a cabo sus propios análisis. Cada tanto salen a confrontar a la familia; llevan consigo radiografías y frascos con trozos de tumores, celebran sus hallazgos y cuando la familia les cuestiona sobre la enfermedad, se indignan diciendo que hacen lo que pueden bajo esas circunstancias. ¿Pero qué circunstancias?, pregunta la madre del paciente, si no nos prepararon para abrirlo antes de hacer más estudios y tener claridad de qué medicina usaríamos, todos, para erradicar la enfermedad y no sólo sus efectos visibles. ¡Nosotros somos los expertos!, responden los médicos molestos. ¿Y cómo me puede asegurar que no saldrán más tumores en una semana?, pregunta el padre del enfermo. Nadie puede asegurarlo, es usted un malagradecido, estamos atendiendo a su hijo y encima nos cuestiona. Vuelven al quirófano y la escena se repite hasta perder sentido.

 

Ni Calderón ni el país estaban preparados para esta operación. Escasamente mencionó la lucha contra el narco en campaña. El Congreso y el Senado actuaron irresponsablemente. Se negaron a escuchar a expertos que advirtieron la inminente necesidad de reestructurar el sistema de justicia penal y asegurarse de tener un buen equipo experto y blindado de ministerios públicos y jueces especializados en delincuencia organizada. Eligieron a procuradores débiles que mantuvieron a la PGR/SIEDO y al Poder Judicial casi intocados, cuyo reporte diario es: “estamos infiltrados, señor”.

 

Guillermo Ortiz Mayagoitia dice que tiene la solución, pero no lo escuchan. García Luna decidió que pasará a la historia creando el mejor sistema de inteligencia de Latinoamérica. Pero, obsesionado con su imagen (como el que presume tumores), ha creado su propio reality show televisivo. Una y otra vez hace montajes teatrales (engañando a los medios y sociedad) bajo el argumento de que no puede confiar ni en ministerios públicos ni en jueces de su equipo, entre quienes sin duda hay gente calificada y honesta, hacen el trabajo de inteligencia; dan golpes e inventan expedientes para justificar la ausencia de MPs y jueces confiables. Llama la atención que entiendan que fingir justicia, además de ser ilegal, los desacredita y no cura la enfermedad: la propaga más. Para tumores, el michoacanazo. El país y los medios les están diciendo: sabemos que hay enfermedad, vamos a la cura de fondo porque este opaco teatro justiciero debilita al país. Ya nadie cree que la violencia incrementará si hay replanteamiento. Mientras tanto la reforma penal espera a ser atendida.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86373.html”