Rescatada de un secuestro

La joven de 15 años conoció por Facebook a un supuesto joven que deseaba hacerse su amigo. Luego de un par de meses de ciberamistad, él le propuso que se encontraran en la estación de autobuses. Ella no le dijo a nadie lo que haría; al llegar a la cita, tres sujetos en una camioneta la levantaron y ella logró enviar a su hermano un mensaje de su celular. Éste, a su vez, pidió ayuda a una organización civil que defiende mujeres. La búsqueda desesperada comenzó. Un nuevo mensaje del celular advirtiendo que había tomado carretera hacia Tulum inspiró al hermano a leer el correo y las cuentas de redes sociales de su hermana; localizaron la identidad de uno de los secuestradores.

 

Las abogadas de la asociación acudieron con el hermano a la Fiscalía para Delitos Sexuales y Trata de Personas de Cancún, a la cual solamente han sido asignados y capacitados dos policías judiciales en el tema de trata para fines de explotación sexual comercial. Unas horas después, la adolescente fue rescatada por la Procuraduría y está de vuelta con su familia.

 

El Ministerio Público, el policía, la fiscal, la familia de la víctima y las abogadas tienen algo en común: la preocupación de que a pesar de existir una ley contra la trata de personas, de tener detenidos a los hombres que se llevaron a la joven, de contar con un móvil delictivo, no logren detener y desactivar de manera efectiva a esta red de tratantes de adolescentes.

 

Tienen mucho en su contra: un sistema penal obsoleto, la corrupción de otros miembros de la Procuraduría y el poder de las mafias, la falta de capacitación de ministerios públicos para documentar adecuadamente los delitos, y la falta de conocimiento de la nueva ley por parte de los jueces locales. Sin embargo, esos policías, esa fiscal, ese Ministerio Público y esas abogadas seguirán insistiendo en que éste y otros casos similares se persigan. Lo harán, en sus propias palabras, porque “así se construye el estado de derecho”, porque “salvar la vida e integridad de una persona concreta es lo más importante”; porque “vamos creando cultura de legalidad y capacitándonos para cuando ya esté en efecto la reforma de justicia penal y tengamos un sistema penal acusatorio en lugar de este que es inquisitivo y de probada inoperancia”, “porque debemos demostrar que hay policías no corruptos que van contra la impunidad, sin abuso de poder”.

 

Después de tantos años como reportera, debo confesar que hace tiempo no me sentía tan inspirada por un grupo tan lleno de convicciones; sin gran presupuesto, con exceso de trabajo y en apariencia con todo en contra, dos policías, una fiscal, una abogada que trabaja sin fines de lucro y un hermano valiente que no se resignó ante el destino trágico, no solamente salvaron una vida, lo hicieron con legalidad y practicando para un futuro posible donde imperen la ley, la seguridad y la justicia. Cada una de las personas involucradas en esta historia afortunada está cambiando al país. Nos recuerdan que nada evoluciona por sí solo, que las transformaciones son procesos a veces lentos y accidentados, pero siempre posibles cuando hay congruencia y honestidad.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/87663.html

¡Atrapen al policía!

Los entrenaron en técnicas antisecuestro, les enseñaron a ir con pasamontañas para proteger su identidad, aprendieron estrategias de inteligencia militar para abatir a la delincuencia. Algunos de ellos saben “campanear” líneas telefónicas para hacer escuchas policiacas, otros saben detectar vehículos y personas que transportan drogas, y unos más fueron capacitados en el hackeo para detectar delitos cibernéticos. Ellos son policías municipales, estatales o federales que a lo largo de los últimos cinco años han sido preparados para intentar abatir, como fuera, a la desorbitada delincuencia. Cientos de estos responsables de la seguridad reprobaron los exámenes de control de confianza que incluyen: análisis toxicológicos, sicométricos, polígrafo, de control de confianza, de aptitudes. Es decir, un alto porcentaje consume drogas y se alió a pequeñas o grandes bandas criminales, ya sea al venderles protección o al participar directamente en la comisión de delitos.

 

Son 572 policías sucios en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país. Son 600 judiciales expulsados en el Estado de México y otros tantos en Ciudad Juárez, fueron casi 4 mil elementos los despedidos este año por la Policía Federal. En todo el país, durante 2010, diversas policías se han depurado, dando de baja a casi 20 mil agentes con diversos grados de capacitación, todos ellos con manejo y acceso a armas de fuego y con amistades y redes de apoyo dentro de las corporaciones policiacas. Nadie irá tras ellos.

Si bien el Centro Nacional de Evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una reglamento nuevo y ha implementado un modelo de evaluación policiaca que urgía en México y que resulta útil, queda un cabo suelto que representa un peligro real. La impunidad de la que gozan estos agentes corruptos propicia que el despido de sus corporaciones represente, simplemente, el inicio de una segunda carrera: la delincuencia, pero ahora sin charola.

 

Efectivamente, se ha creado un padrón en donde se certifican sus huellas digitales y se graba su voz para cotejarla con el banco de audios obtenidos de secuestradores y extorsionadores; eso es un logro importante, sin embargo, varias policías municipales siguen contratándolos en otros estados, a pesar del padrón. Las autoridades saben que cientos de los depurados terminarán en las nóminas de los cárteles o las bandas de secuestradores o tratantes de personas. La pregunta es: ¿por qué no se han creado mecanismos para investigar y juzgar adecuadamente a policías corruptos?, ¿por qué ellos simplemente van a la calle por delitos que llevarían a un ciudadano común a prisión?

 

Entre tanta tragedia, algunas cosas muy buenas están sucediendo en México. Hace dos años se aprobó la reforma del sistema de justicia penal, para pasar de un sistema inquisitivo (anacrónico, opaco y estructuralmente injusto) a uno acusatorio en que habrá verdadera transparencia, porque cuenta con mecanismos para llevar a cabo juicios abiertos. Llevará más de seis años implementarlo porque se están construyendo salas para juicios orales y el Inacipe está capacitando a miles de personas. Ciertamente, se están abriendo puertas hacia el progreso del sistema penal, hacia la justicia, pero la pregunta es: ¿cómo harán las autoridades para cerrar las ventanas por las que escapa impunemente este brazo traidor del Estado?

Huérfanos de la guerra

Andrés, de siete años estaba en la sala cuando la policía entró a casa y comenzó la balacera. El único testigo presencial del asesinato del padre, madre y abuela es este pequeño que no puede dormir con la luz apagada y que se orina cada vez que escucha ruidos similares a balazos. Carolina, de cuatro años, se quedó en el kínder esperando a su madre que nunca volvió porque la levantaron y no se investigó cómo o por qué apareció muerta en Ciudad Juárez. Irene, de ocho años, Guadalupe de 11, Ernesto, Carlos, Javier, de seis años, temen jugar a la pelota en las calles de su natal Chihuahua porque “vienen los malos que matan”. Ellos y ellas no saben si los malos que matan son soldados, narcotraficantes, policías o delincuentes comunes. Son, simplemente, adultos.

 

Nueve mil ochocientos. Esta página no alcanza para escribir los nombres de 9 mil 800 criaturas huérfanas por la guerra en el estado más violento del país: Chihuahua. Imagine que en los últimos dos años se desplomaran 80 aviones comerciales y todos los pasajeros fallecieran. Esa es la cantidad de madres, padres o tutores que murieron como producto directo o indirecto de la guerra, sólo en Ciudad Juárez. Eran empleadas, burócratas, policías, narcos, maestras, desempleados, estudiantes o transeúntes en el lugar equivocado. Tras su muerte, quedaron 9 mil 800 menores.

 

Poco a poco las valientes organizaciones civiles de Juárez definen el mapa de la orfandad. Ya César Duarte, gobernador de Chihuahua, ha declarado que su gobierno destinará 100 millones de pesos para asistir a las y los pequeños. La aplicación de estos recursos puede sentar un precedente de lo que debe hacer México por los miles de niños y niñas que la guerra deja detrás de sí, como un daño colateral sin voz ni voto, como testigos de las masacres y el desaliento, de la corrupción o la injusticia. Este no puede ser un típico programa limosnero que entrega dinero a las familias para subsanar gastos de hambre y pobreza. Puede ser, en cambio, un programa multidisciplinario de largo plazo, que asegure becas escolares y alimenticias a las y los pequeños, que les asegure terapias a quienes atestiguaron la muerte; miles de chavales cuya corta vida les ha enseñado a temer, a desconfiar, a odiar. (Ya se propone la creación de escuelas con el modelo Waldorf en Chihuahua y la creación de redes de familias sustitutas, por ejemplo.)

 

Mientras las élites juegan a defender monopolios políticos, mediáticos y telefónicos; aquí, mirándonos a los ojos, está el verdadero rostro de la guerra; miles de niños y niñas que necesitan estructura, afectos, educación y alimentación para edificar una vida digna. Si somos capaces de defender y construir la paz con la misma vehemencia con que se argumenta y defiende la violencia, daremos el primer paso.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86725.html

Los patriarcas del mal

Son hombres, casi todos, de más de 50 años. Empresarios entrados a políticos, políticos convertidos en empresarios. Son ellos quienes, al acercarse un huracán, añoran que entre con fuerza para que el Fonden salve lo que los políticos destruyeron. Son ellos los que pagan millones para hacer negocios con permisos que rompían reglas y leyes. Son ellos los que tienen los monopolios y se hacen mártires cuando alguien les cuestiona. Son esa generación de mexicanos que conducen autos blindados, que se codean con la élite y con los pomposos y corruptos líderes eclesiásticos que, más que a Dios, sirven al poder que finge ser deidad.

 

Ellos también nos gobiernan; han colaborado, junto con los gobiernos anteriores, al debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil; son ellos y no otros los que hace una década negaron los feminicidios y la corrupción, nutriendo la impunidad que hoy les asombra.

 

Son ellos, y no otros, los que, por décadas han considerado que México es su coto, su changarrito, su lodazal para revolcarse. Son ellos y no otros los que desprecian a los 7 millones de jóvenes sin trabajo y sin escuela a quienes despectivamente llaman ninis. Son esos empresarios y líderes los que parecen sorprendidos por la realidad, como si no fuesen arquitectos del país que tenemos. Son los líderes inmorales del país los que le tienden la cama a Peña Nieto, pues creen que más de los mismo es bueno (aunque sea un espejismo, hasta para ellos). Son esos millonarios que destrozan sin piedad a Calderón, no por sus errores estratégicos, sino porque rompió los pactos de la colusión del poder (aunque haya permitido otros pactos).

 

Ellos brindan por el regreso de Salinas, porque la geografía de la inmoralidad reviva. Ellos se quejan por las extorsiones de Los Zetas, como si esa descomposición social no tuviera padre. Como si con su manipulación mediática no desinformaran en la tv con el espectáculo telenovelero de la ignorancia que finge ser periodismo; son ellos los que, entre la ética y el desprecio por la humanidad, prefieren el desprecio.

 

Esos patriarcas del mal son los que se preguntan: ¿Quién nos iba a decir que desaparecer un cacique nos iba a enfrentar a otros 32? Pero los caciques provincianos son también su hechura. Cuando les dieron dinero para callar o hablar, cuando les perdonaron desde asesinatos hasta protección de la delincuencia organizada y pederastia. Son ellos los que se hacen los dignos, y buscan salvavidas sólo para su clase.

 

Pero son pocos, aunque dañen como muchos. Hay millones de personas para exponerlos, para recordar que el país es nuestro, que no hay rendición, ni la habrá. Ellos son los “no-nos” (no al progreso, no a la justicia).

 

Son la verdadera generación perdida de México.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86557.html

Prisión sin condena

Sólo pasé unas horas en la cárcel en diciembre del 2005. Las historias que escuché comenzaban con “nunca pensé que me sucedería a mí”. Llevaban años sin juicio por robo de dos latas de leche para bebé o presa por ayudar a las sindicalizadas de la maquiladora, o por haber perdido a su bebé. Entre mi miedo y su miedo a ser devoradas en la oscuridad del encierro por un sistema penal corrupto e ineficaz, ninguna de nosotras, hasta ese día, habíamos pensado en lo que significa la prisión preventiva en México, es decir, la prisión sin condena.

 

“Hasta que te toca entiendes”, me dijo un fiscal durante el año en que firmaba semanalmente mi libertad condicional. Yo tenía abogadas y mi caso no pudo ocultarse porque estaba relacionado con una denuncia periodística, pero hay en el mundo tres millones de personas indefensas en prisión preventiva; por ello pasan el resto de sus vidas entre ministerios públicos ineficaces, abogados abusivos y jueces ineficientes o corruptos.

 

Una estudiante universitaria me preguntó cómo evitar incurrir en la corrupción cuando un policía amenaza con meterte a prisión por una falta menor. No es fácil, el impulso de proteger nuestra libertad es muy poderoso, sobre todo en un país en que la aplicación de la ley es tan arbitraria y abusa del ambiguo concepto de prisión preventiva, o sin condena.

 

Gracias al libro Prisión sin condena (Ed. Debate), coordinado por el reconocido periodista Marco Lara Klahr, dimensionamos la magnitud del problema: “La prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque les da el mismo trato a los culpables y a los inocentes. Además, la indefensión que acarrea la prisión preventiva, favorece la impunidad, agrava la inseguridad pública y tiene un alto costo económico”. Por desgracia, los argumentos de quienes conducen la guerra contra el narco nos han hecho creer que es mejor que haya muchos inocentes encarcelados que unos cuantos culpables peligrosos libres.

 

Este magnífico libro nos ayuda a entender, con historias reales y cifras concretas, por qué es que casi toda la sociedad (salvo los poderosos) siente un inquietante desconcierto sobre la manera en que se impone la justicia. Hay más personas que temen que algún día les alcance el brazo de la injusticia que aquellas que le temen al puño de la ley. Por un lado exigimos leyes y penas más severas para secuestradores, pederastas, productores de pornografía infantil o tratantes de personas; por el otro tememos que esas penas se apliquen a inocentes. Aquí el problema es que el 95% de los delitos permiten aplicar prisión preventiva (antes era sólo para delitos graves).

 

El costo económico de la prisión preventiva equivale al 62% del gasto federal en seguridad pública; mantener a miles de personas en el limbo de prisión sin condena nos cuesta 4,890 millones de pesos. Sumado a ello está el costo emocional y familiar, así como los efectos nocivos de que miles de personas sean privadas de su libertad durante años bajo la premisa del Estado mexicano que “no busca quién cometió el delito sino quién lo puede pagar”. Seguir parchando leyes y sistemas resulta inoperante, porque lo que en realidad urge es una transformación integral del sistema de justicia penal, que erradique el uso irracional y excesivo de la prisión preventiva y del arraigo. O esperar a que nos toque.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86500.htmll

Diluvio del fin del mundo

Mandé un tweet informando la urgencia de enviar alimentos para bebés a Veracruz. El peligro de que cientos de infantes mueran como resultado de las inundaciones es real, pues muchos ya sufrían problemas de desnutrición y enfermedades debilitantes. De inmediato recibí respuestas de solidaridad, pero también mensajes argumentando que debemos sabotear todo intento de donativos y ayudas cívicas.

 

El argumento detrás de esta petición parte de una lógica: durante las últimas elecciones los gobiernos de los estados más afectados por las inundaciones se robaron cantidades ingentes de recursos públicos para sus campañas.

 

Los tuiteros rebeldes argumentan que debemos utilizar la fuerza social para presionar a las autoridades en lugar de hacerles el trabajo. Que si la sociedad sigue “haciendo obras de caridad” luego de cada desastre natural los gobernantes se cruzarán de brazos. Teóricamente tienen razón, y si viviéramos en Noruega o Suecia seguramente me sumaría a su decisión. Sin embargo, además de la obvia corrupción, creo que el tema central es que, durante años, gobiernos y sociedad hemos ignorado las advertencias (desde los mayas hasta los científicos contemporáneos) sobre el cambio climático.

 

Evidentemente, hay un asunto político y ético relacionado con la negativa de los Estados Unidos desde hace tiempo para firmar el tratado de Kioto, ante la incapacidad de las grandes corporaciones y empresas turísticas para entender el impacto destructivo de las emisiones de carbono y asumir su responsabilidad. Y está la necedad del gobierno federal al descalificar la importancia del subsidio de energías alternativas.

 

Claro que es importante negociar, presionar, manifestarse, rebelarse para que no vivamos de crisis en crisis, para que México deje de darnos atole con el discurso. Pero también es cierto que hay vidas humanas que peligran y necesitan de la ayuda de otros. Ellos no son culpables de la ineficiencia o la corrupción oficial; negarles la ayuda por ese motivo equivale a victimizarlos dos veces. Cada quien elige si alivia el sufrimiento de los necesitados o no. En lugar de boicotear la ayuda por temor al desvío o la rapiña burocrática habría que hacer un mayor esfuerzo en exigir rendición de cuentas y transparencia sobre los montos de ayuda y la manera en que se distribuye. Y más vale que lo hagamos pronto: el cambio climático nos garantiza, por desgracia, que cada vez serán más frecuentes las comunidades devastadas por los desastres naturales. Hay momentos para luchar y momentos para la solidaridad, no son excluyentes.