¡Atrapen al policía!

Los entrenaron en técnicas antisecuestro, les enseñaron a ir con pasamontañas para proteger su identidad, aprendieron estrategias de inteligencia militar para abatir a la delincuencia. Algunos de ellos saben “campanear” líneas telefónicas para hacer escuchas policiacas, otros saben detectar vehículos y personas que transportan drogas, y unos más fueron capacitados en el hackeo para detectar delitos cibernéticos. Ellos son policías municipales, estatales o federales que a lo largo de los últimos cinco años han sido preparados para intentar abatir, como fuera, a la desorbitada delincuencia. Cientos de estos responsables de la seguridad reprobaron los exámenes de control de confianza que incluyen: análisis toxicológicos, sicométricos, polígrafo, de control de confianza, de aptitudes. Es decir, un alto porcentaje consume drogas y se alió a pequeñas o grandes bandas criminales, ya sea al venderles protección o al participar directamente en la comisión de delitos.

 

Son 572 policías sucios en Reynosa, Tamaulipas, uno de los estados más peligrosos del país. Son 600 judiciales expulsados en el Estado de México y otros tantos en Ciudad Juárez, fueron casi 4 mil elementos los despedidos este año por la Policía Federal. En todo el país, durante 2010, diversas policías se han depurado, dando de baja a casi 20 mil agentes con diversos grados de capacitación, todos ellos con manejo y acceso a armas de fuego y con amistades y redes de apoyo dentro de las corporaciones policiacas. Nadie irá tras ellos.

Si bien el Centro Nacional de Evaluación de la Secretaría de Seguridad Pública cuenta con una reglamento nuevo y ha implementado un modelo de evaluación policiaca que urgía en México y que resulta útil, queda un cabo suelto que representa un peligro real. La impunidad de la que gozan estos agentes corruptos propicia que el despido de sus corporaciones represente, simplemente, el inicio de una segunda carrera: la delincuencia, pero ahora sin charola.

 

Efectivamente, se ha creado un padrón en donde se certifican sus huellas digitales y se graba su voz para cotejarla con el banco de audios obtenidos de secuestradores y extorsionadores; eso es un logro importante, sin embargo, varias policías municipales siguen contratándolos en otros estados, a pesar del padrón. Las autoridades saben que cientos de los depurados terminarán en las nóminas de los cárteles o las bandas de secuestradores o tratantes de personas. La pregunta es: ¿por qué no se han creado mecanismos para investigar y juzgar adecuadamente a policías corruptos?, ¿por qué ellos simplemente van a la calle por delitos que llevarían a un ciudadano común a prisión?

 

Entre tanta tragedia, algunas cosas muy buenas están sucediendo en México. Hace dos años se aprobó la reforma del sistema de justicia penal, para pasar de un sistema inquisitivo (anacrónico, opaco y estructuralmente injusto) a uno acusatorio en que habrá verdadera transparencia, porque cuenta con mecanismos para llevar a cabo juicios abiertos. Llevará más de seis años implementarlo porque se están construyendo salas para juicios orales y el Inacipe está capacitando a miles de personas. Ciertamente, se están abriendo puertas hacia el progreso del sistema penal, hacia la justicia, pero la pregunta es: ¿cómo harán las autoridades para cerrar las ventanas por las que escapa impunemente este brazo traidor del Estado?

Huérfanos de la guerra

Andrés, de siete años estaba en la sala cuando la policía entró a casa y comenzó la balacera. El único testigo presencial del asesinato del padre, madre y abuela es este pequeño que no puede dormir con la luz apagada y que se orina cada vez que escucha ruidos similares a balazos. Carolina, de cuatro años, se quedó en el kínder esperando a su madre que nunca volvió porque la levantaron y no se investigó cómo o por qué apareció muerta en Ciudad Juárez. Irene, de ocho años, Guadalupe de 11, Ernesto, Carlos, Javier, de seis años, temen jugar a la pelota en las calles de su natal Chihuahua porque “vienen los malos que matan”. Ellos y ellas no saben si los malos que matan son soldados, narcotraficantes, policías o delincuentes comunes. Son, simplemente, adultos.

 

Nueve mil ochocientos. Esta página no alcanza para escribir los nombres de 9 mil 800 criaturas huérfanas por la guerra en el estado más violento del país: Chihuahua. Imagine que en los últimos dos años se desplomaran 80 aviones comerciales y todos los pasajeros fallecieran. Esa es la cantidad de madres, padres o tutores que murieron como producto directo o indirecto de la guerra, sólo en Ciudad Juárez. Eran empleadas, burócratas, policías, narcos, maestras, desempleados, estudiantes o transeúntes en el lugar equivocado. Tras su muerte, quedaron 9 mil 800 menores.

 

Poco a poco las valientes organizaciones civiles de Juárez definen el mapa de la orfandad. Ya César Duarte, gobernador de Chihuahua, ha declarado que su gobierno destinará 100 millones de pesos para asistir a las y los pequeños. La aplicación de estos recursos puede sentar un precedente de lo que debe hacer México por los miles de niños y niñas que la guerra deja detrás de sí, como un daño colateral sin voz ni voto, como testigos de las masacres y el desaliento, de la corrupción o la injusticia. Este no puede ser un típico programa limosnero que entrega dinero a las familias para subsanar gastos de hambre y pobreza. Puede ser, en cambio, un programa multidisciplinario de largo plazo, que asegure becas escolares y alimenticias a las y los pequeños, que les asegure terapias a quienes atestiguaron la muerte; miles de chavales cuya corta vida les ha enseñado a temer, a desconfiar, a odiar. (Ya se propone la creación de escuelas con el modelo Waldorf en Chihuahua y la creación de redes de familias sustitutas, por ejemplo.)

 

Mientras las élites juegan a defender monopolios políticos, mediáticos y telefónicos; aquí, mirándonos a los ojos, está el verdadero rostro de la guerra; miles de niños y niñas que necesitan estructura, afectos, educación y alimentación para edificar una vida digna. Si somos capaces de defender y construir la paz con la misma vehemencia con que se argumenta y defiende la violencia, daremos el primer paso.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86725.html

POR CHIHUAHUA

Chihuahua, a 20 de septiembre de 201
Las organizaciones de derechos humanos del Estado de Chihuahua compartimos la tristeza e indignación de nuestros compañeros que laboran en los medios de comunicación. Acompañamos, con especial cariño a los periodistas del Diario de Juárez que sufren por el asesinato del joven fotógrafo Luis Carlos Santiago, de tan sólo 21 años.

 

Consideramos que en el Estado de Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez existe un conflicto armado, una guerra que no ha sido debidamente reconocida por los organismos internacionales y en donde los derechos de la población no están garantizados. El saldo ha sido devastador: Miles de ejecuciones, asesinatos de mujeres, robos, extorsiones, cobros a negocios por derecho de piso, muertes de defensores de derechos humanos y periodistas, cientos de miles de desplazados, denuncias de violaciones a derechos humanos que no son investigadas ni sancionadas, lágrimas y sangre que corren por el desierto en una impunidad total.

 

Creemos como los trabajadores de los medios que “sin periodistas no hay democracia”. Las y los defensores de derechos humanos nos hermanamos en estos momentos de guerra con nuestros colegas periodistas, víctimas de violaciones a sus derechos humanos y a su derecho a la vida.

 

De acuerdo con la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información”

 

Javier Ávila

Emilia González Tercero

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)

Oscar Enríquez

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Luz Esthela Castro Rodríguez

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)

MÉXICO: UN MAPA DE SANGRE

Un mapa de sangre
Al calor del narcotráfico y la violencia desenfrenada de los últimos años en su país, han aparecido varios libros de ficción que reflejan, al menos, la preocupación de los escritores mexicanos por dar cuenta del tema que tiene su epicentro en Ciudad Juárez, con su tasa criminal exorbitante y su ya declarado feminicidio. Desde 2666 de Roberto Bolaño en adelante, algunos se preguntan si están frente a un nuevo fenómeno llamado “narcoliteratura”. Mientras tanto, otros lo niegan, aunque no dejan de escribir sobre el tema. A continuación, un mapa de las más recientes novelas y autores que de una forma o de otra se han colocado en el ojo de la tormenta.

 

Por Mónica Maristain
Las mujeres de Juárez son las protagonistas de su novela. En la realidad, ¿son una lucha perdida?
–Mi madre tiene cinco albergues de huérfanos en Ciudad Juárez. A sus 74 años, ella sigue rescatando niños, sin ayuda del Estado, de picaderos, de familias de drogadictos, de las esquinas. Esas son las mujeres de Ciudad Juárez: son su fuerza. La lucha la perdimos todos, menos ellas. Ellas son las que mantienen el alma de esa comunidad. Y, hasta la fecha, son las de los empleos modestos y legales: las que van, entre balazos, a las maquiladoras; las que atienden los restaurantes, las tiendas, los comercios, a pesar de que los extorsionadores casi acabaron con todo negocio legal en Juárez. Ellas son la única lucha que hemos ganado como sociedad. Y son, claro, las más vulnerables. Una pinche sociedad de machos ha querido aplastarlas, pero por fortuna siguen de pie. El futuro, si lo pensamos con esperanza, se fincará en ellas.

 

PARA SEGUIR LEYENDO: http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/libros/10-4002-2010-09-26.html