Adiós Marisela, emblema del feminicidio

A Lucha Castro, por su persistencia y valor por crear un nuevo sistema de justicia en México

 

Con el rostro ovalado y la mirada firme tras los espejuelos, Marisela Escobedo me dijo que primero moriría que dejar de luchar por esclarecer el asesinato de su hija Rubí Marisol. “Es por ella, pero es por todas las hijas de las demás mujeres de México”, me dijo con la voz entrecortada, “porque al Estado mexicano hace rato que la vida de las mujeres no le importa, entonces seremos nosotras las que digamos, hasta la muerte, que sí valemos, que nuestras hijas merecen un país seguro. Yo sé quién es el asesino y no voy a quedarme callada”.

 

Estas fueron las últimas palabras que escuché de Marisela hace unos meses. Ayer fue asesinada, emblemáticamente, frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Sus últimas palabras fueron consignas solitarias por la justicia y la no impunidad de los feminicidios.

 

Manifestándose ante el edificio que alberga a la autoridad, un hombre se acercó a hablarle, ella echó a correr y acto seguido le disparó a quemarropa, uno de los balazos fue directamente a la cabeza. Según el Médico forense está claro que el asesino sabía lo que hacía. Existe un video del asesinato tomado de una cámara de seguridad.

 

Los paramédicos llegaron a Marisela cuando aun estaba con vida, unas horas más tarde supimos que había muerto. Fue el arma de un asesino la que ultimó la vida de esta joven mujer, pero sin duda son co-responsables los tres jueces que desestimaron las evidencias y restaron importancia a las amenazas de muerte que la familia Bocanegra había expresado contra Marisela. Y son cómplices también todos aquellos que insisten en que la violencia en México no es grave; quienes insisten en que los feminicidios mexicanos no son importantes.

 

Sergio Rafael Barraza Bocanegra es el principal sospechoso de la muerte de Marisela, ya que es él el acusado de ultimar la vida de Rubí. En 2008 la hija de Marisela apareció muerta y desde entonces su madre se dedicó en cuerpo y alma a esclarecer el asesinato y llevarlo ante la justicia, acompañada de la reconocida abogada feminista Lucha Castro.

 

Barraza, que fue pareja de Rubí, una adolescente de 16 años, enfrentó un juicio oral por homicidio en los nuevos juzgados de Chihuahua; durante el procedimiento Sergio Rafael admitió haber asesinado a Rubí porque “le había sido infiel”.

 

A pesar de la evidencia en su contra, en abril de 2010 Barraza fue dejado en libertad, sin embargo, inmediatamente después los jueces determinaron que se equivocaron, que existían suficientes elementos para ejecutar una sentencia de 50 años en prisión. Era demasiado tarde, el acusado estaba prófugo. Entonces Marisela se dio a la tarea de encontrarlo, nos aseguró a algunas periodistas que ya lo había localizado en Zacatecas y que ahora sólo faltaba que lo detuviera la autoridad. Por su mente pasó la idea de ir ella misma, acompañada de otras mujeres, a llevar a cabo un arresto ciudadano del asesino de su hija; un Fiscal le aseguró que lo arrestarían pronto, que no se arriesgara. La autoridad ya había determinado ofrecer una recompensa de 250 mil pesos por Barraza Bocanegra.

 

Ahora que ella ha muerto el gobernador de chihuahua, César Duarte, afirmó que no tiene duda de que la ejecución de la activista Marisela Escobedo fue por venganza del criminal. Lamentó la muerte de la madre de Rubí, quien “siempre señaló al autor material de la muerte de su hija y que desgraciadamente fue liberado por tres jueces, que insolentemente lo pusieron en libertad”.

 
El gobernador declaró que solicitó al Congreso de Chihuahua que estos jueces sean separados del cargo para que sean juzgados por las omisiones y el uso indebido de poder en el que liberaron a un sujeto peligroso, confeso de asesinato.

 

El gobierno de Chihuahua jamás ofreció medidas cautelares a Marisela, a pesar de la evidencia sobre las amenazas de muerte que recaían sobre ella, a pesar de que testificó en el juicio. Marisela intuía que podría perder la vida, me lo dijo, y hacía lo que estaba en sus manos para evitarlo, sin embargo nunca estuvo dispuesta a darse por vencida, murió intentando salvar a otras adolescentes de una muerte como la de su hija, creyendo, hasta el último día, que las Instituciones judiciales de su país la acompañarán en una batalla colectiva por la justicia y la vida de las mujeres.

 
Tres jueces tuvieron la posibilidad de hacer justicia en un feminicidio, su ineficacia dejó ahora dos crímenes y un asesino en plena libertad. Dejaron tras de si una ola de sufrimiento, indignación y frustración. Con ella se murió un poco de todas nosotras, las activistas que la conocimos y supimos que su batalla era nuestra también.

Huérfanos de la guerra

Andrés, de siete años estaba en la sala cuando la policía entró a casa y comenzó la balacera. El único testigo presencial del asesinato del padre, madre y abuela es este pequeño que no puede dormir con la luz apagada y que se orina cada vez que escucha ruidos similares a balazos. Carolina, de cuatro años, se quedó en el kínder esperando a su madre que nunca volvió porque la levantaron y no se investigó cómo o por qué apareció muerta en Ciudad Juárez. Irene, de ocho años, Guadalupe de 11, Ernesto, Carlos, Javier, de seis años, temen jugar a la pelota en las calles de su natal Chihuahua porque “vienen los malos que matan”. Ellos y ellas no saben si los malos que matan son soldados, narcotraficantes, policías o delincuentes comunes. Son, simplemente, adultos.

 

Nueve mil ochocientos. Esta página no alcanza para escribir los nombres de 9 mil 800 criaturas huérfanas por la guerra en el estado más violento del país: Chihuahua. Imagine que en los últimos dos años se desplomaran 80 aviones comerciales y todos los pasajeros fallecieran. Esa es la cantidad de madres, padres o tutores que murieron como producto directo o indirecto de la guerra, sólo en Ciudad Juárez. Eran empleadas, burócratas, policías, narcos, maestras, desempleados, estudiantes o transeúntes en el lugar equivocado. Tras su muerte, quedaron 9 mil 800 menores.

 

Poco a poco las valientes organizaciones civiles de Juárez definen el mapa de la orfandad. Ya César Duarte, gobernador de Chihuahua, ha declarado que su gobierno destinará 100 millones de pesos para asistir a las y los pequeños. La aplicación de estos recursos puede sentar un precedente de lo que debe hacer México por los miles de niños y niñas que la guerra deja detrás de sí, como un daño colateral sin voz ni voto, como testigos de las masacres y el desaliento, de la corrupción o la injusticia. Este no puede ser un típico programa limosnero que entrega dinero a las familias para subsanar gastos de hambre y pobreza. Puede ser, en cambio, un programa multidisciplinario de largo plazo, que asegure becas escolares y alimenticias a las y los pequeños, que les asegure terapias a quienes atestiguaron la muerte; miles de chavales cuya corta vida les ha enseñado a temer, a desconfiar, a odiar. (Ya se propone la creación de escuelas con el modelo Waldorf en Chihuahua y la creación de redes de familias sustitutas, por ejemplo.)

 

Mientras las élites juegan a defender monopolios políticos, mediáticos y telefónicos; aquí, mirándonos a los ojos, está el verdadero rostro de la guerra; miles de niños y niñas que necesitan estructura, afectos, educación y alimentación para edificar una vida digna. Si somos capaces de defender y construir la paz con la misma vehemencia con que se argumenta y defiende la violencia, daremos el primer paso.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86725.html

POR CHIHUAHUA

Chihuahua, a 20 de septiembre de 201
Las organizaciones de derechos humanos del Estado de Chihuahua compartimos la tristeza e indignación de nuestros compañeros que laboran en los medios de comunicación. Acompañamos, con especial cariño a los periodistas del Diario de Juárez que sufren por el asesinato del joven fotógrafo Luis Carlos Santiago, de tan sólo 21 años.

 

Consideramos que en el Estado de Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez existe un conflicto armado, una guerra que no ha sido debidamente reconocida por los organismos internacionales y en donde los derechos de la población no están garantizados. El saldo ha sido devastador: Miles de ejecuciones, asesinatos de mujeres, robos, extorsiones, cobros a negocios por derecho de piso, muertes de defensores de derechos humanos y periodistas, cientos de miles de desplazados, denuncias de violaciones a derechos humanos que no son investigadas ni sancionadas, lágrimas y sangre que corren por el desierto en una impunidad total.

 

Creemos como los trabajadores de los medios que “sin periodistas no hay democracia”. Las y los defensores de derechos humanos nos hermanamos en estos momentos de guerra con nuestros colegas periodistas, víctimas de violaciones a sus derechos humanos y a su derecho a la vida.

 

De acuerdo con la relatoría especial de libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos “el asesinato de periodistas y comunicadores sociales es la forma más violenta de vulnerar el derecho a la libertad de expresión, ya que no solamente anula el derecho a la vida de la víctima, sino que afecta el derecho a la integridad psíquica y moral de su familia y priva a la sociedad de una fuente de opinión e información”

 

Javier Ávila

Emilia González Tercero

Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (COSYDDHAC)

Oscar Enríquez

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

Luz Esthela Castro Rodríguez

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM)