Rescatada de un secuestro

La joven de 15 años conoció por Facebook a un supuesto joven que deseaba hacerse su amigo. Luego de un par de meses de ciberamistad, él le propuso que se encontraran en la estación de autobuses. Ella no le dijo a nadie lo que haría; al llegar a la cita, tres sujetos en una camioneta la levantaron y ella logró enviar a su hermano un mensaje de su celular. Éste, a su vez, pidió ayuda a una organización civil que defiende mujeres. La búsqueda desesperada comenzó. Un nuevo mensaje del celular advirtiendo que había tomado carretera hacia Tulum inspiró al hermano a leer el correo y las cuentas de redes sociales de su hermana; localizaron la identidad de uno de los secuestradores.

 

Las abogadas de la asociación acudieron con el hermano a la Fiscalía para Delitos Sexuales y Trata de Personas de Cancún, a la cual solamente han sido asignados y capacitados dos policías judiciales en el tema de trata para fines de explotación sexual comercial. Unas horas después, la adolescente fue rescatada por la Procuraduría y está de vuelta con su familia.

 

El Ministerio Público, el policía, la fiscal, la familia de la víctima y las abogadas tienen algo en común: la preocupación de que a pesar de existir una ley contra la trata de personas, de tener detenidos a los hombres que se llevaron a la joven, de contar con un móvil delictivo, no logren detener y desactivar de manera efectiva a esta red de tratantes de adolescentes.

 

Tienen mucho en su contra: un sistema penal obsoleto, la corrupción de otros miembros de la Procuraduría y el poder de las mafias, la falta de capacitación de ministerios públicos para documentar adecuadamente los delitos, y la falta de conocimiento de la nueva ley por parte de los jueces locales. Sin embargo, esos policías, esa fiscal, ese Ministerio Público y esas abogadas seguirán insistiendo en que éste y otros casos similares se persigan. Lo harán, en sus propias palabras, porque “así se construye el estado de derecho”, porque “salvar la vida e integridad de una persona concreta es lo más importante”; porque “vamos creando cultura de legalidad y capacitándonos para cuando ya esté en efecto la reforma de justicia penal y tengamos un sistema penal acusatorio en lugar de este que es inquisitivo y de probada inoperancia”, “porque debemos demostrar que hay policías no corruptos que van contra la impunidad, sin abuso de poder”.

 

Después de tantos años como reportera, debo confesar que hace tiempo no me sentía tan inspirada por un grupo tan lleno de convicciones; sin gran presupuesto, con exceso de trabajo y en apariencia con todo en contra, dos policías, una fiscal, una abogada que trabaja sin fines de lucro y un hermano valiente que no se resignó ante el destino trágico, no solamente salvaron una vida, lo hicieron con legalidad y practicando para un futuro posible donde imperen la ley, la seguridad y la justicia. Cada una de las personas involucradas en esta historia afortunada está cambiando al país. Nos recuerdan que nada evoluciona por sí solo, que las transformaciones son procesos a veces lentos y accidentados, pero siempre posibles cuando hay congruencia y honestidad.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/87663.html

El precioso, el narco y sus aviones

A las tres niñas americanas de Florida las trajeron en un avión privado; decían que era de un gobernador, declaró una de las niñas mexicanas víctima de la red de trata sexual de Cancún en 2004. Nadie inició esa línea de investigación; pero ahora la DEA descubre la existencia de la empresa Servicios Aéreos Milenio, S.A de C.V, cuyo principal cliente es el gobierno de Puebla y las administraciones priístas de nueve estados. Se sabe que Mario Marín Torres destinó de manera irregular 66.4 millones de dólares para adquirir una flota de helicópteros y aviones a través de su hijo Mario Marín García y prestanombres que ya han declarado ante las autoridades.

El diario Acento Veintiuno publicó en octubre información sobre la existencia de la empresa; fuentes oficiales de la agencia norteamericana DEA me han confirmado que esta investigación en efecto es producto de un trabajo de colaboración con la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Ese mismo diario revela la conversación en que el Diputado poblano Ricardo Urzúa (PRI) explica cómo el entonces gobernador de Quintana Roo, Joaquin Hendriks, entregó 300 mil dólares al Gober precioso para la empresa aérea. Esta fue creada con recursos públicos y está a nombre del hijo de Marín, quien ahora es investigado porque en una de sus aeronaves viajaba, según DEA y SIEDO, el capo Arturo Beltrán Leyva. Todo fue descubierto porque se detuvo al empresario mexicano Darío López Fernández, por contrabando de dinero en efectivo, en el aeropuerto de Miami, Florida en julio pasado.

Acento Veintiuno reveló en su momento lo que ahora ha sido ratificado: que López Fernández adquirió un Helicóptero Bell matrícula XA-IMS de Maclovio Hernández, ligado a operaciones del narcotráfico. López Fernández y Hernández tenían una sociedad empresarial que usaba las aeronaves KING AIR– matrícula XB-DLS y un Cessna 182 matrícula XB-KWE y la PGR identificó que la aeronave era utilizada por el narcotraficante Beltrán Leyva para escapar de un cerco policíaco en Puebla. Es la misma nave que transportó, en su campaña 2010, al delfín de Marín a la gubernatura, Javier López Zavala (PRI-PVEM).

Mario Marín, que en 2005 protegió a la red de pederastas y tratantes de niñas de Quintana Roo, es propietario de 7 helicópteros Bell 407, con valor de 21 millones de dólares; 2 Bell 206, 2 Augusta de 16 millones de dólares. Además pagó 600 mil dólares por dos aeronaves Cessna 2008 XA-TWT. Un Sabre Cinergo, matrícula XA-GUR en 300 mil dólares, un Falcon 20 en 350 mil dólares y 4 Lear Jet 45. Un agente de Interpol me asegura que la evidencia es absoluta.

El Presidente Calderón ha solicitado a la sociedad, con razón, que diga lo que sabe sobre la colusión de servidores públicos, el lavado de dinero y la delincuencia organizada. La denuncia y la investigación ya están aquí. Ocho gobernadores priístas han despilfarrado millones de dólares (del erario público) para favorecer la empresa aeronáutica de Mario Marín que, según la propia autoridad ha sido utilizada, entre otras cosas, para transportar importantes cantidades de dólares en efectivo desde México hasta Texas y Florida. En estas aeronaves cuya empresa ha operado bajo la opacidad de prestanombres ahora revelados, se transportaron menores, dinero sucio, delincuentes y políticos. La pregunta es: ¿habrá castigos ejemplares? O seguirán jugando a la gallina ciega.