EL FIN DEL PODER

Plan b
El fin del poder
Lydia Cacho

“Empresas que se hunden,militares derrotados,papas que renuncian y gobiernos impotentes: cómo el poder ya no es lo que era”

Hay dos tipos de poder: el imaginario y el concreto. El imaginario es aquél que muchos creen que tienen hasta que la realidad les muestra sus límites; también está el poder imaginario asignado a líderes sociales o defensoras de Derechos Humanos, a quienes el colectivo concede una fuerza de acción increíble e imposible; sobre ellas y ellos recae una suerte de fe construida por quienes se sienten impotentes (sin poder) ante las desgracias que les aquejan. El poder concreto es el que tiene un gobernante o una legisladora, un médico o una Secretaria de Estado. Tienen recursos materiales e intelectuales, así como acceso a los mecanismos de sus instituciones para beneficiar (o dañar) a grandes cantidades de personas. Pero incluso su poder está acotado.
Durante las revueltas sociales, como la que se está gestando en México alrededor de la simbólica masacre de Ayotzinapa que exige vida en lugar de muerte, que exige justicia en territorio de impunidad, se despierta el fantasma del poder colectivo, de los liderazgos estudiantiles, el poder individual que se reconecta a través de redes sociales, que hace de una causa de pocos bandera de millones. Ese poder es real, débil, confuso, poco estratégico pero real: es el poder de las nuevas generaciones que exige se deconstruya a un Sistema político y judicial inepto y anquilosado, que yace agonizante frente a la mirada del mundo. Pero una vez se expulsa a los peores ¿qué modelo de poder los suple?
El reconocido analista venezolano, economista y experto en política Moisés Naím, escribió El fin del poder (Ed. Debate), una obra que desde hace un par de meses se ha convertido en mi libro de consulta y reflexión favorito. Naím no habla desde la teoría del académico sentado en sus laureles que piensa solo y pontifica; por el contrario, confiesa desde el inicio cómo aprendió a vivir el poder en su propio país y las grandes lecciones que le ha dejado su ascenso a diferentes ámbitos de incidencia pública. Naím ha sabido entender, conocer y analizar a los grandes empresarios convencionales y a las pequeñas pero transcendentes empresas sociales, hizo una inmersión en las redes sociales y el propio Internet para entender los mecanismos de poder de creadores y usuarios. Este libro, escrito con un lenguaje accesible y una narrativa fluida, desentraña casi todas las complejidades a las que nos enfrentamos cuando intentamos buscarle los pies y la cabeza a la locura en que vivimos: la corrupción, los monopolios, las revoluciones tuiteras, el debilitamiento de los medios, el fortalecimiento de la delincuencia organizada, la censura, los movimientos juveniles, la ira social ante la violencia, los liderazgos débiles, las violaciones a los derechos humanos y sus actores y actoras. Quién, cómo, cuándo, dónde y de que manera se obtiene y pierde el poder todos los días; Naím no deja un solo resquicio sin reflexión, no da cabida al lugar común y a la simplonería del clásico analista famoso. No se da tregua ni a sí mismo ni a quien lo lee
Hace muchos años Marcela Lagarde me explicó con gran sencillez cómo la única manera de lograr la instauración de un modelo de igualdad entre hombres y mujeres radica justamente en analizar las estructuras y los modelos de poder, tanto público como privado, porque sólo conociendo su anatomía podíamos comenzar a reinventarlo. Comúnmente quienes quieren tumbar un edificio llegan con una grúa que destruirá todo a su paso, o con expertos en explosivos que los instalarán de tal forma que causarán una serie de explosiones que tumbarán la estructura en caída vertical con tan precisión que no afectará a las construcciones vecinas. Así es como algunos quieren cambiar los sistemas de poder, a golpes o explosiones, que afecten una parte y no el todo circundante. Naím, como la filósofa feminista, propone detenerse a pensar cómo se han pulverizado los modelos de poder y quién se queda con la mayor montaña de cenizas, nos explica cómo lo manejan y lo acumulan, cómo lo reinventan, lo capitalizan o lo pierden.
Se ha dicho que la siguiente revolución social y política tiene que pasar necesariamente por la reinvención del ejercicio del poder y no solamente por la repartición de los bienes que éste genera. Naím nos invita a diseccionar poco a poco los elementos que conforman ese edificio, a desmontarlo ladrillo por ladrillo, sin ruidosas explosiones; como en el ajedrez, a pensar antes de mover cada pieza, conocerla para moverla.
Las acertadas reflexiones de Moisés Naím muestran su capacidad para analizar el poder desde una perspectiva no tradicional; se posicionó en una esquina diferente para obtener resultados distintos a los que tradicionalmente nos ponen sobre la mesa los analistas. Nunca como ahora hace falta leer este libro, en cualquier país de América Latina encontraremos pautas para comprender desde dónde actuar a fin de reinventar el poder. Sin duda trae muy buenas noticias: Naím pone su esperanza en que las nuevas generaciones reinventen el poder, pero para ello necesitan conocerlo, entenderlo y asumir su propia responsabilidad, individual y colectiva, para que perviva.
@lydiacachosi

¿QUÉ HARÍAS SI TUVIERAS UN BEBÉ CON DISCAPACIDAD?

Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes
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Siete cosas que faltan sobre discapacidaden esta LEY que se discute hoy en el Senado mexicano:

Cuántos son, cómo los rehabilitamos para que tengan una vida digna y feliz, cómo les integramos a la escuela, cómo les recibimos sin discriminación en los albergues, cómo les damos garantías a sus padres y madres y cómo apoyamos de manera urgente a quienes tengan una discapacidad aparente.
Estos interrogantes están pendientes y es en sus respuestas donde podemos sentirnos orgullosos o no de vivir en un país incluyente
y donde TODOS y TODAS, signifique realmente TODA LA POBLACIÓN, DIVERSA E INTEGRADA.
 Antes que nada, hay que hacer un reconocimiento a senadores y senadoras por cumplir con su responsbailidad de escuchar a organizaciones de la sociedad civil y expertas en el tema de niñez y verdaderamente intervenir la  inadecuada Iniciativa  Preferente que mandó Enrique Peña Nieto que estaba plagada de inconstiencia, retrocesos y vacíos, entre ellos la ausencia de reconocimiento pleno de derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidades y capacidades diferentes.
Sí hay un cambio radical en la manera de plantear la ley con miras a garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en general y también a las y los que tienen alguna discapacidad.
Sin embargo, como siempre, la ley es perfectible. Y en el caso de la visión de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad la ley debe cambiarse para salvarse de contradicciones planteadas dentro de ella misma.
La Ley reconoce, en su artículo 13, “El Derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad”. Dentro de los principios rectores tres especialmente favorecen a este grupo: “la no discriminación”, “la inclusión”, y “la accesibilidad”.
Y reconoce en varios artículos el concepto de “diseño universal”. Ya retoma la Convencion por los derechos de las personas con discapacidad, que no hacía.
Incluye un capítulo entero sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad. También enuncia, cuando es necesario, los apoyos necesarios para su comunicación, en caso de asuntos judiciales, por ejemplo.
En la enumeración de definiciones ya contempla el concepto de “ajustes razonables” y se dice que la falta de ajustes razonables será considerado discriminación. Todo eso está muy bien.
Pese a esto, hay cosas que faltan. En resumen son siete:
 
1) UN VERDADERO CENSO
 
Dice el Art. 57, V: “Establecer mecanismos que permitan la recopilación de información y estadística de niñas, niños y adolescentes con discapacidad, que permita una adecuada formulación de políticas públicas en la materia”.
Lo que falta
Es necesario precisar que este mecanismo debe de actualizarse de manera constante, desde que se detecte que hay un niño con discapacidad o aún con presunta discapacidad: que se incluya en varias bases de datos no sólo de salud, sino de educación, del DIF, el INEGI, por supuesto. Que se sepa dónde está, cuál es su discapacidad, su situación socio-económica. Debe ser un censo cambiante de facil acceso incluso para personas con discapacidad misma.
 

  • REHABILITACIÓN

Se habla de rehabilitación en el artículo 52:

  • Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos;
  • Establecer medidas tendentes a que en los servicios de salud se detecten y atiendan de manera especial los casos de niñas, niños y adolescentes con problemas de salud mental;
  • Establecer medidas para la detección temprana de discapacidades a efecto de prevenir y reducir al máximo la aparición de nuevas discapacidades y asegurar los mayores niveles de atención y rehabilitación.
  • Proporcionar el acceso a los bienes, servicios, ayudas técnicas y rehabilitación que requieren niñas, niños y adolescentes con discapacidad.

 
Lo que falta:
Se debe crear un standard con base a experiencias y mínimos internacionales en la rehabilitación a niños, niñas y adolescentes que adquieran discapacidad. Sabemos que el Estado está sobrepasado en esto; que existe el Teletón (pero sólo atiende al 10% de los niños y niñas con discapacidad y sólo neuromusculoesquelética).
Aunque sí hay mención a rehabilitación en diversos artículos se debe precisar que la rehabilitación debe ser:
-Oportuna (los y las niñas deben tener acceso inmediato de 0 a 5 años)
-Intensiva, de acuerdo a sus necesidades; Integral (no sólo física, también psicológica y social)
– Familiar (porque las familias necesitan apoyos también de tipo psicológico para alcanzar las metas de rehabilitación y por lo tanto de inclusión) y ,
-Con altos estándares de calidad.
 
3) EDUCACIÓN
Dice el Artículo 59. Fracción XIII
“Impulsar el pleno respeto al derecho a la educación y la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, desarrollando y aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación y las condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con personal docente capacitado;”
 
Lo que esta mal y lo que falta:
El verbo no es el correcto. “Impulsar” es lo que el gobierno ha dicho que ha hecho todos estos años. Queremos que diga GARANTIZAR.
Pero que, además, para que esto sea una realidad también decir el cómo:

  1. a) Proveer el apoyo necesario niñas, niños y adolescentes con discapacidad, mediante la adopción de ajustes razonables, el apoyo de docentes especializados y la adopción de medidas de apoyo personalizadas y directivas en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social
  2. b) Garantizar el aprendizaje del Braille, la escritura alternativa, medios y formatos de comunicación aumentativos o alternativos y habilidades de orientación y de movilidad, así como la tutoría y el apoyo entre pares.
  3. c) Garantizar y Promover el aprendizaje de la lengua de señales mexicana y la identidad lingüística de niñas, niños y adolescentes sordos

 
4) Albergues o Centros de Asistencia Social
En el tema de albergues se puso mucho cuidado. Claro, después de Mamá Rosa… De hecho, la ley plantea un giro: sólo irán a albergues los niños que no puedan encontrar otra forma de cuidados parentales que plantea la ley como hogares de acogida. Sin embargo sabemos que los niños con discapacidad, mientras la cultura no cambie, tendrán más dificultad para encontrar estos caminos y ya no se diga la adopción. Es muy posible que los manden a albergues. ¿Cuáles? Pues a alguno especializado.
Es el caso de Sofia que ya les hemos contado aquí http://blogs.eluniversal.com.mx/weblogs_detalle20816.html
Ya vieron la respuesta de Salud y del DIF: respondieron que la NOM que denunciamos por discriminadora es legal. Pero esta ley puede cambiar lo anterior, debe cambiarlo.
Las niñas, niños y adolescentes con discapacidad tienen derecho vivir incluidos en la comunidad, en igualdad de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes; a elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir.
Si un niño o niña se lastima un ojo, usa un parche, muletas o silla de ruedas aún que sea por poco tiempo, esta Ley obliga, para garantizar su seguridad que sea trasladado a albergues para personas con discapacidad.
Dado que no se puede separar al niño o niña de sus hermanos o hermanos sin discapacidad toda la familia deberá ser trasladado a albergues que únicamente atienden a la infancia con discapacidad.
El artículo 110, como está, realmente sólo obliga a ser accesible a un “tipo” de albergue o centro de asistencia social.
En su inciso III: En el caso de que brinden servicio específicamente o primordialmente a niñas, niños y adolescentes con discapacidad deberán ser acordes con el diseño universal y la accesibilidad en términos de la legislación aplicable;
 
Es decir , vale gorro la inclusión, la no discriminación y la accesibilidad dichas antes.
Lo que falta:
Nuestra propuesta es que las instalaciones de TODOS los centros de asistencia deberán cumplir con lo siguiente:

  • Su infraestructura inmobiliaria debe ser adecuada y accesible para el alojamiento y la prestación de servicios de asistencia social de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad;

 

  • Contar con medidas de seguridad, protección y vigilancia necesarios para garantizar la accesibilidad, diseño universal, comodidad, higiene, espacio idóneo de acuerdo a la edad, sexo o condición física, sensorial, intelectual y mental de niñas, niños o adolescentes con y sin discapacidad alojados, de manera tal que se permita un entorno inclusivo;

 

  • Un entorno que prevea los apoyos materiales y humanos necesarios para niñas, niños y adolescentes con discapacidad vivan incluidos en su comunidad.

 

  • La falta de capacidad económica, entorno accesible, personal de apoyo o de inclusión no será motivo justificado para negarse a recibir y que permanezcan en dichos centros niñas, niños y adolescentes con discapacidad temporal o permanente; sin distinguir entre motivo o grado de discapacidad.

 
Les digo que es contradictoria, además por que en el artículo que sigue, el 111, cuando habla de cómo estos centros de asistencia deben garantizar sus derechos dice en el inciso XI:Fomentar la inclusión de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad, en términos de la legislación aplicable”.
 
¿Cómo van a fomentar la inclusión de niños con discapacidad si las instalaciones no lo son? ¿Será inclusión a distancia? (que ya no es inclusión)
 
5) GARANTIAS A PADRES  Y MADRES CON DISCAPACIDAD
En un país como el nuestro donde aún se considera que la discapacidad es una enfermedad (no lo es: es una condición de vida) y para lograr la no discriminación estaría bien precisar lo siguiente.
ARTICULO 27:
No podrá ser motivo de separación, restringir la convivencia o pérdida de derechos de patria potestad la discapacidad, sin importar el grado de la misma tanto de los padres, familiares o de las niñas, niños con y sin discapacidad.
 
La Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán establecer programas para proporcionar la capacitación, bienes y servicios a un costo asequible para evitar que la discapacidad y falta de recursos, apoyos y servicios se traduzca en la separación de niñas, niños y adolescentes con y sin discapacidad de quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de personas con y sin discapacidad.
 
6) MEDIOS
Tu has visto los servicios que requieren los niños y niñas con discapacidad, has visto a personas con discapacidad trabajar, casarse. ¿Pero cuántos niños y niñas con discapacidad ves en los medios? Si los medios no enseñan, exluyen.
Ya que el Artículo 69 habla de las responsabilidades de los medios proponemos que se incluya un inciso más.
 
Artículo 69. Sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones aplicables a los medios de comunicación, las autoridades federales competentes, en el ámbito de sus respectivas competencias, procurarán que éstos difundan información y materiales relacionados con:
I.-….
VI.-   La existencia en la sociedad de servicios, instalaciones accesibles y de diseño universal para niñas, niños y adolescentes con discapacidad y otras acciones que garanticen su inclusión en la sociedad en todos los aspectos y etapas de la vida.
 
7) ¿Sabes cuanto tarda un certificado de discapacidad?
Todos conocemos a padres y madres que durante años tratan de tener un “diagnóstico” sobre qué tiene su hijo y no lo logran hasta muchos años después. Los niños y niñas necesitan una atención inmediata, oportuna, integral y familiar para poderse desarrollar y superar las barreras que los discriminan.
En España y la Convención Interamericana para Eliminar todas las formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad garantiza los servicios de inclusión desde la discapacidad aparente.
México no esta obligado a garantizar los derechos de la infancia de la discapacidad al no certificar la exisistencia de la misma aun que todos la veamos.
Si la Ley General de Derechos, en su artículo 5, presume la adolescencia y la infancia cuando exista duda sobre la edad , ¿porqué no podemos presumir la discapacidad de niñas niños y adolecentes con discapacidad?
Lo que falta, un añadido al Artículo 55
Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolecente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolecente con discapacidad.”.
 AHORA QUE YA LO SABES, AYUDANOS A QUE ESTE DOCUMENTO SEA LEÍDO EN UNIVERSIDADES, ESCUELAS, REDES SOCIALES, EN TU FACEBOOK O EN TU BLOG PERSONAL. HAZ TUYA ESTA INFORMACIÓN.
 

EXIJAMOS UNA LEY INCLUYENTE PARA NIÑAS Y NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES

Esta última semana de septiembre 2014 se está tratando en ‘fast track’ en el Senado una ley sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes. 
Nuevamente tiene muchos huecos en el tema de discapacidad:
La experta Katia D’Artigues nos pide sumarnos a la exigencia por la verdadera inclusión que debe estar escrita en la ley. 
¿Qué falta? Mucho, pero nos decidimos enfocar en 7 puntos que SI O SI debemos exigir al gobierno: 
1UN CENSO
Hoy no se sabe ni cuántos son, ni que necesidades requieren las niñas, niños y adolescenets con capacidades diferentes.
2)    REHABILITACIÓN
Disponer lo necesario para que niñas, niños y adolescentes con discapacidad reciban la atención apropiada a su condición, que los rehabilite, mejore su calidad de vida, facilite su interacción e inclusión social y permita un ejercicio igualitario de sus derechos
3) EDUCACION
Garantizar la real inclusión en todo el sistema educativo en base a ajustes, accesibilidad y capacitación 
4) ALBERGUES Y REFUGIOS
Que todos los centros de asistencia sean accesibles desde el punto de vista de la infraestructura en sus instalaciones hasta del personal para recibir a Todos los niños. 
5) GARANTIAS A LOS PADRES Y MADRES CON DISCAPACIDAD
Que no sea motive de separación, restringir la convivencia o pérdida de derechos de patria potestad la discapacidad, sin importar el grado de la misma tanto de los padres,madres familiares o de las niñas, niños con y sin discapacidad.
6) MEDIOS
Mayor información de temas de discapacidad, inversión en campañas formativas efectivas.
7) PRESUNCION DE DISCAPACIDAD
Cuando exista duda o percepción si una niña, niño o adolescente es persona con discapacidad, se presumirá que es una niña, niño o adolescente con discapacidad.
SÚMATE AL DEBATE, RT, FB, VAMOS A HACERLO VISIBLE.

¿Y l@s niñ@s de Michoacán?

Por Lydia Cacho
Unas cuantas preguntas y reflexiones sobre el caso de La gran familia, el hospicio-escuela de Mamá Rosa:
¿Las niñas y niños del hospicio de Rosa Verduzco están siendo entrevistados asegurando su integridad psicoemocional y física?
¿Cuántos de estos casos de violencia se dieron entre jovenes y niños albergados? bullying, violencia sexual y otros malos tratos típicos en campos de refugiados, en albergues hacinados y en el propio DIF.
Si el DIF de Michoacán tiene capacidad para atender adecuadamente  a estos casi 500 niños, niñas y jovenes ¿por qué no lo hizo antes y los enviaron siempre con Rosa?
¿Están trabajando de la mano del los juzgados y el tutelar de menores que envió con Rosa a tantos chicos acostumbrados a delinquir, porque no sabían qué hacer con ellos? ¿será porque las autoridades mexicanas siguen sin entender la importancia de la verdadera educación y la reinserción social?
Si organizaciones civiles de protección a la infancia habían detectado que Mamá Rosa era “una generala maltratadora” desde 1984 (como revela un comunicado) ¿por qué esperaron treinta años para salir a decirlo a la prensa y a la autoridad? debieron anteponer la seguridad de niños, niñas y jovenes a cualquier otra cosa.
¿Dónde estaba la autoridad municipal cuando detectaron toneladas de basura en la entrada del albergue? las versiones dicen que eso sucede desde hace años ¿es cierto? y la autoridad sanitaria ¿no debía de haber intervenido para prevenir la peste que nos revelan ahora?
¿Qué va a suceder con cada uno de esos niños, niñas y jóvenes? Porque esta tragedia de violencia y maltrato no puede quedar en un escándalo.
¿Cuantás víctimas hay entre los 500 niños y niñas “rescatados”? algunas versiones oficiales dicen que son 12 otras que son 16 ¿ y las y los otros? Porque este suceso nos debe hacer entender de una vez por todas que les abandonó la autoridad, la sociedad, sus padres y madres y, claramente, también Rosa quedó rebasada.
¿Cuantas tragedias de esta naturaleza debemos enfrentar para entender que aunque la autoridad invente nuevas reglas para los albergues, hospicios y guarderías, nada cambiará si las políticas públicas no abaten la pobreza y no se implementan políticas contra la violencia intrafamiliar respaldadas con presupuestos y trabajo especializado?
¿No es este caso el mejor ejemplo de la ineficacia del DIF? esta es una oportunidad para replantear la existencia de esa institución y crear una que en verdad entienda de provención, de educación para la paz y de integración social.
Ciertamente el trabajo caritativo no tiene cabida cuando lo que se necesita es la intervención de desarrollo y justciia social especializada, con expertas y expertos en trabajo multidisciplinario (lo he escrito en todos mis libros, en especial insisto en ello en Con mi hij@ no: manual para prevenir, atender y sanar el abuso sexual infantil y en Demonios del edén). Pero dicho lo anterior, aquí estamos frente a una mujer que asumió la tarea de “adoptar”  a más de seis mil niños, niñas y jovenes abandonados como indeseables, como intocables, por una sociedad y una autoridad incapaces de buscarles alternativas de vida. Su escuela fue impresionante, miles de vidas cambiaron ¿se borra el pasado por los sucesos recientes? no lo creo. Se reconoce la historia y ahora se revela la realidad; se intenta comprender qué sucedió; se deben perseguir los delitos y asumir las responsabilidades.
Este caso ha generado de todo: un operativo a todas luces excesivo; ha producido sorpresa, angustia, desesperación, indignación, rabia, enojo, tristeza, desesperanza. Ha desatado una quema de brujas, una oleada de mentiras, injurias, insultos, polarización entre quienes quieren entender y quienes creen entenderlo todo. También ha desatado solidaridad y búsqueda de la verdad.
Escribí mi primer texto en Sinembargo.mx cuando apenas Murillo Karam señaló a Rosa Verduzco sin mostrar una sola evidencia y sin permitir acceso a la prensa. Así es el periodismo, se escribe de lo que se conoce y conforme suceden los hechos; así los medios publican los textos. Pasados los días, luego de escuchar los  desgarradores testimonios de los niños, entiendo que desde hace tiempo Rosa ya era incapaz de asumir la tarea; a los 80 años nadie debería de seguir en una labor tan dura como la de intentar sacar del infierno de la violencia a cientos de niños y niñas. Algunas personas creemos que el horror habitó su hogar durante tantas décadas que es claro que no pudo mirar lo que estaba adentro. Pero ya las voces de los niños y niñas nos dirán en los días por venir si Rosa estaba consciente de los hechos, si era parte del problema. Si ella, ante la incapacidad de abatir tanta violencia, se convirtió en verdad en una maltratadora también. De ser cierto que ella sabía ¿qué nos queda? Tal vez comprender el hecho de que  atender a las víctimas de violencia durante tanto tiempo, en un contexto de tanta impunidad, de tanta injusticia, de tanta indefensión individual y colectiva, puede enfermar y contagiar a cualquiera. Qué terrible lección.
A tan corta edad esos niños, niñas y jovenes antes de llegar al hospicio ya habían vivido abandono, malos tratos, desamor y todo tipo de violencias. Han presenciado la muerte en las calles, han sido abusados en múltiples formas; su historia es la historia de un país que salta de escándalo en escándalo sin aprender las lecciones. Las investigaciones sin duda deberán señalar a todos, a todos, los responsables de los malos tratos y violencia que han vivido esos niños y niñas, pero no bastará con unos cuantos abusadores en la cárcel; la verdadera justicia se hará cuando estemos seguras de que estos más de quinientos chicos y chicas han sido atendidos con terapias especializadas en psicotrauma y se avisroa un futuro mejor para ellos. Cuando sepamos que quienes les atienden comprendan cada historia de vida (porque no es igual atender a un niño que fue golpeado por otros chicos, que a uno que fue violado por su profesor, a una violada y embarazada por su maestro, o a uno que ha matado a otros niños y luego de estar en una correccional terminó viviendo en un hospicio como este). Porque como en una suerte de dolorosa metáfora La gran familia, ese hospicio alguna vez ejemplar, quedó devastada por la violencia que intentó erradicar, paliar y sanar originalmente. Pero la verdadera justicia se hará cuando la sociedad mexicana sea capaz de proteger, escuchar, acompañar, educar, dar de comer sanamente a todos sus niños, niñas y jovenes.
Y lo sabemos: si se demuestra que Rosa no les maltrataba y a su avanzada edad no estuvo consciente de la  violencia al interior de su hospicio-escuela, ya la autoridad y una parte de la sociedad han destruido su nombre y una historia que durante largos años estuvo llena de luz, de esperanza, de arte y cultura. Con este caso pierden en primer lugar las niñas, los niños y jóvenes, pierde Rosa y la sociedad michoacana, pero perdemos todas, todos por no ser capaces de comprender las lecciones después de tantos casos similares, por no ser capaces de cambiar la narrativa y la respuesta sobre los orígenes, las causas y consecuencias de la violencia.
 
 
 
 

Peña Nieto no es nada

Lydia Cacho
No me rasgo las vestiduras porque Peña Nieto lleguó al poder. Ya el PRI nos tenía bajo su control. Somos 20 de 32 entidades gobernadas por el PRI; y quien vive fuera del Distrito Federal sabe de qué hablo. Quien haya votado por el PRI creyendo que mejorará algo, tendrá una gran decepción.
Hace 26 años salí del Distrito Federal para vivir en Quintana Roo y se a ciencia cierta que más que vivir en las “provincias” sometidas al gobierno federal, vivimos en pequeñas naciones autónomas, en las que los gobernantes y sus diputados federales hace y deshacen a su antojo. En los congresos locales es prácticamente imposible encontrar congruencia entre los colores y nombres de partidos de quienes legislan y su visión del mundo. Lo mismo hallamos perredistas ultraconservadores, que panistas progres y priístas indefinidos. Se legisla con acuerdos bajo la mesa, sin visión de futuro y las diferencias con los gobernadores no las hacen los principios y valores sino los cochupos, prebendas y venganzas.
Para las y los intelectuales que viven en sus escritorios del D.F es fácil opinar sobre federalización, para quienes vivimos cada día bajo esta suerte de feudos debilitantes de la democracia ciudadana las cosas son diferentes…
 
En Chihuahua César Duarte Járquez, casi de manera idéntica que el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa,  firmó todos los convenios posibles con el presidente Calderón sin que se haya notado un cambio sustancial en beneficio de la sociedad. La Marina que se encarga de proteger zonas del estado, no confía ni en Duarte ni en su gabinete. El poder en manos de los dos duartes no ha servido sino para perseguir a las y los defensores de derechos humanos y a las y los periodistas que son críticos de su administración. Como el resto de los gobernadores de ese partido, ambos han cooptado a algunos medios a través de la publicidad oficial y a los otros medios libres los mantienen bajo serias presiones, amenazas y descrédito constante. El empresariado se siente inseguro y agotado de la autodefensa.
 
En Coahuila Rubén Moreira, quien como diputado local hiciera de operador de la familia, no solamente fue impuesto para encubrir todas las corruptelas de su hermano Humberto; además su incapacidad para gobernar está dejando en una gran indefensión a la sociedad, con un estado endeudado y una credibilidad prácticamente nula, los cárteles no negocian con él sino con sus jefes policíacos y con los voceros de Humberto.
 
En Michoacan Fausto Vallejo administra solamente el Palacio de Gobierno y su casa, el resto de la entidad está tomado por los cárteles. La siembra de amapola y mariguana en Michoacán crece de manera significativa. El Cártel de La Familia mantiene el control de comunidades enteras y cientos de escuelas; con su visión esquizoide de una supuesta ética criminal, mantiene comunicación directa con el gobierno estatal a través de alcaldes y empresarios que conforman las redes de la economía criminal del estado. En últimas fechas el gobernador Vallejo reconoció que es la propia sociedad quien se defiende sola con armas propias en la sierra, dijo “están en una lucha, asumiendo una responsabilidad frente a la delincuencia organizada, porque para nosotros (el gobierno) es muy difícil vigilar la sierra”.
 
En Nuevo León Rodrigo Medina fue Secretario Técnico del Comité de Inteligencia y Seguridad y, posteriormente, Secretario General de Gobierno bajo el mandato de Natividad González Parás, cuyas negociaciones con la delincuencia organizada no hicieron sino dejar en gran indefensión a la sociedad neoleonesa. Nunca había habido tanta trata de personas en ese estado como bajo su mandato. Medina no ha movido un dedo para erradicar a las mafias de tratantes en las que familiares del ex gobernador González están implicadas. Fuentes cercanas dicen que sufre de insomnio y de depresión; su familia vive en El paso y él gobierna la mitad del tiempo desde Texas. Vive indignado ante los medios que lo investigan y evidencian, su gobierno está paralizado por la corrupción heredada y su monumental ineficacia. Su cuerpo policíaco “Fuerza Civil de Nuevo León” opera discrecionalmente, como pudo demostrarse en el arresto ilegal de la periodista Sanjuana Martínez. Grupos empresariales y su propio partido planean ya su dimisión.
 
Egidio Torre Cantú en Tamaulipas aceptó al candidatura luego de que la delincuencia organizada asesinara a su hermano Rodolfo, candidato oficial. Opera y administra para el PRI un estado gobernado enteramente por el Cartel del Golfo. Los medios y la sociedad civil se protegen solos. Por su parte Jorge Herrera en Durango vive paralizado. Entre los operativos de los Zetas, el Cártel de Sinaloa y el de Juárez, la sociedad vive en el desamparo. Su gobierno ha imposibilitado la transparencia y rendición de cuentas a pesar de las fuertes presiones del empresariado, la sociedad civil y académica.
En la tierra de Beatriz Paredes, Tlaxcala, el priísta Mariano González está registrado desde 2009 como miembro adherente del PAN, sin embargo ni sus alianzas con panistas le han ayudado para gobernar. En su estado ha incrementado tres veces la trata de mujeres y niñas indígenas, de la mano de la pobreza y al corrupción. Según Transparencia Mexicana la corrupción de la burocracia tlaxcalteca está por encima de la media nacional. Es escondite de narcos que trabajan entre Puebla y Veracruz.
Roberto Borge en Quintana Roo mantiene atemorizada a toda la burocracia, entre amenazas y despidos para quien le contradiga incluyendo priístas connotados. Ha perseguido a los periodistas que no se someten; invierte sumas millonarias en el control de medios y logró que el estado se convirtiera en el menos transparente del país. Los cárteles operan libremente y su consigna para silenciar las acciones de la delincuencia organizada no ha hecho sino empoderar a los que operan en el Estado: el Golfo y los Zetas. (Fue una sorpresa que en las pasadas elecciones AMLO ganara aquí por 9 puntos a EPN). Borge ahora manipula las elecciones del 2013 con el consejo  y el tribunal estatal electoral, de la mano d elos diarios principales arrodillandos ante él.
No puedo decir que los gobernadores del PAN y el PRD lo hayan hecho mejor; por eso después del 1 de julio  millones de personas volvimos a nuestro trabajo y activismo; porque sabíamos que el país no cambiaría mucho del sexenio anterior al que viene. Las discusiones sobre las elecciones, para millones como yo, ya han pasado al ámbito filosófico y de desahogo terapéutico.
El futuro nos pisa la sombra. Nuestras batallas siguen siendo las mismas: otros seis años para cambiar las reglas del futuro, para defender, bajo amenaza, a la prensa libre, para evitar los oprobios del poder, para implementar el nuevo Sistema de Justicia Penal. Más tiempo para cuidar nuestra integridad sin negociar nuestros principios;  para construir un país que deje de creer que las elecciones cambian nuestras vidas. Para proteger a nuestras familias de la violencia y la corrupción. Para lograr que, eventualmente, nuestro trabajo cotidiano transforme los procesos electorales y más allá de ellos se fortalezca la ciudadanía.
@lydiacachosi

WE ARE BRADLEY MANNING

 

By Chris Hedges
March 3, 2013
Truthdig
Manning will surely pay with many years—perhaps his entire life—in prison. But we too will pay. The war against Bradley Manning is a war against us all.
I was in a military courtroom at Fort Meade in Maryland on Thursday as Pfc. Bradley Manning admitted giving classified government documents to WikiLeaks. The hundreds of thousands of leaked documents exposed U.S. war crimes in Iraq and Afghanistan as well as government misconduct. A statement that Manning made to the court was a powerful and moving treatise on the importance of placing conscience above personal safety, the necessity of sacrificing careers and liberty for the public good, and the moral imperative of carrying out acts of defiance. Manning will surely pay with many years–perhaps his entire life–in prison. But we too will pay. The war against Bradley Manning is a war against us all.
This trial is not simply the prosecution of a 25-year-old soldier who had the temerity to report to the outside world the indiscriminate slaughter, war crimes, torture and abuse that are carried out by our government and our occupation forces in Iraq and Afghanistan. It is a concerted effort by the security and surveillance state to extinguish what is left of a free press, one that has the constitutional right to expose crimes by those in power. The lonely individuals who take personal risks so that the public can know the truth–the Daniel Ellsbergs, the Ron Ridenhours, the Deep Throats and the Bradley Mannings–are from now on to be charged with “aiding the enemy.” All those within the system who publicly reveal facts that challenge the official narrative will be imprisoned, as was John Kiriakou, the former CIA analyst who for exposing the U.S. government’s use of torture began serving a 30-month prison term the day Manning read his statement. There is a word for states that create these kinds of information vacuums: totalitarian.
The cowardice of The New York Times, El Pais, Der Spiegel and Le Monde, all of which used masses of the material Manning passed on to WikiLeaks and then callously turned their backs on him, is one of journalism’s greatest shames. These publications made little effort to cover Manning’s pretrial hearings, a failure that shows how bankrupt and anemic the commercial press has become. Rescuing what honor of our trade remains has been left to a handful of independent, often marginalized reporters and a small number of other individuals and groups–including Glenn Greenwald, Alexa O’Brien, Nathan Fuller, Kevin Gosztola (who writes for Firedog Lake), the Bradley Manning Support Network, political activist Kevin Zeese and the courtroom sketch artist Clark Stoeckley, along with The Guardian, which also published the WikiLeaks documents. But if our domesticated press institutions believe that by refusing to defend or report on Manning they will escape the wrath of the security and surveillance state, they are stunningly naive. This is a war that is being played for keeps. And the goal of the state is not simply to send Manning away for life. The state is also determined to extradite WikiLeaks founder Julian Assange and try him in the United States on espionage or conspiracy charges. The state hopes to cement into place systems of information that will do little more than parrot official propaganda. This is why those with the computer skills to expose the power elite’s secrets, such as Aaron Swartz, who committed suicide in January, and Jeremy Hammond, who is facing up to 30 years in prison for allegedly hacking into the corporate security firm Stratfor, have been or are being ruthlessly hunted down and persecuted. It is why Vice President Joe Biden labeled Assange a “high-tech terrorist,” and it is why the Bradley Manning trial is one of the most important in American history.
The government has decided to press ahead with all 22 charges, including aiding the enemy (Article 104), stealing U.S. government property (18 USC 641), espionage (18 USC 793(e)) and computer crimes (18 USC 1030(a)(1))–the last notwithstanding the fact that Manning did not hack into government computers. The state will also prosecute him on charges of violating lawful general regulations (Article 92). The government has refused to settle for Manning’s admission of guilt on nine lesser offenses. Among these lesser offenses are unauthorized possession and willful communication of the video known as “Collateral Murder”; the Iraq War Logs; the Afghan War Diary; two CIA Red Cell Memos, including one entitled “Afghanistan: Sustaining West European Support for the NATO-Led Mission–Why Counting on Apathy Might Not Be Enough”; Guantanamo files; documents of a so-called Article 15-6 investigation into the May 2009 Garani massacre in Afghanistan’s Farah province; and a Department of Defense counterintelligence report, “WikiLeaks.org–An Online Reference to Foreign Intelligence Services, Insurgents, or Terrorist Groups?” as well as one violation of a lawful general order by wrongfully storing information.
Manning’s leaks, the government insists, are tantamount to support for al-Qaida and international terrorism. The government will attempt to prove this point by bringing into court an anonymous witness who most likely took part in the raid on Osama bin Laden’s compound in Pakistan. This witness will reportedly tell the court that copies of the leaked documents were found on bin Laden’s computer and assisted al-Qaida. This is an utterly spurious form of prosecution–as if any of us have control over the information we provide to the public and how it is used. Manning, for substantial amounts of money, could have sold the documents to governments or groups that are defined as the enemy. Instead he approached The Washington Post and The New York Times. When these newspapers rejected him, he sent the material anonymously to WikiLeaks.
The short, slightly built Manning told the military court Thursday about the emotional conflict he experienced when he matched what he knew about the war with the official version of the war. He said he became deeply disturbed while watching a video taken from an Apache helicopter as it and another such craft joined in an attack on civilians in Baghdad in 2007. The banter among the crew members, who treated the murder and wounding of the terrified human beings, including children, in the street below as sport, revolted him. Among the dead was Reuters photojournalist Namir Noor-Eldeen and his driver, Saeed Chmagh. Reuters had repeatedly asked to see the video, and the Army had repeatedly refused to release it. [Click here to see the “Collateral Murder” video.]
“Using Google I searched for the event by its date and general location,” Manning said in reading from a 35-page document that took nearly an hour to deliver. “I found several new accounts involving two Reuters employees who were killed during the aerial weapon team engagement. Another story explained that Reuters had requested a copy of the video under the Freedom of Information Act, or FOIA. Reuters wanted to view the video in order to be able to understand what had happened and to improve their safety practices in combat zones. A spokesperson for Reuters was quoted saying that the video might help avoid the reoccurrence of the tragedy and believed there was compelling need for the immediate release of the video.” [Alexa O’Brien, another journalist who attended Thursday’s proceedings, has provided a full transcript of Manning’s statement: Click here.]
“Despite the submission of the FOIA request, the news account explained that CENTCOM [Central Command] replied to Reuters stating that they could not give a time frame for considering a FOIA request and that the video might no longer exist,” Manning said. “Another story I found written a year later said that even though Reuters was still pursuing their request [the news organization] still did not receive a formal response or written determination in accordance with FOIA. The fact neither CENTCOM or Multi National Forces Iraq, or MNF-I, would not voluntarily release the video troubled me further. It was clear to me that the event happened because the aerial weapons team mistakenly identified Reuters employees as a potential threat and that the people in the bongo truck [van] were merely attempting to assist the wounded. The people in the van were not a threat but merely ‘good Samaritans.’ The most alarming aspect of the video to me, however, was the seemly delightful bloodlust they [the helicopter crew members] appeared to have.
“They dehumanized the individuals they were engaging and seemed to not value human life by referring to them as quote ‘dead bastards’ unquote and congratulating each other on the ability to kill in large numbers,” Manning said, speaking into a court microphone while seated at the defense table. “At one point in the video there is an individual on the ground attempting to crawl to safety. The individual is seriously wounded. Instead of calling for medical attention to the location, one of the aerial weapons team crew members verbally asks for the wounded person to pick up a weapon so that he can have a reason to engage. For me, this seems similar to a child torturing ants with a magnifying glass.
“While saddened by the aerial weapons team crew’s lack of concern about human life, I was disturbed by the response of the discovery of injured children at the scene. In the video, you can see the bongo truck driving up to assist the wounded individual. In response the aerial weapons team crew–as soon as the individuals are a threat, they repeatedly request authorization to fire on the bongo truck and once granted they engage the vehicle at least six times. Shortly after the second engagement, a mechanized infantry unit arrives at the scene. Within minutes, the aerial weapons team crew learns that children were in the van, and despite the injuries the crew exhibits no remorse. Instead, they downplay the significance of their actions, saying quote ‘Well, it’s their fault for bringing their kids into a battle’ unquote.
“The aerial weapons team crew members sound like they lack sympathy for the children or the parents. Later in a particularly disturbing manner, the aerial weapons team verbalizes enjoyment at the sight of one of the ground vehicles driving over a body–or one of the bodies. As I continued my research, I found an article discussing the book ‘The Good Soldiers,’ written by Washington Post writer David Finkel. In Mr. Finkel’s book, he writes about the aerial weapons team attack. As I read an online excerpt in Google Books, I followed Mr. Finkel’s account of the event belonging to the video. I quickly realize that Mr. Finkel was quoting, I feel in verbatim, the audio communications of the aerial weapons team crew. It is clear to me that Mr. Finkel obtained access and a copy of the video during his tenure as an embedded journalist. I was aghast at Mr. Finkel’s portrayal of the incident. Reading his account, one would believe the engagement was somehow justified as ‘payback’ for an earlier attack that led to the death of a soldier. Mr. Finkel ends his account of the engagement by discussing how a soldier finds an individual still alive from the attack. He writes that the soldier finds him and sees him gesture with his two forefingers together, a common method in the Middle East to communicate that they are friendly. However, instead of assisting him, the soldier makes an obscene gesture extending his middle finger. The individual apparently dies shortly thereafter. Reading this, I can only think of how this person was simply trying to help others, and then he quickly finds he needs help as well. To make matters worse, in the last moments of his life he continues to express his friendly gesture–his friendly intent–only to find himself receiving this well known gesture of unfriendliness. For me it’s all a big mess, and I am left wondering what these things mean, and how it all fits together. It burdens me emotionally. …
“I hoped that the public would be as alarmed as me about the conduct of the aerial weapons team crew members. I wanted the American public to know that not everyone in Iraq and Afghanistan are targets that needed to be neutralized, but rather people who were struggling to live in the pressure cooker environment of what we call asymmetric warfare. After the release I was encouraged by the response in the media and general public who observed the aerial weapons team video. As I hoped, others were just as troubled–if not more troubled than me by what they saw.”
Manning provided to the public the most important window into the inner workings of imperial power since the release of the Pentagon Papers. The routine use of torture, the detention of Iraqis who were innocent, the inhuman conditions within our secret detention facilities, the use of State Department officials as spies in the United Nations, the collusion with corporations to keep wages low in developing countries such as Haiti, and specific war crimes such as the missile strike on a house that killed seven children in Afghanistan would have remained hidden without Manning.
“I felt that we were risking so much for people that seemed unwilling to cooperate with us, leading to frustration and anger on both sides,” Manning said. “I began to become depressed with the situation that we found ourselves increasingly mired in year after year. The SigActs [significant-acts reports of the Army] documented this in great detail and provide a context of what we were seeing on the ground.
“In attempting to conduct counterterrorism, or CT, and counterinsurgency, COIN, operations we became obsessed with capturing and killing human targets on lists and being suspicious of and avoiding cooperation with our host nation partners, and ignoring the second- and third-order effects of accomplishing short-term goals and missions. I believe that if the general public, especially the American public, had access to the information contained within the CIDNE-I and CIDNE-A tables [a reference to military information] this could spark a domestic debate on the role of the military and our foreign policy in general as it related to Iraq and Afghanistan.
“I also believed the detailed analysis of the data over a long period of time by different sectors of society might cause society to re-evaluate the need or even the desire to engage in counterterrorism and counterinsurgency operations that ignore the complex dynamics of the people living in the affected environment every day.”
It is certain that with this “naked” plea Manning will serve perhaps as much as 20 years in prison. The judge, Col. Denise Lind, who will determine Manning’s sentence, warned him that the government could use his admissions to build a case for the more serious charges. Manning faces 90 years if he is convicted on the greater charge of espionage, and he faces life if convicted of aiding the enemy. Military prosecutors have made it clear they are out for blood. They said they will call 141 witnesses, including 15 who will charge that Manning caused harm to national interests; 33 witnesses, the government claims, will discuss information so sensitive or secret that it will require closed court sessions. Four witnesses–including, it appears, a Navy SEAL involved in the bin Laden raid–will give testimony anonymously. Army Maj. Ashden Fein, the lead prosecution attorney, has told the court that the government witnesses will discuss issues such as “injury and death to individuals” that resulted from the WikiLeaks disclosures, as well as how the “capability of the enemy increased in certain countries.” The government is preventing Manning’s defense team from interviewing some of the witnesses before the trial.
When he was secretary of defense, Robert Gates said a Defense Department review determined that the publication of the Iraq War Logs and the Afghan War Diary had “not revealed any sensitive intelligence sources and methods.” In the trial, however, the government must prove only that the “disclosure could be potentially damaging to the United States” and need only provide “independent proof of at least potential harm to the national security” beyond mere security classification, writes law professor Geoffrey Stone.
The government reviews determined that the release of Department of State “diplomatic cables caused only limited damage to U.S. interests abroad despite the Obama administration’s public statements to the contrary,” according to Reuters. “We were told the impact [of WikiLeaks revelations] was embarrassing but not damaging,” a congressional official, briefed by the State Department, told Reuters. The “Obama administration felt compelled to say publicly that the revelations had seriously damaged American interests in order to bolster legal efforts to shut down the WikiLeaks website and bring charges against the leakers,” the official told the news outlet. Government prosecutors, strengthening their case further, have succeeded in blocking Manning’s lawyers from presenting evidence about the lack of real damage caused to U.S. interests by the leaks.
Manning has done what anyone with a conscience should have done. In the courtroom he exhibited–especially given the prolonged abuse he suffered during his thousand days inside the military prison system–poise, intelligence and dignity. He appealed to the best within us. And this is why the government fears him. America still produces heroes, some in uniform. But now we lock them up.
The court has not yet issued an official text of Bradley Manning’s statement. Thanks to Alexa O’Brien for providing a transcript.

CONOCE LA NUEVA LEY DE VÍCTIMAS



La Academia Mexicana de Jurisprudencia y Legislación

Se complace en invitar a usted al Coloquio sobre:

“Ley General de Víctimas”

que tendrá el honor de contar con los siguientes ponentes:

Javier Sicilia

Líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad

Santiago Corcuera Cabezut

Académico de la Universidad Iberoamericana

experto en Derechos Humanos

Rafael Estrada Michel

Director General del INACIPE

Académico supernumerario

Julio Hernández Barros

Co-redactor de la Ley General de Víctimas

Académico de número Sitial 22

El coloquio se llevará a cabo en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico, sito en Avenida Revolución número 1500, Colonia Guadalupe Inn, el día jueves 28 de febrero de 2013 en punto de las 19:00 horas.

Al finalizar el coloquio se servirá un vino de honor

R.S.V.P. acajurisprudencia@hotmail.com

 
Para Saber más sobre el tema:

Programa “Háblame Derecho” de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, con Santiago Corcuera y Julio Hernández Barros. Conducido por Alejandro Torres

Programa “El Mañanero” con Javier Sicilia y Julio Hernández Barros. Conducido por Victor Trujillo “Brozo”

Programa “Háblame Derecho”. Conducido por Rafael Estrada Michel, con Julio Hernández Barros y Homero Tapia.
Algunos artículos sobre la Ley General de Víctimas:

Ley General de Víctimas:
Ley General de Víctimas publicada en el Diario Oficial el 9 de enero de 2013


CARTA A ESTUDIANTES DE UNICARIBE

Cancún, Quintana Roo Febrero 2013
Estudiante: ¿Qué pasa en nuestra Universidad del Caribe?
Desde su fundación fui nombrada Consejera de esta maravillosa Universidad Pública, cuyo modelo ha sido reconocido como uno de los mejores del país. Antes de salir el gobernador Félix González Canto, por razones políticas y de amistad, impuso al empresario Arturo Escaip Manzur como rector. Su trayectoria  eminentemente empresarial y su viejo título de Harvard, nos hicieron creer a algunos que llevaría a la Universidad hacia el progreso y el fortalecimiento institucional.
Lo que hizo frente a nuestras miradas fue todo lo contrario. Desde su toma de protesta en el año 2009, Escaip Manzur se negó a llevar a cabo juntas de Consejo para transparentar su operación. En contra del reglamento se apropió del negocio de la cafetería y comenzó a utilizar recursos propios de la Universidad para uso personal y familiar. Durante estos años ha pasado una tercera parte de su rectoría viajando a Europa y otros países para asuntos personales; ya que entre otras cosas se dedica a la importación y ventas de joyas y piedras preciosas. Su ausencia y falta de liderazgo permearon en buena parte del cuerpo administrativo, generando una división entre dos grupos. Quienes defienden el Modelo universitario y la trasparencia y calidad, y quienes como el Secretario Académico, Hilario López Garachana, han impuesto una tiranía a fuerza de amenazas, espionaje y malos manejos de material y recursos. En los dos últimos años Escaip y sus más cercanos colaboradores han desarticulado algunos de los más importantes logros de la Unicaribe, utilizando la amenaza y el despido injustificado de profesores investigadores, para silenciar la defensa de dicha casa educativa y sus principios rectores.
Yo personalmente acudí a la Secretaría de Educación  federal hace dos años para llevar evidencia de los hechos, solicitamos una auditoría que se llevó a cabo y está arrojando todo tipo de anomalías. El 28 de febrero termina el cuatrienio del rector Escaip, y por tanto las y los consejeros, así como la Junta Directiva, ya deberíamos de conocer la orden del día para las reuniones de rendición de cuentas y para asegurar que el procedimiento de elección de un nuevo rector, o nueva rectora, se de en el marco de la legalidad y transparencia. Escribo esta carta por dos preocupaciones, la primera, para incitar a estudiantes a dejar atrás el miedo y exigir  pacíficamente que su universidad siga siendo una de las mejores del país, la segunda, porque es nuestra obligación defender ésta que es nada menos que la joya educativa del Estado de Quintana Roo.
Dirijo esta carta abierta a ti, a todos y todas las estudiantes de Cancún. A las y los universitarios, por supuesto, pero no sólo a ustedes. También, al estudiantado de las prepas oficiales y privadas, de las secundarias y de las primarias. A todos y todas nos involucra lo que está ocurriendo en la Universidad del Caribe. Estos sucesos están malbaratando tu preparación, tirando a la basura tus oportunidades futuras y derechos para una vida mejor.
¿Sabes lo que pasa en esta máxima casa de estudios?, ¿la que el Estado ha abierto con los impuestos que pagan tu madre y tu padre?, ¿la que por lo mismo te debe costar muchísimo mucho menos que las universidades privadas?, ¿la que tiene el encargo de formarte como profesionista y como persona completa, culta, sana e involucrada con su comunidad?
Si no lo sabes, comienza a preguntar. Pregúntale a todo el que puedas y a todo el que creas que tiene alguna información del estado de las cosas en la universidad pública de Cancún. Si no lo haces, si no lo hacemos, nos vamos a arrepentir toda la vida. Y la tuya apenas comienza. Tienes el derecho no sólo a saber qué pasa, sino a exigir que lo que ocurre en la Universidad del Caribe se detenga, se componga y nunca más se vuelva a repetir. Pregunta hasta que obtengas respuestas, hasta que la situación de tu universidad cambie, hasta que a los responsables de este deterioro salgan de allí.
Quizá no lo sepas, pero tu universidad alguna vez fue un ejemplo en todo el país. Como una casa de estudios abierta, pensante y libre. Como una institución limpia, cómoda y comprometida con el estudiantado. Como un lugar de profundo crecimiento y contagioso ánimo profesional para las personas que allí trabajan. Todo eso se desvanece en un ambiente de autoritarismo, racismo y opacidad.
La Universidad del Caribe poco a poco deja de ser nuestro orgullo, nuestra gran educadora, nuestra amiga. Es lamentable, pero debemos admitirlo.
Si eres estudiante de Unicaribe, sabes perfectamente de lo que estoy hablando. Te ha tocado ver cómo sus instalaciones, antes siempre bien mantenidas, están ahora sucias y en mal estado. Puedes ver, porque lo has vivido, que ahora hacer deporte es un lujo que cuesta; antes era tu derecho: a la diversión, al entretenimiento y a la salud. Pregunta, ¿qué pasó con el notorio patronato deportivo?, ¿por qué desaparecieron tan de repente, como si huyeran?,  ¿por qué despidieron al encargado de deportes, si es enormemente respetado por todos y todas ustedes?
Pregunta e investiga a fondo, porque te quieren engañar. Te van a querer manipular. Te van a decir, por ejemplo, que es porque el gobernador no quiere a la universidad. Y que por eso hay una crisis financiera en tu casa de estudios. Eso es mentira, el gobernador Borge conoce el valor que Unicaribe tiene para el Estado.
Los recursos faltan en la universidad no porque el gobernador no le quiera dar dinero a Unicaribe sino porque le han hecho auditorías, tanto federales como estatales. Y estas revisiones han detectado malos manejos dentro de la institución. En otras palabras, no hay dinero en la Universidad del Caribe porque encontraron corrupción. Pregunta, hasta que te respondan: ¿quién ha realizado auditorías?, ¿por qué?, ¿qué encontraron?, ¿hay responsables?, ¿qué les ocurrirá a quienes metieron en terribles problemas a la Unicaribe con sus malos manejos?. Lo cierto es que la federación sí tiene recursos para Unicaribe, pero es tarea del rector asegurarlos por las vías adecuadas, en tiempo y forma.
Puedes preguntarle a tus profesores. Cuando lo hagas, te darás cuenta de que algo anda muy mal. Porque casi con toda seguridad tu profesor volteará a un lado y otro antes de contestar. Titubeará, no sabrá qué decirte. ¿Y sabes por qué? Porque están siendo hostigados. En tu institución las y los profesores están amordazados con la amenaza de ser despedidos si ejercen su derecho a pensar y opinar. Ante la corrupción, el terror. Por ejemplo, a las y  los investigadores que se muestran muy preocupados por el futuro de sustentabilidad de los negocios en Cancún, se les manda callar para que no opinen que nuestro crecimiento económico debe ser racional y respetuoso con el medio ambiente. Eso es lo que se enseña ahora: a obtener lo que se desea por medio de la fuerza, del terror, justo lo contrario de lo que manda el modelo educativo.
Esa es la lógica de este rector: que todo negocio que puedas hacer hoy es mejor que cualquier oportunidad de otros en el futuro; que cualquier negocio propio, incluso dentro de una universidad pública; es mejor que cualquier concepto de calidad en la educación; que más vale dinero en la bolsa de corruptos que dos mil quinientos estudiantes pensando. En lugar de enseñarte creatividad y productividad, esto es lo que te están enseñando. Por eso, pregunta.
¿Por qué en mi universidad no hay una fuerte visión de futuro? ¿Por qué quisieron subir las cuotas estudiantiles? ¿Por qué siempre hay pequeñas construcciones por todos lados, que nunca quedan bien? ¿Quién gana con todo esto? ¿Por qué se comenzó a cobrar en las actividades deportivas? ¿Quién maneja la cafetería, negocio turbio dentro de una institución pública? ¿Por qué se despide injustificadamente a profesores y profesoras?. Porque las filias y fobias personales del rector pueden determinar el futuro de un cuerpo académico bien conformado? ¿dónde quedó esa filosofía y ambiente de esperanza con que crecimos los primeros 8 años?
Querida, querido estudiante, pregunta, una y otra vez: ¿qué es lo que está pasando en  mi Universidad del Caribe?, ¿por qué se está perdiendo lo que nos costó tanto trabajo construir?, ¿quiénes son los responsables? Detrás de este esfuerzo educativo hay muchos importantes empresarios preocupados por el bienestar de tu universidad que creen el la importancia de tu educación, hay activistas, periodistas, padres y madres de familia que sabemos que Unicaribe es de la sociedad y que ha llegado el momento para rescatarla de la abulia y la corrupción. Vamos, unidos, por la educación aquí y ahora.
Queremos un proceso transparente y rector o rectora a la altura de esta casa educativa, ni más ni menos.
Lydia Cacho
Miembro del Consejo Universidad del Caribe

Periodista / Derechohumanista
www.lydiacacho.net @Lydiacachosi

ANTI-SLAVERY

Slavery and What We Buy

Some of the products we buy today may have been produced through the use of slave labour.
http://www.antislavery.org/english/slavery_today/slavery_and_what_we_buy.aspx

How does slavery occur in the supply chain?

There is evidence of slavery in different stages of the supply chain from the production of raw materials, for example cocoa and cotton farming, to manufacturing goods such as hand-knotted rugs and even at the final stage, when the product reaches the market.

How does the supply chain work?

Typically the final product you purchase has passed through a long chain of producers, manufacturers, distributors and retailers who have all participated in its production, delivery and sale.
It can therefore be very difficult to track a component of an end product back to a particular producer, for example cotton in a T-shirt back to a particular cotton farm.
For this reason it is not always possible to certify that a product has or has not been produced using slavery.
However the way in which companies operate can affect the likelihood of slavery being a part of the final product. If a brand gives its supplier a large order with a short turnaround time beyond the suppliers’ capacity, this could increase the risk of slavery as the supplier may subcontract work to factories or workers that are not regulated by the same standards as the supplier.
Company buyers may negotiate such low prices that suppliers are forced to push down the price it pays for the materials it needs, which can have a knock-on effect on those involved in the production of raw materials, increasing the likelihood of the use of forced labour.
Companies should ensure that the Universal Declaration of Human Rights is respected across its whole supply chain to ensure that it is not inadvertently supporting slavery. For example, extreme poverty can lead workers into situations in which they find themselves enslaved and the government may not be properly enforcing labour laws and inspecting workplaces.

Ricardo’s story

Ricardo was made to live in the back of a locked removal van and forced to work on a farm picking tomatoes in Florida. He was forced into debt as his ‘employer’ charged punitive costs for food, rent etc. After more than a year he managed to escape through the ventilation hatch of the truck.
Florida tomatoes are bought by restaurant and fast-food chains. Anti-Slavery International supported the Coalition of Immokalee Workers’ campaign, which succeeded in Burger King signing an agreement with them to ensure workers’ rights are respected. The agreement includes a zero-tolerance guideline for suppliers regarding certain unlawful activities such as forced labour.

Core labour standards

Labour standards are developed, agreed and enforced by the International Labour Organization, which is a part of the United Nations. Human rights groups such as Anti-Slavery International call on governments to apply these standards. These standards are binding on governments and seek to eliminate forced labour, child labour and discrimination in employment, while ensuring respect for the right to freedom of association and collective bargaining. Companies’ codes of conduct and schemes should meet these standards.
Transnational corporations hold considerable power and it is vital that they are held to account for the way their workers, whether employed directly or indirectly, are treated. The United Nations Human Rights Council has called upon countries to recognise that they have a duty to protect against human rights abuses committed by companies. Companies also have a responsibility to put in place systems that ensure they are respecting human rights. Finally, victims need better and easier ways in which they can access justice. Anti-Slavery International supports this approach by providing companies with information to improve their systems so that they can identify, prevent and eradicate slavery.

What can you do?

Ask questions when you shop. Does your local retailer stock fair trade products? Use your consumer power to show you care — buy fair trade marked products and Rugmark carpets, a certification scheme for rugs and carpets made without illegal child labour. In supermarkets, look out for the Fairtrade Mark. This is the best available guarantee that a product has not been produced using slave labour because goods can only be Fairtrade certified if they have complied with Fairtrade standards, which incorporate international human rights standards. For retail chains, write a letter to the company headquarters asking what measures the company is taking to identify, prevent and end the use of forced labour and slavery from their supply chain. Ask if the company is a member of the ETI and ask the company to explain how it is involved.

Why not boycott?

In certain situations boycotting specific goods or countries can actually make the situation worse and undermine the economy of an already poor country. A boycott could hurt those in slavery-like conditions as well as those employers who are not exploiting their workers, and worsen the poverty that is one of the root causes of the problem. Support fair and ethical trade initiatives instead and use consumer power to encourage retailers and companies to move to the Fairtrade scheme.

take action

 

Anti-slavery International’s programme

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POR ARMANDO, EN CIUDAD JUÁREZ

Justicia para Armando, no podemos aceptar ni la indiferencia ni el olvido

 
A cuatro años del homicidio de nuestro compañero Armando Rodríguez Carreón, “El Choco”, la Red de Periodistas de Juárez denuncia que aún no hay ningún avance en las investigaciones en manos de las autoridades para saber quién y por qué lo mató.
El presidente Felipe Calderón mintió abiertamente al señalar, en septiembre de 2010, que el caso estaba resuelto porque ya había un detenido. Dos años después de ese falso anuncio, el crimen no sólo sigue sin ser esclarecido –y el presunto sin recibir cargos por este hecho-, sino que la impunidad que lo rodea, tal como advertimos, fungió de corolario para la brutal ola de violencia que, como nunca, ha cobrado la vida de los periodistas mexicanos.
Para nosotros en Ciudad Juárez es claro: con la omisión a la hora de esclarecer el crimen de Armando Rodríguez y de todos los colegas que han sido asesinados, el Estado mexicano está enviando el criminal mensaje de que, en este país, cegar una vida y silenciar así la libertad de prensa y de expresión, no tiene absolutamente ninguna consecuencia.
Los periodistas seguimos esperando la justicia. Pero no podemos aceptar ni la indiferencia ni el olvido.
La Red de Periodistas de Juárez repudia la nula eficacia de las autoridades de procuración de justicia y reitera su exigencia a los gobiernos, federal y estatal, y a sus fiscalías para que hagan justicia para nuestro compañero Armando Rodríguez, reportero de El Diario de Juárez, asesinado el 13 de noviembre del 2008.
Red de Periodistas de Juárez