JUSTICIA PARA LA INFANCIA

¿Vale la pena exigir justicia?

`Por Raquel Pastor y Analía Castañer
El 30 de marzo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidirán si quedará en libertad la única persona detenida por la acusación de violación de un pequeño de 4 años en el Instituto San Felipe de Oaxaca. Con esto, los dos prófugos faltantes podrían perder esa condición
El 23 de mayo de 2007 la madre presentó una denuncia ante el Ministerio Público. Según el dictamen psicológico del 6 de junio de 2007, de un perito de la Procuraduría General de Justicia del estado, el niño “ha experimentado, presenciado o le han explicado uno (o más) acontecimientos caracterizados por muertes o amenazas para su integridad física o la de los demás… ha respondido con temor, desesperanza o un horror intensos…”. Sin embargo, durante cinco meses las autoridades no actuaron. Sólo por la presión de la ciudadanía giraron tres órdenes de aprehensión y detuvieron y consignaron a la maestra que llevaba al niño al salón donde era abusado. El 5 de febrero de 2008 la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 04/2008 al entonces gobernador Ulises Ruiz, por violaciones al derecho a la pronta y debida impartición de justicia. Ante la impunidad, José Bonilla, entonces abogado de la víctima, recurrió a instancias federales. Miembros de la AFI intentaron la detención, pero agentes de las corporaciones de seguridad estatales los detuvieron y permitieron la fuga de los condenados. Si la Suprema Corte de Justicia no reconoce delito alguno, se perderá la oportunidad de inhibir estos delitos, pero habrá que considerar las ventajas que puede tener para el niño este largo camino.
Denunciar puede simbolizar ante los ojos del niño la protección de adultos significativos. Independientemente del resultado final que se obtenga, transmite el mensaje de que hay adultos que comprenden la gravedad de la situación que está sufriendo y la necesidad de hacer algo para detener el delito. El inicio de la averiguación previa constata que se ha creído al niño y no está solo. Estas acciones pueden propiciar que el niño recupere la voluntad de protegerse: hay autoridades, terapeutas, abogados y adultos acompañantes que le creen y que hacen algo al respecto. Recibir esta protección lo redignifica y constituye un elemento fundamental en su recuperación. El sentido del proceso cumple una función importante para desculpabilizarlo. Para la sociedad y las autoridades es tan clara la completa responsabilidad del adulto que comete una agresión contra una persona menor de edad, que se considera delito y es por ello que existen lugares específicos donde es necesario contarlo
El acompañamiento adecuado hace que el niño se sitúe en un lugar de importancia dentro del proceso: es quien puede dar información sobre lo que pasó. Hacerlo es un medio que está en sus manos para ayudar a que lo que sucedió no se repita. Su participación le muestra sus propias capacidades de autocuidado y una acción concreta que contrarresta el atrapamiento en el silencio y la impotencia. Presentarse a una audiencia permite que el niño sienta que cumplió la parte que le tocaba para evitar nuevas agresiones; le sirve para “dejar” el asunto en manos de los adultos a los que les toca tomar medidas. El contacto con autoridades y otros adultos protectores habilita el trabajo de recuperación de claves de confiabilidad en otros, que le permiten discriminar entre relaciones abusivas y no abusivas. El proceso enseña al niño un camino real de qué hacer cuando alguien hace algo indebido. Cada acción en las diligencias podrá ser connotada en este sentido y, con ello, mostrar al niño recursos sobre los cuales construir la idea de ser valioso, merecedor de cuidado y digno de protección. Le muestra que es capaz de enfrentar algo que fue muy doloroso, por el solo hecho de presentarse a la audiencia, aún cuando no pueda declarar nada.
Cada diligencia presenta barreras específicas a superar, que una vez completadas pasan a formar parte del repertorio de herramientas del niño para afrontar futuras situaciones difíciles. El niño puede incorporar información nueva, que marca una diferencia respecto de la percepción anterior de sí mismo como “niño abusado” y permite construir una identidad de “niño que sabe protegerse”. Toda participación aporta, si se utiliza la lente adecuada, elementos para contrarrestar sentimientos de culpa, vergüenza, percepción como persona dañada o sin recursos.
En conclusión, sí vale la pena denunciar porque ello puede tener efectos terapéuticos en la infancia víctima que participa en un proceso de justicia cuando existen preparación y acompañamiento adecuados, que complementan y potencian su recuperación. Además, ayuda a otros niños víctimas a garantizar la no repetición y a toda la sociedad si se hace realidad la justicia para niñas y niños. La Corte tiene la palabra. Participar del proceso de justicia y salir fortalecido de él es lo que deseamos para el niño de éste y todos los casos.
Raquel Pastor es profesora de la Maestría en Trabajo Social de la UNAM.
Analía Castañer es coordinadora de investigación de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia
Articulo publicado en  Enfoque, Reforma 27 de marzo de 2011

2 comentarios en “JUSTICIA PARA LA INFANCIA

Deja un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.