Un asunto personal

Terminó sus clases y al sonar la campana Adriana, sonriente y estudiosa jovencita de quince años, se despidió de sus amigas de la escuela. A plena luz del día esperando el camión para volver a casa a comer con su familia, fue secuestrada y nadie supo más. Sucedió a principios de este 2008. Johana de 20 años fue asesinada en su casa luego de un asalto sexual. María Guadalupe recibió una estocada en el corazón por atreverse a contestarle a su esposo, y el 20 de enero Mirna, una adorable pequeña de diez años fue asesinada luego de un ataque sexual. Así comenzaron el año sus familias.
Para la comunidad internacional este es un grave problema de Estado que exhibe al gobierno. Las vidas de estas jóvenes y niñas forman parte de la lista de más de 430 víctimas de una masacre sistemática en una Nación que no está en guerra. Es México. Y esta cifra no es de todo el país, sino simplemente de uno de los 32 estados de la República: Chihuahua.
Si usted sigue leyendo esta columna significa que no está entre los miles que cada vez que escuchan sobre feminicidios en Chihuahua exhala y piensa: “otra vez eso de Ciudad Juárez” y elige ignorar la ignominia. Ahora bien, si de inmediato envía un comunicado desmintiendo las cifras, seguramente usted está en el gabinete del gobernador de Chihuahua José Reyes Baeza. La madre de una niña asesinada preguntó a este gobernador “¿Tiene usted hijas?” a lo que Reyes Baeza respondió que él no habla de asuntos personales, acto seguido se dio la media vuelta. Hay dos tipos de complicidades, la complicidad activa de los gobernadores de Chihuahua (presente y pasados) y la de quien elige que estos crímenes ya no son relevantes.
Por desgracia el hecho de que asesinen, mutilen, secuestren y violen a las hijas de miles de madres y padres desesperados no es “personal” mas que para las familias. Nos dicen que no es asunto de Estado que 16 mil niños y niñas sean objeto de explotación sexual cada año, o que 85 mil menores sean utilizadas anualmente en actos de pornografía. Tampoco el turismo sexual es asunto “personal” para los gobernadores y procuradores de 21 estados del país en los cuales existe esta práctica, aunque el INEGI reporte estas cifras.
Suman ya millones las madres y padres de las asesinadas y desaparecidas de Chihuahua, del estado de México, de Morelos, de Quintana Roo, de Sonora. Suman miles de millones de pesos invertidos, perdidos, arrebatados por las autoridades que alimentan falsas esperanzas de impartición de justicia a las familias. Suman millones los minutos de rabia y llanto de hombres y mujeres que se niegan a escuchar más cifras sobre violencia e injusticia, augurando impunidad segura. Sí, está claro que nadie puede vivir en el desasosiego perenne sin enloquecer, por eso cambiamos la página del diario, el canal de TV, la estación de radio, para no sufrir más la soledad del dolor de el otro, de la otra, que algún día podría ser yo. Pero esta abulia, por explicable que sea, alimenta la impunidad.
De la mano de una sociedad agotada y maniatada por los resultados de una falta sistemática de justicia, están los poderes que con sus acciones estimulan la criminalidad y refuerzan los estereotipos del abuso autoritario.
Son dos grupos sociales quienes envían mensajes deshumanizantes y desesperanzadores a niños y jóvenes que eventualmente descubren que no tienen otro destino que la marginación, ni otra salida que la violencia: los criminales que se fortalecen, y los servidores públicos que no asumen la preocupación colectiva como algo personal. Mientras la violencia crece y amedrenta a la población mexicana, a veces olvidamos que cada vez que un Ministro, una juez, un gobernador; una o un procurador se dan por vencidos, institucionalizan la impunidad como regla y la violencia como única salida aparente. No sé usted, al menos yo me rehúso a vivir en un país en que sólo podemos ser o verdugos o víctimas de la crueldad; siempre es mejor ser agentes del cambio.
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Los infiltrados del caribe

Hace veintiún años cuando emigré a Quintana Roo la droga llegaba en lanchas rápidas a la costa sur, las rutas marítimas estaban claramente trazadas hacia el Golfo de México. A veces una nave aterrizaba en pistas de la Riviera del Río Hondo. El aeropuerto cerraba oficialmente a la medianoche, pero las avionetas llegaban desde Colombia con cocaína pura. En aquellos tiempos “El chaparro” Guemez, un norteño bajito que trabajaba en las pistas del aeropuerto de Cancún, distribuía la coca entre la incipiente socialité local. La red del Sindicato de taxistas se encargaba de la venta al turismo.
A partir de los noventa las rutas se negociaron desde las oficinas de los gobernadores. El rostro del sureste mexicano cambió radicalmente, En Quintana Roo los gobiernos de Mario Villanueva, en Yucatán Cervera Pacheco y en Campeche Salomón Azar, abrieron las puertas a las “inversiones” de los Carteles. El mercado cambió y con él las estrategias del crimen organizado. Con el tiempo las y los gobernantes quedaron con dos opciones: aliarse o dejar pasar (Jugarse la vida por su estado nunca ha sido una opción).
Hace dos décadas los agentes de la UEDO y la DEA lograban infiltrarse entre las redes policíacas y aeroportuaria para investigar, hoy la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, tendría que acercarse a las oficinas de gobierno municipales y estatales y a las de hoteleros de Cancún y Riviera Maya para interrogar a los representantes y facilitadores del negocio de la droga.
Así como Alcides Magaña “el Metro”, personero de Amado Carrillo, se convirtió en cancunenses, ahora representantes de los cárteles de Juárez, el Golfo y de Sinaloa compran mansiones en la Zona Hotelera, invierten en la Riviera Maya, y al igual que un par de Zetas, famosos en esta ciudad, piden champagne en el restaurante de moda haciendo evidente su presencia y poder.
Pero las plazas no se toman con mensajes de encobijados y asesinatos, la estrategia consiste en invertir dinero sucio en las campañas políticas, en que en cada región (colonia) haya al menos 5 sitios de venta de droga, cervecentros, tendajones, escuelas y casas particulares. Todas las bandas juveniles cuyos miembros tienen entre 8 y 23 años venden y utilizan drogas. La PGR calcula que uno de cada tres policías municipales protege la distribución de droga en Cancún. Taxistas, bell boys, guardias, policías y comerciantes mejoran su economía con la venta de drogas, en la misma medida en que aumenta la inversión turística con prestanombres y avales de políticos.
En un país donde la impunidad es la regla y las negociaciones políticas desde las instituciones de impartición de justicia favorecen al crimen organizado, los cabecillas de los cárteles y los políticos vinculados con ellos nos están dando una lección de economía de mercado.
Está claro que el crimen organizado (sea trafico de armas, drogas, personas o pornografía infantil) se identifica con valores, principios y creencias y establece reglas de comportamiento y negociación. Lo cierto es que el de la droga es un mercado abierto, competitivo y en pleno crecimiento. Digamos que un Cartel es mucho más parecido a una confederación empresarial que a la familia de El padrino, de Puzo. Los empresarios del narco han logrado garantizar el acceso continuado y barato a drogas naturales y sintéticas. Desaparecer al Director General de una empresa no significa llevarla a la quiebra.
Mientras la PGR reporta que en México hay 8 carteles de drogas, el General retirado Barry McCaffrey, ex zar antidrogas norteamericano, asegura que son 30. Cada día miles de personas en México, frente al ejemplo de gobernantes y policías corruptos, eligen ser parte del lucrativo negocio de la droga. Habría que preguntar si luego de arrestar a los capos y policías corruptos, seguirá la limpia en oficinas de gobernadores, alcaldes, legisladores, de empresarios blanqueadores, y de procuradores y jueces que les protegen. De otra manera las redes sociales que sostienen a las empresas criminales quedarán, para variar, intocadas ¿No cree usted?