Fernández de Cevallos, al ataque

Cuando Jimena Marín Foucher se casó con David, el hijo de Diego Fernández de Cevallos, jamás se imaginó que su vida se convertiría en una pesadilla de violencia doméstica. Sus padres creyeron que el joven hijo de uno de los abogados más poderosos y corruptos de México, cambiaría; pero sucedió lo contrario. Cuando Jimena pidió ayuda le pidió el divorcio. Como muchos agresores poderosos, él la encerró durante casi cuatro meses. El aislamiento, amenazas de muerte y la reiterada intimidación de la familia Fernández de Cevallos a Jimena, terminaron en una amenaza: si ella quería el divorcio jamás volvería a ver a sus hijos. Ella escapó de casa cuando se desató la crisis del secuestro de Diego.

 

Este jueves, David Fernández de Cevallos, acompañado de un primo y su hermano Rodrigo, llegaron a la casa de la familia Foucher en Cozumel, en una zona residencial cuyos testigos creyeron inicialmente que se trataba de un ataque de narcotraficantes por el despliegue de violencia. Protegidos por agentes encapuchados de la AFI, los hombres armados entraron en la casa a llevarse a los niños; cuando los vecinos llamaron a la policía local, ante la confusión, se vivieron momentos de gran tensión. Todos cortaron cartucho al ver que los supuestos federales no se identificaban. Ante cámara de video, frente al asombro de los vecinos, los Fernández de Cevallos se llevaron a los niños por la fuerza, aparentemente escoltados por un camión militar. El Ejército niega haberles protegido; asegura que “sólo atestiguó la diligencia”.

 

Como muchos maltratadores de mujeres, David se consideraba propietario de su joven esposa. Con el aparato de justicia al servicio de su familia, la acusación por violencia intrafamiliar y el proceso de divorcio fueron una verdadera pesadilla para la madre de los dos pequeños. Finalmente, Jimena había logrado que un juez le otorgara la custodia temporal de sus hijos y volvió a Cozumel con sus padres. Según testigos, David sabía que sus pequeños estaban seguros y bien cuidados con su madre, y lo que él quería no era lograr tener visitas paternas para el bien de los niños, de uno y cuatro años, sino vengarse de la desobediencia y quitárselos.

 

Además de los testigos presenciales, que aseguran que el hijo de Diego portaba un arma, hay un video. En la denuncia 1656/10/2010 por secuestro, ataque y lesiones, la madre de los pequeños y los abuelos explican que fueron golpeados, que les esposaron y encañonaron y recibieron amenazas de muerte. Todo esto sucedió, aseguran, en un contexto de compra de autoridades, colusión de servidores públicos (jueces, federales y militares). La Procuraduría de Quintana Roo asevera que no hubo solicitud de orden de colaboración, por tanto, los federales habrían cometido un ilícito. Mientras se investiga el caso, quedó en evidencia la complicidad machista de varios servidores públicos que justifican los hechos.

 

La Ley de acceso a las mujeres a un vida libre de violencia debería de proteger a todas las ciudadanas, pero entre la letra y su cumplimiento encontramos la colusión de servidores públicos que ponen la justicia al servicio de los agresores, de los poderosos. Tal vez lo único bueno de esta desgracia es que Jimena ahora está protegida por la sociedad. Si algo le sucede a ella, a sus familiares, todo México sabrá quién es responsable. Jimena no está sola.

Huérfanos de la guerra

Andrés, de siete años estaba en la sala cuando la policía entró a casa y comenzó la balacera. El único testigo presencial del asesinato del padre, madre y abuela es este pequeño que no puede dormir con la luz apagada y que se orina cada vez que escucha ruidos similares a balazos. Carolina, de cuatro años, se quedó en el kínder esperando a su madre que nunca volvió porque la levantaron y no se investigó cómo o por qué apareció muerta en Ciudad Juárez. Irene, de ocho años, Guadalupe de 11, Ernesto, Carlos, Javier, de seis años, temen jugar a la pelota en las calles de su natal Chihuahua porque “vienen los malos que matan”. Ellos y ellas no saben si los malos que matan son soldados, narcotraficantes, policías o delincuentes comunes. Son, simplemente, adultos.

 

Nueve mil ochocientos. Esta página no alcanza para escribir los nombres de 9 mil 800 criaturas huérfanas por la guerra en el estado más violento del país: Chihuahua. Imagine que en los últimos dos años se desplomaran 80 aviones comerciales y todos los pasajeros fallecieran. Esa es la cantidad de madres, padres o tutores que murieron como producto directo o indirecto de la guerra, sólo en Ciudad Juárez. Eran empleadas, burócratas, policías, narcos, maestras, desempleados, estudiantes o transeúntes en el lugar equivocado. Tras su muerte, quedaron 9 mil 800 menores.

 

Poco a poco las valientes organizaciones civiles de Juárez definen el mapa de la orfandad. Ya César Duarte, gobernador de Chihuahua, ha declarado que su gobierno destinará 100 millones de pesos para asistir a las y los pequeños. La aplicación de estos recursos puede sentar un precedente de lo que debe hacer México por los miles de niños y niñas que la guerra deja detrás de sí, como un daño colateral sin voz ni voto, como testigos de las masacres y el desaliento, de la corrupción o la injusticia. Este no puede ser un típico programa limosnero que entrega dinero a las familias para subsanar gastos de hambre y pobreza. Puede ser, en cambio, un programa multidisciplinario de largo plazo, que asegure becas escolares y alimenticias a las y los pequeños, que les asegure terapias a quienes atestiguaron la muerte; miles de chavales cuya corta vida les ha enseñado a temer, a desconfiar, a odiar. (Ya se propone la creación de escuelas con el modelo Waldorf en Chihuahua y la creación de redes de familias sustitutas, por ejemplo.)

 

Mientras las élites juegan a defender monopolios políticos, mediáticos y telefónicos; aquí, mirándonos a los ojos, está el verdadero rostro de la guerra; miles de niños y niñas que necesitan estructura, afectos, educación y alimentación para edificar una vida digna. Si somos capaces de defender y construir la paz con la misma vehemencia con que se argumenta y defiende la violencia, daremos el primer paso.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86725.html

Enamórala y véndela

Un Camaro amarillo se detiene frente a una pequeña zapatería. Se abre la puerta del conductor y de ella sale una bota vaquera puntiaguda; a intolerables decibeles resuena un reggaeton; el hombre de 24 años con mechas desteñidas baja del auto. Con la soberbia de un rey, da la vuelta, abre la puerta y sale de ella una joven de 16 años; morena delgada, de cara lavada, con minifalda escolar a cuadros rojiazules, blusa blanca, calcetas y zapatos negros de goma. Es una novata, dicen los vecinos, la trajo de Cholula. Ellos saben que el güero le va a comprar zapatos y ropa de “mujer” para comenzar la transformación.

 

En Tlaxcala, estado vecino con Puebla, se generalizó hace poco más de una década una tradición de ritual masculino que toda la sociedad avala, desde Tenancingo, pasando por Acuamanala, Papalotla, San Luis Teolocholco, San Pablo, Ayometla, Xicohtzinco y otros pueblos. Familias enteras viven de la explotación sexual de jovencitas. Los tratantes han sido entrenados para enamorar a adolescentes, establecer noviazgos ficticios, conocer a la familia y llevárselas para prostituirlas. Madres, abuelas, tíos y hermanos viven hasta por cinco años del producto de la explotación de una, dos o tres “novias” o esposas de los Tenancingos. Padrotes, tratantes, lenones, orgullosos de su capacidad para engañar, seducir y transformar cada año a miles de niñas y adolescentes en mujeres entrenadas para esclavas.

 

El caso más famoso de Tlaxcala fue el de la familia Carreto que purga una pena en Estados Unidos por haber llevado jovencitas como esposas de jóvenes tlaxcaltecas a burdeles caseros de Nueva York. Y hace una semana un joven detenido por la SIEDO, con naturalidad y orgullo explicó cómo fue educado para ser padrote.

 

“Mientras no sea mi hija, a mí qué me importa”, dijo doña Anselma, mientras investigaba la cultura lenona para mi libro sobre trata de mujeres. Todo el pueblo reconoce a los padrotes. Autos deportivos, cabello puntiagudo y embadurnado de cera. Música a todo volumen, cadenas de oro y relojes voluminosos, todo producto de la explotación de las mujeres.

 

“No hay agricultura, no hay escuela, no hay trabajo… y pu’s hay mujeres y si uno las puede vender, pu’s las vende, es lo que hay”. Dice sonriente un anciano ex lenón afuera de una cantina.

 

Las respuestas me recuerdan los primeros brotes de normalización de la narcocultura. Las camionetas, la indumentaria y todo lo que daba sentido a la identidad narca en Sinaloa, Juárez y Tijuana. Luego llegaron la música y las películas que los hicieron parecer héroes omnipresentes, cuyo discurso normalizaba una economía emergente en la que los campesinos sin tierra obtenían trabajo gracias a la siembra de mariguana y amapola. Ahora la cultura del tratante está documentada en Tlaxcala, Puebla, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Chiapas y Veracruz.

 

Si la sociedad no reacciona ahora mismo, no habrá suficientes cárceles para los tratantes ni refugios para sus víctimas en todo México. Algo tendríamos que hacer. Habría que alertar a estudiantes y maestros de estas zonas para comenzar a transformar estos patrones en sus comunidades, desde la educación de la equidad hasta la reactivación económica con el empresariado y el Estado. La Universidad Autónoma de Tlaxcala ha hecho estudios y programas de prevención, unirse a ese esfuerzo puede cambiar al país. Ahora es cuando.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86611.html

Los patriarcas del mal

Son hombres, casi todos, de más de 50 años. Empresarios entrados a políticos, políticos convertidos en empresarios. Son ellos quienes, al acercarse un huracán, añoran que entre con fuerza para que el Fonden salve lo que los políticos destruyeron. Son ellos los que pagan millones para hacer negocios con permisos que rompían reglas y leyes. Son ellos los que tienen los monopolios y se hacen mártires cuando alguien les cuestiona. Son esa generación de mexicanos que conducen autos blindados, que se codean con la élite y con los pomposos y corruptos líderes eclesiásticos que, más que a Dios, sirven al poder que finge ser deidad.

 

Ellos también nos gobiernan; han colaborado, junto con los gobiernos anteriores, al debilitamiento de las organizaciones de la sociedad civil; son ellos y no otros los que hace una década negaron los feminicidios y la corrupción, nutriendo la impunidad que hoy les asombra.

 

Son ellos, y no otros, los que, por décadas han considerado que México es su coto, su changarrito, su lodazal para revolcarse. Son ellos y no otros los que desprecian a los 7 millones de jóvenes sin trabajo y sin escuela a quienes despectivamente llaman ninis. Son esos empresarios y líderes los que parecen sorprendidos por la realidad, como si no fuesen arquitectos del país que tenemos. Son los líderes inmorales del país los que le tienden la cama a Peña Nieto, pues creen que más de los mismo es bueno (aunque sea un espejismo, hasta para ellos). Son esos millonarios que destrozan sin piedad a Calderón, no por sus errores estratégicos, sino porque rompió los pactos de la colusión del poder (aunque haya permitido otros pactos).

 

Ellos brindan por el regreso de Salinas, porque la geografía de la inmoralidad reviva. Ellos se quejan por las extorsiones de Los Zetas, como si esa descomposición social no tuviera padre. Como si con su manipulación mediática no desinformaran en la tv con el espectáculo telenovelero de la ignorancia que finge ser periodismo; son ellos los que, entre la ética y el desprecio por la humanidad, prefieren el desprecio.

 

Esos patriarcas del mal son los que se preguntan: ¿Quién nos iba a decir que desaparecer un cacique nos iba a enfrentar a otros 32? Pero los caciques provincianos son también su hechura. Cuando les dieron dinero para callar o hablar, cuando les perdonaron desde asesinatos hasta protección de la delincuencia organizada y pederastia. Son ellos los que se hacen los dignos, y buscan salvavidas sólo para su clase.

 

Pero son pocos, aunque dañen como muchos. Hay millones de personas para exponerlos, para recordar que el país es nuestro, que no hay rendición, ni la habrá. Ellos son los “no-nos” (no al progreso, no a la justicia).

 

Son la verdadera generación perdida de México.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86557.html

Prisión sin condena

Sólo pasé unas horas en la cárcel en diciembre del 2005. Las historias que escuché comenzaban con “nunca pensé que me sucedería a mí”. Llevaban años sin juicio por robo de dos latas de leche para bebé o presa por ayudar a las sindicalizadas de la maquiladora, o por haber perdido a su bebé. Entre mi miedo y su miedo a ser devoradas en la oscuridad del encierro por un sistema penal corrupto e ineficaz, ninguna de nosotras, hasta ese día, habíamos pensado en lo que significa la prisión preventiva en México, es decir, la prisión sin condena.

 

“Hasta que te toca entiendes”, me dijo un fiscal durante el año en que firmaba semanalmente mi libertad condicional. Yo tenía abogadas y mi caso no pudo ocultarse porque estaba relacionado con una denuncia periodística, pero hay en el mundo tres millones de personas indefensas en prisión preventiva; por ello pasan el resto de sus vidas entre ministerios públicos ineficaces, abogados abusivos y jueces ineficientes o corruptos.

 

Una estudiante universitaria me preguntó cómo evitar incurrir en la corrupción cuando un policía amenaza con meterte a prisión por una falta menor. No es fácil, el impulso de proteger nuestra libertad es muy poderoso, sobre todo en un país en que la aplicación de la ley es tan arbitraria y abusa del ambiguo concepto de prisión preventiva, o sin condena.

 

Gracias al libro Prisión sin condena (Ed. Debate), coordinado por el reconocido periodista Marco Lara Klahr, dimensionamos la magnitud del problema: “La prisión preventiva deslegitima al sistema penal porque les da el mismo trato a los culpables y a los inocentes. Además, la indefensión que acarrea la prisión preventiva, favorece la impunidad, agrava la inseguridad pública y tiene un alto costo económico”. Por desgracia, los argumentos de quienes conducen la guerra contra el narco nos han hecho creer que es mejor que haya muchos inocentes encarcelados que unos cuantos culpables peligrosos libres.

 

Este magnífico libro nos ayuda a entender, con historias reales y cifras concretas, por qué es que casi toda la sociedad (salvo los poderosos) siente un inquietante desconcierto sobre la manera en que se impone la justicia. Hay más personas que temen que algún día les alcance el brazo de la injusticia que aquellas que le temen al puño de la ley. Por un lado exigimos leyes y penas más severas para secuestradores, pederastas, productores de pornografía infantil o tratantes de personas; por el otro tememos que esas penas se apliquen a inocentes. Aquí el problema es que el 95% de los delitos permiten aplicar prisión preventiva (antes era sólo para delitos graves).

 

El costo económico de la prisión preventiva equivale al 62% del gasto federal en seguridad pública; mantener a miles de personas en el limbo de prisión sin condena nos cuesta 4,890 millones de pesos. Sumado a ello está el costo emocional y familiar, así como los efectos nocivos de que miles de personas sean privadas de su libertad durante años bajo la premisa del Estado mexicano que “no busca quién cometió el delito sino quién lo puede pagar”. Seguir parchando leyes y sistemas resulta inoperante, porque lo que en realidad urge es una transformación integral del sistema de justicia penal, que erradique el uso irracional y excesivo de la prisión preventiva y del arraigo. O esperar a que nos toque.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86500.htmll

Sexo, ética y dinero

No es lo mismo entrevistar a una norteña de 26 años que gana 50 mil pesos mensuales en un prostíbulo VIP, que a una guatemalteca ilegal explotada en Puebla por 300 pesos a la semana. Ni es igual el travesti que controla la calle en Tlalpan con sus redes, que el adolescente gay de Cancún a quien indujeron a las drogas y a ser chichifo para pagarlas. En caso de que se prohibiera la prostitución, las “edecanes, acompañantes o masajistas” que sirven a la clase alta ¿seguirán operando desde las élites y para las élites? Hay quien propone la abolición, que implica mucho trabajo educativo para transformar nuestra visión de la sexualidad, del erotismo y las relaciones entre hombres y mujeres.

 

Legalizar la prostitución, establecer controles sobre quienes la ejercen y erradicar el lenocinio, o determinar jurídica y socialmente que constituye una práctica deshumanizante y debe ser abolida (dando opciones educativas y laborales a las personas). Así se sintetizan las posturas del próximo debate legislativo. El gran reto es entender si en verdad se puede separar la Trata de la prostitución no forzada. Aquí algunos datos y preguntas.

 

El debate académico, que resulta indispensable, debe analizar el creciente poder de las pequeñas y grandes mafias que promueven la mercadotecnia de la sexualidad adolescente como producto de consumo (no como libertad sexual). La demanda de sexo comercial con personas adultas y menores va al alza. Los hombres constituyen el 90% de los clientes y el 70% de líderes de las redes de explotación son varones ¿Asumen su responsabilidad los consumidores o están conscientes de su eventual complicidad? Y los que no consumen ¿donde están? Más de la mitad de las entrenadoras de esclavas sexuales son mujeres que forman parte de colectivos pro-legalización. Hay grupos de mujeres en la industria del sexo que no explotan a otras y se oponen a la Trata, pero han normalizado la violencia inherente.

 

Cada vez más cárteles operan centros nocturnos como negocios de lavado de dinero y tienen interés en que la prostitución persista tal como está. Los tratantes de personas las insertan en la industria del sexo comercial que crea fuentes económicas valiosas cuyos recursos benefician al Estado.

 

Por su parte, los líderes morales de comunidades gay (y TSL) deben revisar sus discursos sobre erotismo, sexualidad, violencia y explotación sexual, ante el creciente mercado sexual de hombres menores.

 

Debatir la Trata y la prostitución no es hablar de sexo, sino de construcciones culturales, relaciones humanas, erotismo, economía, violencia, migración, poder, ética y moral, de sexismo y racismo; de libertad, esclavitud y criminalidad. No hay respuesta fácil, sin embargo urge que este sea un debate informado y realista. En ello va la vida de millones de víctimas.

 

Lydia Cacho
Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86437.html

Calderón en el quirófano

Imagine que México es un enfermo y el Presidente es su médico. Supongamos que el doctor Calderón recibe al paciente e inmediatamente lo mete al quirófano para extirpar un tumor que, efectivamente, existe. Abre en canal y explora los órganos: saca un tumor aquí, un quiste allá, mientras el intestino se desangra, decide incursionar en el riñón y el corazón. Otro médico le advierte que hay un cáncer y que esa cirugía no se debió llevar a cabo sin un buen oncólogo y previo diagnóstico y pruebas de un equipo multidisciplinario especializado. Pero no escucha.

 

Otros médicos le advierten que puede causar una metástasis (que el cáncer se disemine a todos los órganos) y el médico comienza a gritar que ya no hay vuelta atrás, ya abrieron y ahora hay que seguirle.

 

Elige a tres colegas que pretenden saberlo todo y se dedican a tareas que no necesariamente les corresponden. Todos desconfían de todos y cada uno lleva a cabo sus propios análisis. Cada tanto salen a confrontar a la familia; llevan consigo radiografías y frascos con trozos de tumores, celebran sus hallazgos y cuando la familia les cuestiona sobre la enfermedad, se indignan diciendo que hacen lo que pueden bajo esas circunstancias. ¿Pero qué circunstancias?, pregunta la madre del paciente, si no nos prepararon para abrirlo antes de hacer más estudios y tener claridad de qué medicina usaríamos, todos, para erradicar la enfermedad y no sólo sus efectos visibles. ¡Nosotros somos los expertos!, responden los médicos molestos. ¿Y cómo me puede asegurar que no saldrán más tumores en una semana?, pregunta el padre del enfermo. Nadie puede asegurarlo, es usted un malagradecido, estamos atendiendo a su hijo y encima nos cuestiona. Vuelven al quirófano y la escena se repite hasta perder sentido.

 

Ni Calderón ni el país estaban preparados para esta operación. Escasamente mencionó la lucha contra el narco en campaña. El Congreso y el Senado actuaron irresponsablemente. Se negaron a escuchar a expertos que advirtieron la inminente necesidad de reestructurar el sistema de justicia penal y asegurarse de tener un buen equipo experto y blindado de ministerios públicos y jueces especializados en delincuencia organizada. Eligieron a procuradores débiles que mantuvieron a la PGR/SIEDO y al Poder Judicial casi intocados, cuyo reporte diario es: “estamos infiltrados, señor”.

 

Guillermo Ortiz Mayagoitia dice que tiene la solución, pero no lo escuchan. García Luna decidió que pasará a la historia creando el mejor sistema de inteligencia de Latinoamérica. Pero, obsesionado con su imagen (como el que presume tumores), ha creado su propio reality show televisivo. Una y otra vez hace montajes teatrales (engañando a los medios y sociedad) bajo el argumento de que no puede confiar ni en ministerios públicos ni en jueces de su equipo, entre quienes sin duda hay gente calificada y honesta, hacen el trabajo de inteligencia; dan golpes e inventan expedientes para justificar la ausencia de MPs y jueces confiables. Llama la atención que entiendan que fingir justicia, además de ser ilegal, los desacredita y no cura la enfermedad: la propaga más. Para tumores, el michoacanazo. El país y los medios les están diciendo: sabemos que hay enfermedad, vamos a la cura de fondo porque este opaco teatro justiciero debilita al país. Ya nadie cree que la violencia incrementará si hay replanteamiento. Mientras tanto la reforma penal espera a ser atendida.

 

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86373.html”

Diluvio del fin del mundo

Mandé un tweet informando la urgencia de enviar alimentos para bebés a Veracruz. El peligro de que cientos de infantes mueran como resultado de las inundaciones es real, pues muchos ya sufrían problemas de desnutrición y enfermedades debilitantes. De inmediato recibí respuestas de solidaridad, pero también mensajes argumentando que debemos sabotear todo intento de donativos y ayudas cívicas.

 

El argumento detrás de esta petición parte de una lógica: durante las últimas elecciones los gobiernos de los estados más afectados por las inundaciones se robaron cantidades ingentes de recursos públicos para sus campañas.

 

Los tuiteros rebeldes argumentan que debemos utilizar la fuerza social para presionar a las autoridades en lugar de hacerles el trabajo. Que si la sociedad sigue “haciendo obras de caridad” luego de cada desastre natural los gobernantes se cruzarán de brazos. Teóricamente tienen razón, y si viviéramos en Noruega o Suecia seguramente me sumaría a su decisión. Sin embargo, además de la obvia corrupción, creo que el tema central es que, durante años, gobiernos y sociedad hemos ignorado las advertencias (desde los mayas hasta los científicos contemporáneos) sobre el cambio climático.

 

Evidentemente, hay un asunto político y ético relacionado con la negativa de los Estados Unidos desde hace tiempo para firmar el tratado de Kioto, ante la incapacidad de las grandes corporaciones y empresas turísticas para entender el impacto destructivo de las emisiones de carbono y asumir su responsabilidad. Y está la necedad del gobierno federal al descalificar la importancia del subsidio de energías alternativas.

 

Claro que es importante negociar, presionar, manifestarse, rebelarse para que no vivamos de crisis en crisis, para que México deje de darnos atole con el discurso. Pero también es cierto que hay vidas humanas que peligran y necesitan de la ayuda de otros. Ellos no son culpables de la ineficiencia o la corrupción oficial; negarles la ayuda por ese motivo equivale a victimizarlos dos veces. Cada quien elige si alivia el sufrimiento de los necesitados o no. En lugar de boicotear la ayuda por temor al desvío o la rapiña burocrática habría que hacer un mayor esfuerzo en exigir rendición de cuentas y transparencia sobre los montos de ayuda y la manera en que se distribuye. Y más vale que lo hagamos pronto: el cambio climático nos garantiza, por desgracia, que cada vez serán más frecuentes las comunidades devastadas por los desastres naturales. Hay momentos para luchar y momentos para la solidaridad, no son excluyentes.

El amor no mata

Alí Desirée cumplió 24 años el 20 de septiembre, estaba a punto de graduarse en Letras Clásicas de la UNAM, emocionada con la idea de convertirse en escritora (ya había publicado algunos poemas), esta campeona ajedrecista, hija de madre mexicana y padre panameño, celebró su vigésimo cuarto cumpleaños con Osvaldo Morgan Colón, su ex novio, con quien había terminado dos semanas antes. Osvaldo le pidió que siguieran siendo amigos, ella aceptó. Luego de la fiesta, Osvaldo asesinó a Alí de 25 puñaladas y, asustado, buscó a un amigo para confesarle el crimen.

 

Aunque el hermano del joven asesino, Humberto Morgan (ex diputado de la Asamblea Legislativa y actual funcionario de la Secretaría de Educación) ha intentado que se exonere a Osvaldo, luego de un año de juicio, el Poder Judicial del DF impuso una sentencia de 42 años de prisión por homicidio calificado con saña (crueldad) y alteración voluntaria (presencia residual de drogas en la sangre).

 

Su hermano no es el único que le justifica; algunos amigos han dicho que era “celoso, pero normal”, “controlador, pero lo normal”, “quería que Alí le obedeciera, como es normal”, “un muchacho tranquilo, pero con arranques de ira (normales)”. Lo cierto es que, según amigas de la joven asesinada, Alí terminó la relación porque él tenía “ataques de celos incontrolables”. Durante la relación, las alarmas de la violencia salieron a la luz y nadie lo tomó en serio. Incluso después de muerta, la familia de él la culpó de haber “provocado la discusión que lo hizo enojar”.

 

Curiosamente, este caso, como la mayoría de feminicidios, es definido por la gente como “anormal”; pero las cifras demuestran lo contrario. Solamente en el Estado de México, cada dos días una mujer es asesinada. Más del 80% de los feminicidios los perpetra un novio, esposo, ex esposo o conocido de la víctima, mientras que la mayoría de muertes violentas de hombres son perpetradas en las calles por otros hombres, no por razones relacionadas con el género o los afectos.

 

La muerte de Alí ha despertado un gran interés en hombres jóvenes por entender las razones por las cuales la violencia en el noviazgo aumenta en México (Informe SEP 2009). La organización de hombres contra la violencia: http://www.gendes.org.mx/www.gendes.org.mx, trabaja en ello bajo el principio de que los valores y comportamientos asumidos desde la identidad masculina tradicional, son producto de una construcción social que normaliza esos comportamientos e incluso los celebra o minimiza. Estos expertos aseguran que todo hombre que decida cambiar sus patrones de conducta respecto a las mujeres puede lograrlo, y su trabajo con hombres lo demuestra claramente.

 

Alí era una joven feminista, defendía los derechos de las mujeres y niñas. Era amorosa y confiaba en que los hombres, como las mujeres, eligen ejercer violencia o evitarla. Osvaldo eligió asesinarla. Ella había escrito un poema que dice: “En mi jardín en mi quietud/la mirada imantada llama,/el silencio se mueve entre las alas/escúchalo/como si todas las flores hablaran/y el cielo abriera su único ojo (el sol)/no temas a aquel cíclope enorme/mira fijamente pero dice la verdad”. Su legado para los estudiantes de la UNAM podría ser trabajar contra la violencia en el noviazgo y crear un movimiento de nueva masculinidad. Porque el verdadero amor, dice el Facebook de las amigas de Alí, no es violento. A estas nuevas generaciones les toca reinventar el amor y la equidad.

 

Lydia Cacho
Publicado en El Universal:
http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86049.htm

Otra del góber piadoso

Las dos niñas, de 14 años, estaban rodeadas de ocho adultos cuando la policía municipal de Tlajomulco, Jalisco, entró luego de recibir una llamada de los vecinos que corroboraron la versión de que en esas casas de interés social operaba una red de tratantes de menores. Las dos pequeñas estaban entre otros 13 menores en la casa de Jorge Arturo López Murillo, quien primero amenazó a los policías con un arma y después les quiso sobornar.

 

Los agentes llevaron a cabo un operativo bien organizado, en cuanto sometieron a los ocho adultos recibieron la oferta; a cambio de su libertad y silencio les ofrecieron tener sexo con las pequeñas. Los policías se rehusaron y cubrieron los cuerpos de las niñas que yacían desnudas. Las menores estaban drogadas. Cuando los policías las protegieron, en lugar de aliarse con los explotadores, ellas les explicaron que el dueño de la casa las había hecho adictas al tonsol (un disolvente más potente que el thinner, comúnmente utilizado por zapateros y que se vende con menos restricciones que los inhalantes comúnmente relacionados con las adiciones de menores en situación de calle). “Con el toncho no sentimos nada”, dijeron las pequeñas aliviadas al ser recatadas.

 

Los policías llevaron a los detenidos a la Procuraduría de Justicia del Estado, donde a pesar de la evidencia y los testimonios, el delegado de la Procuraduría, José Armando Yáñez Navarro, declaró: “No hay elementos para presumir delitos de naturaleza sexual, las 15 menores de edad retenidas negaron que hubiera existido abuso sexual […] estaban ahí por su voluntad, participando en una fiesta”.

 

Según testigos de la propia procuraduría estatal, a las víctimas se les trató con el desprecio con que “se trata a las prostitutas adultas”, las amenazaron con hacerles estudios ginecológicos para saber si las había violado, y ellas lo único que querían era irse a casa. Frente a ellas, Yáñez Navarro declaró lo que luego repitió a los medios de comunicación: “El hecho de que pudieran estar desnudas las chamaquitas no implica un delito de ningún tipo” (aunque los adultos que las retenían fueran mayores de 45 años). Los policías insistieron en que el hecho constituía el delito federal de trata de personas, pero la Procuraduría estatal, a cargo de Tomás Coronado, dejó ir a los detenidos, excepto a dos, acusados también de robo.

 

Los policías Aurelio Hernández, José Ángel García Mercado y Víctor Padilla Ortiz declararon que los adultos tenían al grupo de adolescentes y niñas en su casa, en donde encontraron objetos robados. Algunos vecinos aseguran que el propietario de la casa maneja una red de tratantes de menores para fines de explotación para la mendicidad y el robo, además de la explotación sexual; delitos tipificados como graves en la ley federal.

 

La Procuraduría fue demasiado rápida en desacreditar la existencia del delito de trata. Si el procurador Coronado (a quien se ha vinculado desde su nombramiento con delitos de abuso de menores en Guadalajara) fuese un servidor público responsable, habría pedido asistencia a la Fiscalía que atiende la trata de mujeres y niñas (Fevimtra) y una vez dando la protección y asistencia a las víctimas, junto con el testimonio de los notables policías, Jalisco tendría un caso ejemplar de persecución de trata de menores y atención a las víctimas. Pero es obvio que al góber piadoso y a Coronado el abuso de menores les tiene sin cuidado. ¿Por qué su silencio?

Lydia Cacho

Publicado en El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/columnas/86049.html