Ilegalidad, tráfico de influencias y derecho. Reflexión de María Amparo Casar sobre el caso Lydia Cacho

Ilegalidad, tráfico de influencias y derecho
por María Amparo Casar. Publicado en revista Nexos, Abril 2006.
Pocas veces se presenta un acontecimiento que exprese de manera tan nítida y brutal las muchas lacras que aún marcan a la política mexicana, las aberraciones legales que subsisten y la indefensión a la que estamos sometidos los ciudadanos. Pocas veces tenemos la oportunidad de constatar la ruindad y los alardes de impunidad de la que se precian algunos personajes. Pocas veces se puede presenciar en vivo la negociación de la dignidad de una persona: la de Lydia Cacho.
El caso Marín, el del “gober precioso”, es uno de ellos.
La indignante conversación que todos escuchamos entre el empresario textilero, Kamel Nacif y el gobernador de Puebla, Mario Marín, es como uno de esos cuadros de El Bosco que retrata en sus trípticos el mal invadiendo el mundo, sólo que en este caso a la política mexicana.
He aquí el recuento de algunos de ellos.
La ilegalidad como práctica cotidiana. Por haber ligado al empresario Kamel Nacif con una red de comercio sexual infantil, pederastia y pornografía, la periodista Lydia Cacho fue denunciada por difamación. Aun suponiendo el derecho del señor Nacif a denunciarla penalmente, el procedimiento adoleció de irregularidades y, más grave aún, de violación a las garantías individuales de las que se supone gozamos todos los mexicanos. No se trata de la celeridad con la que se actuó en este proceso. Ojalá todas las denuncias fueran atendidas con tanta prontitud. Lydia Cacho, la indiciada a raíz de la denuncia contra ella presentada, no fue notificada durante la averiguación previa.
Simplemente se envió a la policía ministerial para detenerla y trasladarla, sin garantizar su seguridad y el respeto a sus derechos individuales, a la ciudad de Puebla para ser encarcelada. Además de hacer una demostración de fuerza y prepotencia, la intención de no notificar a la periodista era, como es evidente, evitar que pudiera promover un amparo. Este hecho es muestra palpable de cómo se violenta la procuración y administración de justicia en nuestro país.
El contubernio entre el poder y el dinero. De las conversaciones entre Marín y Nacif no se desprende qué favores específicos le debe el primero al segundo, pero sí que hay cuentas pendientes que el gobernador está más que dispuesto a saldar. Más allá del probado placer del gobernador por acosar a los periodistas independientes, no cabe duda que el encarcelamiento de Lydia Cacho obedece a una petición del empresario a la que el gobernador accede sin reparo alguno. Valdría la pena indagar, por ejemplo, la participación de Nacif en la campaña que llevó a Marín a la gubernatura. Porque la rendición de cuentas del financiamiento de las elecciones a nivel estatal no sigue los mismos criterios de transparencia que hemos conseguido a nivel federal.
El tráfico de influencias. Las conversaciones están plagadas de demostraciones vergonzosas de influyentismo en todas direcciones: de un poder hacia otro, de servidores públicos de una institución hacia otra, de particulares a autoridades. La más obvia es, quizá, la vergonzosa ostentación que hace el empresario Nacif de su influencia en el penal. En la conversación se precia de poder decidir a qué crujía mandará a la periodista para que reciba su merecido, esto es, para someterla a abusos de índole sexual.
La subordinación del poder judicial al poder ejecutivo. Es cierto que hasta el momento no se ha producido documento alguno que pruebe una orden expresa del gobernador a la juez quinto de lo penal de Puebla, pero hay razones para documentar la subordinación. Ahí está la conversación en la que Hanna Nakad Bayeh le dice a Nacif que ya le dijo a la juez que “por orden del gobernador…, aunque sea cinco minutos… debe quedar encerrada en una celda”. Adicionalmente, alguna “sospecha fundada” habrá si el Tribunal Superior de Justicia de Puebla le abrió un expediente de determinación de responsabilidades por su actuación en el proceso seguido contra Lydia Cacho a la juez Rosa Celia Pérez González.
El control de los gobernadores sobre el resto de las autoridades locales y sobre los trabajadores al servicio del estado. Basten como botón de muestra de estas prácticas políticas que todavía son parte del ejercicio autoritario del poder, los desplegados firmados por la mayoría (124) de presidentes municipales de Puebla reconociendo en el gobernador a una “persona afable, cordial, honesta y respetuosa de la ley” y la manifestación de servidores públicos en su apoyo. Como en los mejores tiempos del acarreo priista y haciendo gala del poder de contratación y despido de los burócratas, el gobernador se organizó una manifestación de apoyo.
El estado de la libertad de expresión. Mucho se ha avanzado en este derecho por tanto tiempo conculcado en nuestro país. Los progresos son innegables, pero las investigaciones desatadas por la conversación muestran que ese derecho ni es tan absoluto ni tan extendido. Por si la conversación no fuera suficiente para ilustrar la concepción que el gobernador de Puebla tiene sobre los periodistas, diversos reporteros han documentado la política represiva de ese gobierno en contra de la libertad de expresión y la política de silenciamiento a la prensa por las dos vías más socorridas: el dinero y la amenaza (extorsión, despido, encarcelamiento…).
Éstas son sólo algunas de las lacras. Son ejemplos de delitos que suelen quedar impunes cuando de personajes políticos poderosos se trata. Lo más patético es que el caso de Lydia Cacho muestra la absoluta incapacidad de las autoridades para cumplir con las obligaciones para las que fueron creadas: garantizar un debido proceso judicial, respetar y hacer respetar los derechos humanos, castigar a quien los violente, investigar crímenes como la pederastia. Peor aún. Uno se pregunta no sólo qué hacer con autoridades incapaces de hacer cumplir la ley sino qué hacer con autoridades que son protagonistas de la ilegalidad y cómplices de los criminales.
Pero esta vergonzosa historia también nos debe llamar a reflexionar sobre las reformas que urgen en este país si queremos seguir avanzando en la ruta democrática que, además de tener elecciones justas y equitativas, debe incluir el ejercicio democrático del poder y, desde luego, la vigencia del Estado de derecho.
De la misma manera que el caso Marín es un retrato de las lacras de la política mexicana, también es una pauta para poner en la agenda nacional las reformas institucionales y legales pendientes.
La impunidad con que puede actuar el Ministerio Público y su dependencia de quien gobierna, que quedaron demostradas en el caso Marín, invitan a reconsiderar de manera urgente la iniciativa para dar autonomía al Ministerio Público y evitar, o al menos disminuir, su absoluta subordinación al poder ejecutivo. También es necesario que a nivel estatal se introduzcan mecanismos para garantizar la autonomía e independencia de los Tribunales Superiores de Justicia y de todo el entramado judicial. Los avances en materia de transparencia y acceso a la información deben generalizarse en todo el territorio nacional como vías para controlar a las autoridades y elevar la rendición de cuentas. Igualmente, la libertad de prensa debe ser garantizada en los estados de la federación.
No puede seguirse postergando la discusión sobre los alcances del derecho a informar y a ser informado. En nuestro orden jurídico, la intervención telefónica es un acto contrario a derecho si no media orden judicial (art. 177 del Código Penal Federal).
También lo es su divulgación. Según el artículo 211 bis, a la divulgación de información o imágenes obtenidas en una intervención de comunicación privada se le aplicarán sanciones de seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días multa. Este precepto contraviene el décimo punto de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuya competencia fue reconocida desde 1999 por México y que a la letra dice: “Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público”.
Existen además interpretaciones de la Ley de Imprenta en nuestro país que sustentan la excepción al principio de prohibición de la divulgación. En un escrito del abogado Alberto Zinser que Carmen Aristégui puso a mi disposición, se sostiene que: “Para que la revelación, divulgación o utilización de la información obtenida sea delictiva, debe ser indebida, esto es, sin derecho o en el caso alternativo, en perjuicio de otro. Aun interpretando de este modo el artículo 211 bis del Código Penal Federal […] es sostenible opinar que existe una excepción al principio de la prohibición, cuando en el cumplimiento del deber de informar, un comunicador difunde informaciones de interés general por referirse a la conducta o hechos ocurridos en el desempeño de la función pública. Los servidores públicos desempeñan una función que interesa a la sociedad y deben estar sujetos a la crítica respecto de su ejercicio, así se ha sustentado por nuestros Tribunales Federales en la interpretación de las disposiciones de la Ley de Imprenta”.
El caso Marín es un ejemplo claro, incontrovertible, del servicio que puede prestar a la ciudadanía la información allegada a los periodistas de forma anónima sin importar si dicha información fue obtenida de manera legal o ilegal. En ésta, como en muchas otras ocasiones, la difusión de la información puede ayudar a la prevención de delitos, a su castigo y a la rendición de cuentas de los gobernantes y autoridades. Pero las leyes están hechas para trascender casos particulares. Por eso se habla de que las normas son generales, abstractas e impersonales. La absoluta libertad para grabar y difundir información puede llevar a la anulación del derecho a la privacidad y a la intimidad. Por eso las comunicaciones privadas son inviolables, por eso se requiere orden judicial para las intervenciones telefónicas. Por eso urge un debate sobre cómo hacer compatibles el derecho a la privacidad y la rendición de cuentas, el derecho a la honorabilidad y el derecho a la información, el derecho a la intimidad y la libertad de expresión.
Ante un Código Penal como el nuestro, el periodista se enfrenta al dilema de difundir la información obtenida y arriesgarse a purgar una pena a todas luces desproporcionada, o guardarla y permitir que la impunidad persista. Sí, es absolutamente desproporcionado castigar a un periodista con seis a 12 años de prisión y de 300 a 600 días de multa por divulgar una conversación y, por otro lado, imponer “sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, la honradez, la lealtad, la imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones” (art. 109 de la Constitución).
Uno de los caminos que se ha planteado es el de despenalizar la calumnia y la difamación, hacerlas materia del derecho civil. Al mismo tiempo es necesario revisar los derechos ciudadanos para protegerlos. Los ciudadanos muchas veces se encuentran inermes ante periodistas que o bien buscan venganzas personales o simplemente ejercen su profesión de manera irresponsable. También es indispensable fomentar el periodismo de investigación.
No sabemos si el Estado se hará cargo de perseguir y castigar a los integrantes de la red de comercio sexual infantil investigada y denunciada por Lydia Cacho. Tampoco sabemos cuál será el destino de Mario Marín y Kamel Nacif. No hace falta ni siquiera utilizar las conversaciones para iniciar juicios en contra de ambos personajes. Las conductas delictivas, si la justicia quiere actuar con la misma diligencia que lo hizo contra Lydia Cacho, están a la luz pública. La historia puede tener un final feliz como ocurrió con el caso Cavalho que purga sus culpas en prisión. Pero también puede acabar como con tantos otros personajes de la política y del dinero en donde los delitos cometidos queden impunes, los gobernadores continúan su mandato y sus crímenes en el olvido.
En todo caso, como dijo Lydia Cacho, el gobernador Mario Marín deberá responder ante los tribunales y la sociedad por haber vendido la justicia “en dos botellas de coñac” al magnate de la mezclilla Kamel Nacif, en Puebla. n

Exige la OIT que Marín renuncie y que se encarcele a los protectores de Nacif Borge

Martín Hernández Alcántara
La Organización Independiente Totonaca (OIT) exigió la renuncia del gobernador Mario Marín Torres, el encarcelamiento de los protectores del apostador Kamel Nacif y que “cese el hostigamiento y cancelación de las órdenes de aprehensión contra los periodistas”, amén de las afrentas contra los pueblos indios de la entidad.
La OIT envió a esta casa editorial un comunicado en el cual denuncia que el 27 de febrero se apersonó en Huehuetla a Aurelio Alejo “delegado de (la Secretaría) de Gobernación para atender los diversos problemas de violación de derechos humanos del pueblo totonaca. Nuestra dirección fue convocada a las 12 de la tarde en las oficinas del presidente municipal Víctor Manuel Rojas Solano, reunión a la que asistimos en la cual sólo recibimos insultos y amenazas para que los miembros de la OIT dejen de organizarce y abandonen la defensa de sus comunidades. Ante la petición del delegado de Gobernación para que se le dé la oportunidad de hablar en la asamblea comunitaria de la Organización Independiente Totonaca, que a esa hora estaba integrada por tan sólo de 800 de sus miembros activos, ante tal petición nuestra dirección acepta este dialogo con respeto, cosa que nunca hemos recibido de ellos” (sic).
A la 1 de la tarde, continúa la narración, “el delegado de Gobernación se presenta ante el pleno de nuestra asamblea, que ante esto aprueba por unanimidad: la expulsión pacifica de esta persona, pues consideramos que este acto sólo representa un acto de provocación hacia el pueblo totonaca”.
Recuerda entonces que “la historia de los pueblos, es la historia de sus luchas, de sus aspiraciones y esperanzas de construir una sociedad menos injusta y con mejores oportunidades para todos. La historia de los gobiernos en nuestro país es la historia de los usurpadores, del lucro y de la violencia. La misma historia que los reconoce como lo que verdaderamente son: el régimen despótico, bonapartista, que se ostenta como legítimo aunque para eso use la mentira, que se erige como democrático aunque para eso use la dictadura, que se manifiesta justo aunque para eso use la violación sistemática, que se eleva como defensor de los pobres usando ropaje de reyezuelo, que se ostenta como verdadero, aunque para eso eche mano de la retórica perversa, que osa ser transparente y limpio, aunque por dentro esté en su estado final de putrefacción”.
“Gobierno no es sinónimo de democracia, partidos no es sinónimo de pluralidad, ley no es sinónimo de justicia, Kamel Nacif no es sinónimo derechos humanos, Mario Marín no es sinónimo de gobernabilidad, pero Kamel Nacif sí es sinónimo de Mario Marin; el poder tras el poder, la fuerza ostentosa del mercado y el dinero dictaminando y ejecutando todo el espacio y espíritu de las leyes, usándolas a su antojo, a su conveniencia. El gobierno servil qué como un autentico capataz, sin mediar un ápice de vergŸenza, quiere aplastar e intenta arrodillar la voluntad de todo un pueblo”.
“Los pueblos construyen y forjan su propia historia, lo hacen a contracorriente, a contramarea, contra él se levanta el gran muro de la indignidad y la desfachatez, contra él se levanta la muerte de sus mejores hijos, contra él se levanta todo un régimen que le persigue, que le hostiga, le intimida, le encarcela, le golpea, le desaparece; contra él todo el aparato del estado para que la verdad, nuestra verdad, la de los olvidados nunca se conozca, nadie la mencione, nadie la recuerde, nadie hable de ella, para que nadie haga nada por nadie. Contra él se levantan los barrotes carcelarios y los juicios oprobiosos de jueces que actúan por consigna”.
“Vaya filosofía para gobernar aquella que persigue y encarcela a aquélla persona por el solo hecho de manifestar lo que piensa, lo que siente, o por el hecho de escribirlo, a publicarlo a darlo a conocer”.
“Qué nos va a prometer ahora, con qué nos quiere embaucar, cuál es ahora su ofrecimiento, 800 pesos como lo hizo en noviembre del año pasado, a caso cree que la dignidad tiene precio, 800 pesos para comprar nuestro silencio, 800 pesos para comprar nuestra palabra, 800 pesos cree que son el valor de las razones del pueblo totonaca”.
“Se equivoca nuevamente señor, nuestra historia no tiene precio, nuestras razones no se cuantifican ni se sostienen por su valor monetario, nuestra palabra no entra en las redes del mercado de la pederastia, nuestros derechos y principios no se mendigan, el espíritu y ejemplo de nuestros muertos no están a la venta”.
“Por lo que la Organización Independiente Totonaca exige lo siguiente: renuncia inmediata del gobernador Mario Marín. Castigo a todos los responsables de dar protección al pederasta Kamel Nacif. Cese el hostigamiento y cancelación de las órdenes de aprehensión contra los periodistas y cese el hostigamiento en contra de los miembros de la OIT”.
El documento está firmado por Salvador Vega García, Mateo Vega García y Clara Manzano Rivera, respectivamente presidente, secretario y tesorera de la Organización Independiente Totonaca.
Piden garantías para periodistas
Por otra parte, se supo que el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo exigió al gobernador Mario Marín garantías para los periodistas que trabajan en Puebla.
El periódico econsulta, en su edición oaxaqueña, publicó que el pasado fin de semana los integrantes del foro “se pronunciaron en contra de la creación de la Fiscalía para defender a los periodistas porque no servirá de nada, ya que el objetivo será mediatizar las denuncias y someterlas a la maraña burocrática y legaloide como pasó con la Fiscalía Especial pata los Delitos del pasado que sirvió para absolver a los agresores y se convirtió en una mascarada del gobierno de ultraderecha para proteger a personalidades del sistema”.
“En rueda de prensa, y después de dar lectura al segundo manifiesto para la formación del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, que consta de 20 puntos, Juan Sosa Maldonado, del grupo Zapotecos de Loxicha, comentó que las organizaciones no gubernamentales que se reunieron en Oaxaca repudiaban de manera enérgica la campaña de represión en contra de la periodista Lydia Cacho que Mario Marín, gobernador de Puebla, planeó con alevosía y ventaja junto con personajes de negro historial. Asimismo, exigieron la cancelación de los procesos judiciales contra los periodistas Fermín Alejandro García y Martín Hernández Alcántara, ambos de La Jornada de Oriente, y Julio Martínez, del diario Síntesis de Puebla”.

Marin " Gober Precioso" en la Suprema Corte

Bajo Reserva
Periodistas de EL UNIVERSAL
El Universal
Martes 27 de junio de 2006
Durante casi dos meses, el góber precioso de Puebla, Mario Marín , deambuló por los pasillos de la Suprema Corte de Justicia para hacer citas y antesalas en las oficinas de los ministros, para exponer su verdad: el gobierno poblano nada tiene que ver con el encarcelamiento de la periodista Lydia Cacho .
El trato que recibió el gobernador-amigo del Rey de la Mezclilla, Kamel Nacif, más bien fue un tanto frío. De ninguna oficina se le vio salir con la sonrisa que acostumbra. Por el contrario, cuentan en la Corte que abandonó los despachos de los ministros Genaro Góngora y Olga Cordero con tremenda cara larga.

Alianzas patriarcales

Lydia Cacho
8 de marzo 2006
Gobernadores de todo el país se preparan para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres. Entre discursos y conferencias se hablará sobre toda suerte de asuntos relacionados con la “condición de las mujeres” se harán laudos del heroísmo y la mítica bonhomía femenina. Son los mismos que en la Conferencia Nacional de Gobernadores, encabezada por el Secretario de Gobernación, dan el espaldarazo silencioso a su colega Mario Marín.
Han pasado 22 días de que México escuchara de la propia voz del Gobernador Constitucional de Puebla, Mario Marín, su voluntad gozosa para poner el aparato de justicia en manos de un protector del crimen organizado, para dar una lección de silencio a las y los periodistas mexicanos. Ya 22 días de haber escuchado a Juanito Nakad coordinarse con el director de la cárcel, la Jueza, la Procuradora y las presas peligrosas, para asegurar mi castigo, mi violación y tortura.
Hemos escuchado dos canciones de Hip Hop y Rap mofándose del mandatario y su heroico flagrante acto de corrupción. He visto magníficas parodias del cinismo consagrado. Mis amigos me saludan con el apelativo “Preciosa” y a la menor provocación nos ofrecemos dos bellísimas botellas de Cognac. Sólo en Cancún han pagado más de 300 mil pesos a reporteros corruptos para intentar descalificarme en los medios.
Han pasado 82 días desde que fui arbitrariamente detenida y encarcelada por haber escrito un trabajo periodístico que delata una red de pornografía infantil y crimen organizado, hoy ratificada por la Procuraduría General de la República. Han pasado 74 días de haber recibido el Auto de Formal Prisión en la ciudad de Puebla, y 2 firmas en la cárcel de Cancún, acusada de difamación por Kamel Nacif Borge por dañar a su buena reputación pública.
He dado ciento ochenta y cuatro entrevistas a medios nacionales y extranjeros; he pagado 300 mil pesos de abogados y fianzas. 40 mil personas solidarias marcharon en Puebla contra la impunidad y para pedir justicia. He recibido más de 500 correos electrónicos de solidaridad, y se han vendido 30 mil ejemplares de mi libro “los demonios del edén”. Me han ofrecido candidaturas a Diputada, Senadora, reina del carnaval, mujer del año, conferencista magistral y refugiada política de 3 países.
He admirado el profesionalismo y la solidaridad de mis colegas periodistas que no me han dejado sola ni un minuto, y han seguido la pista de los criminales. He recuperado la fuerza física y emocional con las miles de mujeres y hombres de redes feministas y de derechos humanos que no dejan pasar un día sin recordarme que no estoy sola, ni en la comprensión de la ignominia, ni en el deseo de justicia. Han aumentado a 5 los Agentes Federales que resguardan mi vida y el vehículo blindado que me adjudicó la agencia contra el crimen organizado de la PGR es blindaje tipo 7, el máximo.
Detrás de esta historia, o delante de ella, hay casi 200 niños y niñas mexicanas que en silencio pierden el sueño, al saber que su historia de abuso, explotación y terror en Cancún, se ha convertido en un escándalo y cotorreo nacional. Han pasado ocho días desde que una de las sobrevivientes abusada desde los 7 años y hoy con 18 me dijo por teléfono: “tu nos dijiste que algún día habría justicia, y mira cómo estás. Mira lo que te hicieron. Cuando oí la voz de Kamel en el radio me acordé de porqué ya no quise regresar al Ministerio Público en Cancún, ellos tienen más poder que Fox”.
A 48 horas de que se conmemore el Día Internacional de los Derechos Humanos de las Mujeres, el Secretario de Gobernación, Carlos Abascal, en una reunión de la CONAGO se pronunció en contra del espionaje telefónico, sin mencionar la persecución y la tortura en la que coadyuvó un Gobernador Constitucional, para defender y proteger a un pederasta confeso, omitiendo las voces de las víctimas de las que yo fui eco. Allí mismo, el gobernador de Aguascalientes Armando Reynoso Femat, interrogado sobre el recibimiento que los mandatarios dieron al priísta Mario Marín en esta reunión, aclaró que es “amigo personal” del gobernador de Puebla. “Mi posición es que la libertad de expresión debe estar vigente, y debemos hacerla manifiesta en hechos concretos…, pero desde luego Mario Marín también requiere de un apoyo solidario de parte de nosotros como compañeros de gobierno, y que pudo haber habido un mal momento y una etapa difícil para la cual se requiere de aliento, no solamente apretón de manos, sino de estímulo para sacar una enorme responsabilidad de hacer un buen gobierno”. Expresó el panista, que Mario Marín “ha hecho un extraordinario trabajo en el estado de puebla, y a fin de cuentas son los ciudadanos de esa entidad quienes pueden juzgar esto…Yo hablo como amigo de Mario Marín”, insistió. El gobernador de Aguascalientes pidió entender la condición humana de su homólogo poblano; “podemos cometer errores, y a veces esos errores son horrores”.
Son ya 20 años de la creación y fortalecimiento de la Red de pornografía infantil y lavado de dinero representada en Cancún por Jean Succar Kuri, protegido de Kamel Nacif Borge y poderosos políticos. Luego de que miles de vidas de criaturas y sus madres y padres han sido destrozadas por el comercio sexual forzado, la desaparición y el tráfico de menores; con la prueba de 12 diálogos públicos de solidaridad del Estado poblano con el crimen, está ausente el juicio ético de Abascal, encargado de la Seguridad Nacional. Mientras el gobernador panista convoca a una visión humanitaria de un acto delictivo. El cohecho, la colusión de servidores públicos, la complicidad para la tortura y la violación a las garantías constitucionales para proteger a la pornografía infantil, no es tema para la Conferencia Nacional de Gobernadores.
Mientras políticos de todos los partidos usan el nombre “Lydia Cacho” para mostrar su “sensibilidad”. Apenas unos cuantos salen del ámbito de la cobardía y la complicidad misógina y corrupta, para analizar el tema de fondo con seriedad y respeto a todas las víctimas del crimen y la corrupción. ¿Cuántos se harán cómplices sigilosos de la violencia contra las mujeres y niñas? Propongo que contemos sus nombres y apellidos. Así conmemorar nuestros derechos.