Plan b
Adiós maestro de la Plaza Pública
Lydia Cacho
 
Siempre que lo escuchaba hablar, arrojar con tono parsimonioso frases como flechas, verdades como tormentas, reflexiones como puertas abiertas al futuro, tuve la certeza de que el maestro Miguel Ángel Granados Chapa es muchas personas a la vez.
Abogado y periodista de profesión, doctor en historia, amigo solidario, hermano compasivo, crítico implacable, analista sereno, colega inagotable.
Construyó una escuela de periodismo sin muros y sin límites, la de la congruencia, y de ella hemos abrevado varias generaciones. Él nos enseñó a mirar con ojos nuevos temas viejos, desde 1977 tituló su columna Plaza Pública y hasta esta semana ha sido un referente. Hace unos días dijo adiós en las páginas de su casa de los últimos años, el diario Reforma; Miguel Ángel se despide del periodismo mientras dice adiós a una vida bien vivida.
 
Su pluma descubrió y perfiló un estilo de periodismo de opinión profesional, pulcro y sin ambages desde Reforma, Excélsior, en la revista Proceso, en Unomásuno, La Jornada y El Financiero, entre otros. Su voz inconfundible parsimoniosa y contundente nos explicó las muchas historias que constituyen la gran Historia moderna mexicana; en Canal 11, en Radio Educación, en Radio y TVUNAM supimos siempre que estaba allí para compartir sus ideas en un largo conversatorio, casi alérgico a los exabruptos y abocado a la búsqueda de respuestas sin atisbo de esa egomanía tan usual en algunos patriarcas del periodismo nacional.
 
Las tres ocasiones en que recibió el Premio Nacional de Periodismo, aprovechó la tribuna para recordarnos el peligro del periodismo panfletario, habló para restituir la dignidad de quien en ese momento más necesitaba de la voz sólida del maestro: los grupos indígenas o la violencia contra las mujeres, niños y niñas; levantó la voz para señalar a los gobernantes que deben ser nombrados y juzgados por sus delitos. En 2008 recibió la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República y fue electo miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, ante ambas distinciones actuaba con una modestia auténtica de quien se sorprende ante el reconocimiento pero valora los afectos y la admiración por un trabajo digno y respetable.
 
Durante una reunión para celebrar el aniversario de su columna Plaza Pública, el maestro Granados Chapa, ya enfermo de cáncer, dijo que su retiro sólo sería provocado por la enfermedad o la muerte. A pesar de que los últimos años la enfermedad le acompañó como una sombra, por momentos desgarradora y durmiente en los mejores días, tuvo la lucidez de seguir esculcando entre las voces de la calle, no se le fue una sola noticia importante, no abandonó el análisis puntilloso de la guerra, ni el de los monopolios aplastantes, ni el de las violaciones de los derechos humanos. Tampoco enmudeció ante la corrupción individual y colectiva, ni cerró los ojos ante los ríos de sangre y la muerte con entregas a domicilio en todo el país. Hubiera podido hacerlo, ya le había dado al país y al periodismo más de lo que casi nadie ha dado.
 
Una tarde luego de un evento, le pregunté al maestro cómo lograba vencer el oprobio con tanta paz, cómo alcanzaba a reflexionar con tal precisión y certeza pacifista frente al dolor de la tragedia. Con esa voz de sabiduría cordial del que sabe lo que dice, respondió que el país nos necesita y nosotros necesitamos al país. Así de simple y llano, sin aspavientos emocionales. Yo sé que lo sostiene una preparación ejemplar, estudios formales, amor a la literatura, pasión por la escritura pulcra y trascendente y sus conocimientos jurídicos que le permitieron ayudarnos a tantas personas en momentos difíciles; pero antes y después de todo, lo fortalece la ética.
Como un roble añoso, este hombre valiente que escribió en 1996 el libro “¡Escuche Carlos Salinas!”, se desapega de las raíces que lo mantienen atado a esta vida, lo hace con la dignidad del maestro, con la certidumbre de quien hizo de su tarea cotidiana un ejemplo de congruencia y profesionalismo. En este momento en que el periodismo se tambalea entre la amenaza sangrienta, la autocensura hija del terror, o el oportunismo rapaz de las elites mediáticas, su voz hace eco y sus lecciones no se olvidan ni se diluyen; por el contrario se fortalecen más que nunca.
Es cierto que los méritos de Miguel Ángel Granados Chapa no salvan al país, pero sin duda hicieron una patria más fuerte, más digna y más humana. Gracias maestro.
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EL MILAGRO DE CHAPULTEPEC

Plan b
Lydia Cacho

La mujer de sesenta años tomó tres camiones y caminó 8 kilómetros en el vía crucis de las víctimas de la guerra. Su hijo de 24 años le pidió que no fuera a ver a Don Sicilia, pues ya lo iba a recibir el lugarteniente 23 de los zetas que tiene el listado de desaparecidos de Durango, Tamaulipas y Coahuila. La madre tomó su rosario y fue a pedirle al poeta que le llevara su caso al presidente Calderón.

Después de tres años de suplicar ante el ministerio público (MP), de rogar al alcalde y de antesala con el gobernador, la madre de los dos jóvenes desaparecidos pensó que ahora si tendría suerte de ser la señaladas por la magnánima mano presidencial para resolver uno de los miles de casos de desapariciones ¿por qué no un milagro?. La negociación con el hijo fue clara: si no nos recibe el presidente pues le seguimos con los otros, pero que alguien nos ayude a encontrarlos.
 
Cuarenta mil personas asesinadas, cientos de desapariciones forzadas (llevadas a cabo por alguna autoridad) y miles de secuestros sin investigar, sin resolver. Y las marchas convocadas por Javier Sicilia unificaron el clamor de un país que ante la imposibilidad de obtener justicia se somete al espejismo del milagro. A la esperanza de que por alguna razón políticamente inexplicable, el Presidente Calderón haría un acto de contrición y pediría perdón a México y allí mismo, movido por un escapulario y por las lágrimas de las madres, anunciaría el retiro de las tropas y la acción efectiva del MP para investigar los miles de casos rezagados o ignorados por las procuradurías locales y federal en los últimos cinco años (por sólo hablar de los de la guerra).
 
Además de ser reportera, durante diez años he dirigido un refugio de alta seguridad para víctimas de violencia en el que he aprendido que por más que se trabaje en la defensa de las víctimas, sólo el 4.5% de los casos concluye en investigación  y de esos apenas el 2 por ciento llegan a un juez.
 
En 2004 (antes de la guerra y los 40 mil muertos) de los 11 millones novecientos mil delitos cometidos, sólo 1 millón y medio fueron reconocidos por el MP para ser investigados. Disculpe usted que me repita, de los casi doce millones de familias que acuden a  la autoridad a pedir “ayuda” para resolver los delitos, diez millones recibirán un portazo en las narices. Ahora súmele la guerra.
 
Pero más allá de los actos públicos, una tercera parte de las y los denunciantes en México dicen que luego de dos años no sucedió nada con su caso.  Los Mps a su vez, dicen que tienen rezago de 24 meses en los estados del norte. Según la SSP federal hay  426,600 policías en el país y sólo 36,600 dedicados a la investigación. Diez mil van al ejército y la marina; quedan 20,600 investigadores para todo México. Haga sus cuentas. El INACIPE dice que casi dos terceras partes de los casos se pierden en tribunales porque los MPs no saben redactar y el contenido de las denuncias es incomprensible para los jueces.
 
Las familias buscan a los gobernadores o al presidente porque por ley es el Ejecutivo quien legalmente tiene el control de los dos brazos operativos más importantes del sistema de persecución penal: el ministerio público y la procuraduría sólo obedecen al gobernador y al presidente.
 
Es práctica común de los gobernantes elegir a víctimas que desarrollan liderazgos sociales para convertirlas en aliadas, en merecedoras del dialogo patriarcal, en “asesoras”; para neutralizar su poder de movilización y su fuerza moral. No es casualidad que Calderón, en su encuentro con Sicilia, abrazara a la madre que suplicó y no a la que habló desde la dignidad y la igualdad. Buscar el diálogo es importante, reconocer la carga política e histórica que dichos encuentros lo es también. Pero sería grave que concluyan en actos de intervención presidencial caso por caso, y no en cambios estructurales para los 12 millones de personas rechazadas por la justicia.
 
Lo cierto es que cada quién tiene su agenda, las madres y los padres vuelven a sus tierras desoladas, donde la autoridad paralela les espera ofreciéndoles resolver lo que el Sistema no puede. Es eso lo que nos recuerda que los discursos sobre reconstruir el tejido social deben ir de la mano de la clarificación de nuevas estrategias de Estado que faciliten y transparenten la impartición de justicia, porque mientras la sociedad, toda, no logre sentirse segura y saber que debe obedecer la ley porque la ley le protege, buscará otros caminos que seguirán debilitando al país entero.
Mientras no seamos capaces, junto al Estado, de exigir que se implemente y practique la igualdad, porque beneficia a todos y todas, y saber que la sociedad debe y puede educarse para vivir libre, sana y sin violencia, no avanzaremos. Por eso vale la pena discutir sin miedo lo que la guerra ocasiona, pero también lo que la guerra oculta. De otra manera los creyentes seguirán rezando por un milagro que nunca llegará.
 
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Violencia: las mentiras del INEGI

Las encuestas sobre violencia que durante años ha llevado a cabo el ICESI (Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad A.C) han ayudado a periodistas y personas de la academia a informarse adecuadamente sobre el impacto real de la violencia en México. En este texto, Federico Reyes Heroles explica cómo el INEGI en colusión con  los gobiernos estatales y el federal ha mentido intencionalmente para obtener cifras alegres que confunden y engañan.

Federico Reyes Heroles

Las preguntas avasallan. Cómo explicar que, según los datos del INEGI, en el 2009 la criminalidad en México bajó con relación a los años anteriores. Difícil creerlo cuando se tienen en mente situaciones como las que se han vivido en Tamaulipas, Michoacán, Chihuahua, casos ya emblemáticos. Pero cómo olvidar Morelos o Nuevo León, que se han sumado a la lista de entidades violentas. Hay más curiosidades, quizá lo más asombroso del estudio es que los mexicanos súbitamente denunciaron más, tuvieron más confianza en las instituciones y en las acciones de investigación. Se denunciaba en promedio uno de cada cinco delitos cometidos, pero de nuevo, según el INEGI, en el 2009 hubo menos delitos y más denuncias. Por lo pronto es extraño. Se necesitan explicaciones. Pero las sorpresas no terminan ahí.
Cómo explicar que el número de hogares mexicanos con víctimas aumente, ¡pero las víctimas disminuyan en más del 10%! Va de nuevo, menos delitos pero más hogares con víctimas, pero a la vez hubo menos víctimas y más denuncias. Si el lector se empieza a confundir, va por buen camino. Porque el asunto es más complicado. Se sabe que en Tamaulipas y Chihuahua levantar encuestas, sobre todo las de criminalidad, es cada día más difícil. Por eso el estudio previo, a cargo del ICESI, no presentó datos de Tamaulipas, porque no hubo condiciones adecuadas. Pero el INEGI, un año después, ya no encontró esas dificultades, o ya no las reportó, a pesar de que más del 70% de las viviendas se encontraba en condición de área insegura. De nuevo, qué curioso, en el remoto 2007, cuando la violencia apenas mostraba su rostro, en Tamaulipas se reportaron casi 14 mil delitos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, increíble, en el 2009 el INEGI reporta sólo 5 mil 400. Otra reducción a un tercio en dos años y Tamaulipas será como Suiza. Pero hay más, tanto en Tamaulipas como en Chihuahua se registró un altísimo porcentaje de viviendas deshabitadas, 27.5% y 45% respectivamente. Ese dato en sí mismo es alarmante, pero el INEGI no lo consideró así, tampoco que en Tamaulipas casi un 19% de los encuestadores no pudieran aplicar el cuestionario y que hubo un 33.5% de no respuesta.
Pero ahí no termina el galimatías, ahora resulta que según el INEGI, ¡Yucatán es mucho más inseguro que Guerrero o Tamaulipas! Cómo estarán las cosas en Chihuahua que, con 45% de viviendas deshabitadas, se registraron casi 12 mil delitos por 100 mil habitantes. Hay más. Uno de los datos más relevantes de las encuestas victimológicas es medir la impunidad, pero en el reporte del INEGI se les olvidó o no consideraron relevante que un 32% de los encuestados declarara que no había ocurrido nada con las denuncias presentadas, según se infiere de los propios datos del estudio.
Otro dato central de una encuesta victimológica es detectar la llamada “cifra negra”, es decir los delitos cometidos pero no denunciados por las víctimas. Ese dato se consigue con un reactivo muy sencillo avalado por Naciones Unidas. En el último año, ¿usted o su familia ha sido víctima de algún delito, Sí o NO? Así de llano. Si fue víctima, ¿lo denunció, SÍ o NO? Punto. Pero en el INEGI se pensó que esa fórmula internacional ya no era buena y la cambiaron: “Si usted o su familia fuera víctima de un robo en la vía pública o en su casa, ¿acudiría a una autoridad de seguridad pública a denunciarlo? Genial, dos condicionantes, ser víctima y denunciarlo. Según el INEGI un 81% de los mexicanos respondió afirmativamente. De la noche a la mañana la historia cambió, de alrededor de 80% de delitos no denunciados como constante pasamos a 81% de intención de denuncia y justo en estos momentos. ¡No podría haber dato más esperanzador! Pero, ¿será real?
Las encuestas de victimización recogen hechos, no percepciones. Pero el INEGI consideró que ésa era una mala idea y por ello introdujo otras preguntas. Ahora se afirma que el 70% de los mexicanos piensa que los delincuentes serán castigados. Todos los registros previos que se tienen de falta de confianza en las instituciones, sobre todo en las instancias de investigación, en los ministerios públicos, de pronto se revierten en el estudio del INEGI. Falta el remate, al preguntar a las víctimas de delitos, el INEGI incluyó a todos, faltaba más, incluso a las personas que fueron víctimas de homicidio. ¡Hablaron los muertos! Si el lector está molesto y ofendido, comparto el sentimiento.
El INEGI no hacía este tipo de encuestas. Fue por ello que hace ocho años se tuvo que crear el ICESI. Pero al gobierno de Calderón y a ciertos gobernadores, los datos del ICESI les incomodaron. Fue por eso que se decidió despojar con mañas al ICESI de la rectoría del estudio. Esto ya no es un asunto técnico. Ocultar, maquillar, desvirtuar, callar son acciones humanas con una definición ética, es una cuestión de principios, de honestidad. O se está de un lado o se está del otro. Parece que Calderón ya optó.
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Artículo publicado en el periódico Reforma el martes 14 de diciembre de 2010.

Guerrila militar en Quintana Roo

Un guerrillero en Quintana Roo
Lydia Cacho
“No me preocupa ni me mete miedo, al contrario, me da risa; me pongo a pensar que de verdad esos cabrones me tienen miedo”; dijo en general Carlos Bibiano Villa, nuevo Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, al referirse a los Zetas. Ese militar de 62 años que confesó hace un mes asesinar a mujeres y hombres bajo sospecha de pertenecer a grupos criminales http://www.jornada.unam.mx/2011/03/13/index.php?section=politica&article=007n1pol, es el mismo que, luego de recibir órdenes, envió a los medios una carta disculpándose por el lenguaje en su entrevista, argumentando que él defiende los derechos humanos y cumple la ley. El gobernador Roberto Borge declaró que sí le cree a Bibiano, “Me lo recomendaron la Sedena e Isabel Arvide”, ha dicho el joven priísta sin retirar sus pulgares y la mirada de su Blackberry.
Y hay que poner atención, porque desde Chihuahua hasta la península de Yucatán, estos militares toman los cuerpos policíacos para implementar estrategias de guerra en un país, que ya ha dicho Calderón, “no está en guerra”. Entonces  ¿Qué hace el general Bibiano en Quintana Roo? Hace unos días explicó que  para desarrollar aquí su misión trajo un equipo con tecnología de punta, con valor de más de 4 millones de pesos, que pagó de su bolsillo; tiene capacidad para interceptar llamadas, detectar movimientos “y otras cosas que mejor no digo, son secretos de guerra”.En una advertencia de opacidad monumental ha dicho “en la guerra no se pide permiso, se interviene y ya”.
El mismo que hace unas semanas sonreía afable asegurándonos que  viene tras “los malandros y los cochinos”, dijo “lo mío es la guerrilla urbana”. Es experto en telecomunicaciones, entró al Ejército a los 16 años, recibió adiestramiento especial en inteligencia y contrainteligencia en Israel; tiene dos licenciaturas y una maestría, y sus declaraciones no son una casualidad. Este militar viene con mano dura a un estado que, durante dos décadas, ha trabajado por una cultura de derechos humanos al margen de gobiernos corruptos y ambiciosos.
La guerrilla urbana del general es una táctica bélica que suele ser adoptada por los grupos de combatientes que se encuentran en desventaja frente a fuerzas militares bien organizadas (en este caso los Zetas). Consiste en evitar confrontaciones abiertas con las tropas enemigas, buscando pequeños combates en los que no exista superioridad numérica, así como actos de sabotaje. La meta es causar el mayor número de bajas (homicidios) posibles, para debilitar al enemigo.
Para los militares entrenados en técnicas de guerrilla urbana, dos cosas son imprescindibles, dice un colega de Bibiano: considerar que el enemigo está en todas partes y actuar sin previo aviso (sin jueces de por medio para intervenir líneas telefónicas o hacer detenciones arbitrarias).
El gobernador Mario Villanueva abrió al puerta al narco y las negociaciones se han mantenido estables con los sucesores. Los responsables de seguridad del aeropuerto han dicho que no trabajarán con Bibiano, puesto que él es responsable de la policía preventiva y de fortalecer la seguridad pública y no tienen reconocimiento para trabajar en áreas federales, como el combate a la delincuencia organizada y el narcotráfico.
No puedo sino preguntarme ¿implementará la seguridad pública con guerrilla urbana? Sus desplantes nos hacen comprender que el general ignora que en Quintana Roo hubo 0.8% de ejecuciones mientras que en Chihuahua hubo 17.6; en cambio en Quintana Roo el delito de mayor incidencia es la violación con un 40.9%  comparado con el 19.6% de Chihuahua. Los índices delictivos más altos de Quintana Roo son por violencia sexual, violencia intrafamiliar, homicidio imprudencial, robo y amenazas; es decir los dleitos del fuero común que no se abaten con tácticas de guerra. El narcomenudeo es similar al de otros estados turísticos y fronterizos. Todos los estudios indican que lo que le urge al estado es crear una cultura de paz y civilidad, mejorar el procedimiento penal, abatir la pobreza, fomentar un turismo ético, impulsar la cultura en políticas integrales de prevención del delito con jóvenes (para ello trabajan organizaciones civiles desde hace una década). Sin embargo un bravucón obsesionado con la guerra y el narco dice que “implementará la seguridad pública” con violencia en nuestros barrios.

No cabe la menor duda de que debe abordarse la violencia generada por el narco y sus cárteles; la naturaleza federal de estos delitos exige estrategias muy puntuales y transparentes a la vez, de la PGR y SIEDO, instituciones responsables de investigar y perseguir delitos federales contra la salud. Esta tarea no le corresponde a un Secretario de Seguridad Pública local,  en primer lugar porque en vez de fortalecer las instituciones las desvirtúa más al llevar a cabo trabajo de inteligencia militar que no está regulado ni avalado por las autoridades federales ni estatales;  en segundo lugar porque el hecho de que sea militar (retirado) no significa que haya pasado las pruebas de control de confianza federales, que exigen salud mental, honestidad, transparencia y apego a la ley, entre otros factores fundamentales. En tercer lugar porque la inestabilidad que la delincuencia organizada ha generado en las instituciones policacas, sólo se puede resarcir con trabajo de equipo, transparencia y apego a la legalidad. Lo que el general Bibiano Villa propone es lo contrario: trabajar solo porque desconfía de toda la gente local, incuidos los miembros del Consejo Estatal de Seguridad (amenazó a uno de ellos y se fue del estado), este consejo fue creado legalmente justo como contrapeso de los abusos del poder y para la transición hacia el nuevo Sistema de Justicia Penal aprobado por el Congreso de la Unión en 2006. Por último Bibiano Villa no tiene ni el poder, ni la posibilidad y respaldo de investigar a  personal cercano a su propio jefe (el Gobernador de Quintana Roo) ni a los miembros de su gabinete, incluído el  Procurador de Justicia  (a quien investigaciones periodísticas y de SIEDO han señalado como negociador entre el gobierno estatal y los carteles.)

Yo vivo en quintana Roo desde 1986, tengo amistades que han huido de Playa del Carmen y Cancún por miedo a las amenazas y extorsiones de los Zetas, yo he recibido amenazas directas de ellos, y nuestro Centro de Atención a víctimas, que durante una década ha rescatado a cientos de sobrevivientes de violencia extrema, y defendido a víctimas de la delincuencia organizada, ha denunciado sistemáticamente el daño que el crimen organizado hace al tejido social. No cabe duda de que es urgente acotar al crimen organizado en quintana Roo, sin embargo la presencia del general Bibiano Villa, su discurso y el del gobernador Borge, son simple maquillaje para un problema claro que necesita de un abordaje multisectorial y transparente. Hay duficiente evidencia para demostrar que militares en retiro como Bibiano Villa no han hecho sino estragos en otros estados; asesinar presuntos culpables no es la respuesta, generar paz social y una cultura de legalidad y derechos humanos es la clave. En ese contexto la militarización policiaca resulta inaceptable, y el miedo no puede impedirnos decirlo en voz alta: la violencia no es el camino para la seguridad y la justicia.
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LA BATALLA POR L@S MIGRANTES

Plan b*
Lydia Cacho
Adolescentes paraguayas como esclavas sexuales en elegantes bares de Cancún, albañiles nicaragüenses construyendo edificios en Tabasco, mujeres hondureñas limpiando casas en Mérida, miles de guatemaltecos asentados en Campeche en un remedo de sus pueblos de origen. Hombres y mujeres de origen cubano, desde la Riviera Maya hasta Veracruz haciendo un poco de todo para sobrevivir.
Desde Panamá y Costa Rica miles suben por Centroamérica, hasta cruzar por Quintana Roo y Chiapas en busca de trabajo en el comercio informal. Nunca como ahora habíamos visto con tal claridad el flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe hacia México. Y lo hemos conocido por los ataques brutales de la Delincuencia Organizada. Ya conocíamos los dramas individuales que viven estas personas gracias a la valentía de un puñado de activistas pro-inmigrantes que rescatan cada año a miles de personas. Entre ellos el padre Alejando Solalinde en Oaxaca, quien ha sido un ejemplo de tesón contra la corrupción institucional.
Lo cierto es que la autoridad mexicana no ha sido capaz de entender y menos resolver las complejidades del problema. A lo largo de un siglo México ha permitido el flujo silencioso de personas de estos países en una suerte de hermandad implícita. Mientras investigaba las rutas mundiales de tráfico de personas, entrevisté a muchos agentes migratorios de diversos países. En México, para la mayoría de los agentes sureños del INM, dejar pasar ilegalmente a personas de América Central no representa un problema ético, hay una suerte de conmiseración real acompañada, en muchos casos, de una corrupción de facto. Es decir, si de cualquier manera van a cruzar, pues qué mejor que lo hagan de forma segura, por tanto, piensan, recibir un porcentaje de un traficante no representa un acto de inmoralidad, sino parte de un trámite paralelo. No consideran que cometen delitos (no pasan drogas, ni armas, sino personas desesperadas por una vida mejor); hay quienes incluso argumentan que es un acto humanitario (Hasta que caigan en manos de las mafias mexicanas más poderosas que nunca)
Aunque ciertamente las y los migrantes huyen de la pobreza extrema, de la violencia generada por el narcotráfico, escapan de maridos y padres violentos o van en busca de familiares que viven en los Estados Unidos, el problema es mucho más complejo. No son lo mismo los migrantes que salen de sus países buscando un futuro mexicano, donde miles de sus connacionales viven, que los transmigrantes que cruzan para llegar a los Estados Unidos o Canadá, o que quienes de plano buscan refugio en nuestro país huyendo de la violencia fronteriza de las Maras y los Zetas. No son lo mismo las víctimas de traficantes de indocumentados abusivos, que las victimas de trata de personas (aunque muchas de las que buscan polleros pasan por la explotación de tratantes sexuales en prostíbulos transfronterizos).
Desde fines del Siglo XIX los cafetaleros de Chiapas convirtieron a ese estado en el centro laboral para indocumentados guatemaltecos. En 1974 el gobierno mexicano dio cuenta por primera vez de la enorme población salvadoreña que habitaba la Capital de México y sólo entonces se creó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y la ONU hizo presencia con la ACNUR, para proteger a las y los refugiados que cruzaban la frontera y que vivían en condiciones deplorables en campamentos de miseria en la frontera mexicana. Durante décadas habíamos mirado para otro lado cuando se hablaba de la migración centroamericana, asumiendo que éramos un mero territorio de paso.
Lo cierto es que este problema apenas comienza a mostrar su verdadero rostro. Ya la CEPAL había advertido que la crisis económica de Centroamérica en 2009 tendría serias repercusiones en los años por venir. La disminución de remesas, la baja en inversión extranjera por la crisis económica de los países inversionistas, aunada a la explosión de la delincuencia organizada, particularmente a los cárteles desde Colombia hasta México, prometían flujos de emigrantes hacia el norte. Lo que olvidamos, o al menos lo olvidó el Instituto Nacional de Migración, es que el Norte somos nosotros, no solamente Estados Unidos y Canadá.
Durante años los gobiernos de Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Quintana Roo, avalaron la explotación de migrantes y transmigrantes, otorgaron impunidad a las redes de traficantes, tratantes y secuestradores, ahora tomadas por los Zetas y otros cárteles. No hubo autoridad federal que les exigiera cuentas y que escuchara a la CEPAL.
Conocí a un centenar de hombres y mujeres expertos en Derechos Humanos que se han especializado en Trata de personas y trabajan en el INM, su honestidad y compromiso no bastan, el problema les rebasa por la derecha. Está claro que el Presidente se equivocó cuando entregó la titularidad de Migración a Cecilia Romero como una concesión a los grupos de derecha, haciendo abstracción total de la importancia estratégica que éste Instituto tendría en el sexenio. Otra vez nos enfrentamos a un problema heredado de décadas de impunidad priísta y fortalecido por la debilidad federal del sexenio panista. Estamos frente a una bomba de tiempo capaz de desestabilizar al sureste mexicano. Tras la crisis de Derechos Humanos de migrantes hay un asunto de Seguridad Nacional que no puede soslayarse, y está claro que la colaboración de la Sociedad Civil será determinante en este caso.
*Plan b es una columna semanal publicada los lunes en diarios de todo México.
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LAS CALLES DE MI CIUDAD

Por la calle de la amargura
Lydia Cacho

Imagine usted que alguien le diera instrucciones para llegar a casa de sus amistades de la siguiente manera: subes por avenida El Chapo Guzmán y seis calles a la derecha entras a Miguel de la Madrid, te sigues por el parque de los niños perdidos hasta topar con el callejón de García Luna; hay una bifurcación en la que verás dos calles: Manlio Fabio Beltrones y Jorge Hank Rohn, te vas por el segundo, que te llevará hacia la calle Beltrán Leyva; es la tercera casa azul a la derecha. Trae cervezas.
¿Le parece una locura? Pues no lo crea. Eso podría suceder algún día si no nos involucramos en cómo nuestras autoridades nombran las calles y avenidas del país.
Si algo nos recuerda que México es un país que por un lado ignora a su héroes y heroínas reales, y por otro potencia, reconoce y celebra a sus tiranos y delincuentes, son las calles por las que circulamos todos los días. Cada municipio posee sus reglas y normas para nombrar las calles, pero en muchos de ellos los listados no son revisados por el Cabildo y los Consejos de Cultura, ni por el Congreso, ya que se le da poca importancia; simplemente aprueban sin mayor análisis.
Hace unos meses me mudé de casa, las y los vecinos nos vimos obligadas a hacer una colecta de 500 pesos para reparar una larga “avenida” de terracería que parecía afectada por un bombardeo desde hace dos años, a pesar de pagar el predial en tiempo y forma, nunca la han arreglado. Fue entonces que descubrimos que ese dañado camino lleva el nombre de Mario Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, acusado de vínculos con el narcotráfico en México y los estados Unidos. El nombre fue asignado ya que había recibido sentencia de 36 años de prisión.
Por otro lado para llegar a mi oficina debo circular por la avenida José López Portillo (y recordar la devaluación que dejó a mi familia en serios problemas económicos) y en un día cualquiera para hacer los mandados circulo entre Jesús Reyes Heroles, J.Martinez Ross y Fidel Velázquez. Por si fuera poco en Tabasco visité la Colonia Roberto Madrazo y recientemente tuve que conducir por la Avenida Carlos Salinas de Gortari, era de noche y recordé el poder de las mafias fortalecidas por este ex presidente; no pude sino preguntarme ¿por qué no nos hemos rebelado ante este fenómeno? ¿es acaso un símbolo de la fatalidad que recae sobre nuestro país? No solamente nos gobiernan dejándonos en la ruina, avalando al narcotráfico, destruyendo el sindicalismo honesto y los derechos laborales, corrompiendo a las instituciones, fomentando la injusticia, además y por si fuera poco, sus nombres quedan grabados en nuestras vidas cotidianas como si tal cosa.
Nadie podría creer que las calles de todo México no llevan mejores nombres por falta de imaginación, o de personajes ejemplares. Hay más de mil calles y avenidas Benito Juárez en el país, y alcancé a encontrar 36 municipios con el mismo nombre. Miguel Hidalgo es el segundo más repetido, los más son de políticos que han llevado al país al lugar en que se encuentra y los menos socorridos son los nombres de mujeres. Luego están las creativas: calle del Taxi, del Frijol, Plan del muerto, Calle Salsipuedes, del Manco, del Beso, de los Remedios, la Dolorosa, la Llorona, la Guadalupana, El galán y el Talismán. En el colmo de la chabacanería en diversas ciudades les ha dado por nombrar calles dedicadas a ex gobernadores y ex alcaldes recientes con el prefijo “Licenciado” por ejemplo calle Licenciado Pedro Joaquín Coldwell. En Nuevo León para llegar a la Avenida Emilio Gamboa se puede subir por calle Camote o calle Tuna (sin albures)
Evidentemente no soy ni la primera ni la única ciudadana incómoda por vivir en un país que celebra a sus personajes más ignominiosos y corruptos bautizando calles con sus apelativos. Durante la LIX legislatura un diputado propuso que fueran cambiados los nombres de todas las calles y avenidas que llevan el nombre Luis Echeverría Álvarez, ya que se encontraba bajo juicio por la masacre y desaparición de estudiantes de 1968, la mayoría priísta descalifico la propuesta como “descabellada”.
Lo cierto es que los nombres acaban convirtiéndose en símbolos y a mi no me gusta, en absoluto, verme rodeada de los símbolos de corrupción e impunidad todos los días. Yo crecí entre Avenida Revolución y Patriotismo, y a decir verdad preferiría vivir en la calle que evoque el nombre de alguna poetiza, escritor o un pintor acaso, que circular diariamente entre Mario Villanueva y Joaquín Hendriks. Resulta que algunos reglamentos locales permiten que la ciudadanía haga propuestas de nombres de las calles, aunque casi nunca se ejerce ese derecho. Sería bueno que la ciudadanía tenga derecho a opinar sobre este tema, yo haré el intento. Si usted pudiera elegir ¿qué nombres de calles cambiaría?
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Adiós Marisela, emblema del feminicidio

A Lucha Castro, por su persistencia y valor por crear un nuevo sistema de justicia en México

 

Con el rostro ovalado y la mirada firme tras los espejuelos, Marisela Escobedo me dijo que primero moriría que dejar de luchar por esclarecer el asesinato de su hija Rubí Marisol. “Es por ella, pero es por todas las hijas de las demás mujeres de México”, me dijo con la voz entrecortada, “porque al Estado mexicano hace rato que la vida de las mujeres no le importa, entonces seremos nosotras las que digamos, hasta la muerte, que sí valemos, que nuestras hijas merecen un país seguro. Yo sé quién es el asesino y no voy a quedarme callada”.

 

Estas fueron las últimas palabras que escuché de Marisela hace unos meses. Ayer fue asesinada, emblemáticamente, frente a las puertas del Palacio de Gobierno de Chihuahua. Sus últimas palabras fueron consignas solitarias por la justicia y la no impunidad de los feminicidios.

 

Manifestándose ante el edificio que alberga a la autoridad, un hombre se acercó a hablarle, ella echó a correr y acto seguido le disparó a quemarropa, uno de los balazos fue directamente a la cabeza. Según el Médico forense está claro que el asesino sabía lo que hacía. Existe un video del asesinato tomado de una cámara de seguridad.

 

Los paramédicos llegaron a Marisela cuando aun estaba con vida, unas horas más tarde supimos que había muerto. Fue el arma de un asesino la que ultimó la vida de esta joven mujer, pero sin duda son co-responsables los tres jueces que desestimaron las evidencias y restaron importancia a las amenazas de muerte que la familia Bocanegra había expresado contra Marisela. Y son cómplices también todos aquellos que insisten en que la violencia en México no es grave; quienes insisten en que los feminicidios mexicanos no son importantes.

 

Sergio Rafael Barraza Bocanegra es el principal sospechoso de la muerte de Marisela, ya que es él el acusado de ultimar la vida de Rubí. En 2008 la hija de Marisela apareció muerta y desde entonces su madre se dedicó en cuerpo y alma a esclarecer el asesinato y llevarlo ante la justicia, acompañada de la reconocida abogada feminista Lucha Castro.

 

Barraza, que fue pareja de Rubí, una adolescente de 16 años, enfrentó un juicio oral por homicidio en los nuevos juzgados de Chihuahua; durante el procedimiento Sergio Rafael admitió haber asesinado a Rubí porque “le había sido infiel”.

 

A pesar de la evidencia en su contra, en abril de 2010 Barraza fue dejado en libertad, sin embargo, inmediatamente después los jueces determinaron que se equivocaron, que existían suficientes elementos para ejecutar una sentencia de 50 años en prisión. Era demasiado tarde, el acusado estaba prófugo. Entonces Marisela se dio a la tarea de encontrarlo, nos aseguró a algunas periodistas que ya lo había localizado en Zacatecas y que ahora sólo faltaba que lo detuviera la autoridad. Por su mente pasó la idea de ir ella misma, acompañada de otras mujeres, a llevar a cabo un arresto ciudadano del asesino de su hija; un Fiscal le aseguró que lo arrestarían pronto, que no se arriesgara. La autoridad ya había determinado ofrecer una recompensa de 250 mil pesos por Barraza Bocanegra.

 

Ahora que ella ha muerto el gobernador de chihuahua, César Duarte, afirmó que no tiene duda de que la ejecución de la activista Marisela Escobedo fue por venganza del criminal. Lamentó la muerte de la madre de Rubí, quien “siempre señaló al autor material de la muerte de su hija y que desgraciadamente fue liberado por tres jueces, que insolentemente lo pusieron en libertad”.

 
El gobernador declaró que solicitó al Congreso de Chihuahua que estos jueces sean separados del cargo para que sean juzgados por las omisiones y el uso indebido de poder en el que liberaron a un sujeto peligroso, confeso de asesinato.

 

El gobierno de Chihuahua jamás ofreció medidas cautelares a Marisela, a pesar de la evidencia sobre las amenazas de muerte que recaían sobre ella, a pesar de que testificó en el juicio. Marisela intuía que podría perder la vida, me lo dijo, y hacía lo que estaba en sus manos para evitarlo, sin embargo nunca estuvo dispuesta a darse por vencida, murió intentando salvar a otras adolescentes de una muerte como la de su hija, creyendo, hasta el último día, que las Instituciones judiciales de su país la acompañarán en una batalla colectiva por la justicia y la vida de las mujeres.

 
Tres jueces tuvieron la posibilidad de hacer justicia en un feminicidio, su ineficacia dejó ahora dos crímenes y un asesino en plena libertad. Dejaron tras de si una ola de sufrimiento, indignación y frustración. Con ella se murió un poco de todas nosotras, las activistas que la conocimos y supimos que su batalla era nuestra también.

¿TODOS SOMOS JUAREZ?

Por Javier Solórzano*
Ni Marisela Ortiz, directora de “Nuestras hijas de regreso a casa”, ni Elizabeth Flores de la Pastoral de Ciudad Juárez, ni Gustavo de la Rosa, defensor y promotor de los derechos humanos fueron convocados a las reuniones de Felipe Calderón con sectores de la entidad fronteriza. No se soslaya que a pesar de esto han estado presentes buena parte. Con preocupación, por no decir otra cosa, el tema de los derechos humanos se ha ido borrando. Los derechos humanos han pasado de ser el gran tema a un distante segundo plano.
¿Por qué es importante hablar con estos tres personajes? Fundamentalmente, por lo que han hecho por Ciudad Juárez y por lo que ellos representan. Dicen las cosas directas, han vivido en carne propia las presiones, y han estado marcados por la violencia y la muerte de familiares y amigos cercanos. Han estado a punto de darse por vencidos, pero a la mera hora se han defendido, a pesar del dolor, y no han permitido que les gane la adversidad. Por lo que han vivido no dudan en denunciar lo que pasa en Ciudad Juárez cuando duele el estómago, no cuando ha pasado el tiempo.
Las dos reuniones encabezadas por el Presidente han sido fundamentalmente catárticas. Era de esperarse, y sólo será al paso del tiempo —hablan ya de 100 días— cuando se puedan apreciar resultados, cuando se vean indicadores reales de la efectividad de lo que se dice y promete. El tiempo no ha sido un aliado para la presidencia de Calderón. El gobierno ha diseñado varios planes y la gran mayoría se queda en el camino. Lo peor es que no han tenido ni seguimiento. El b “todos somos Juárez” presidencial vale en la medida en que el gobierno realmente instrumente la estrategia que tenga en la ciudad fronteriza y ésta sea el punto de partida para una estrategia macro.
Calderón tiene que escuchar pero sobre todo actuar en función de lo que escucha. Por ello, Marisela, Elizabeth y Gustavo son importantes. Ellos representan opiniones duras que salen de las entrañas, del alma y de la reflexión. No es que los que han hablado no tengan cosas importantes que decir, por supuesto que las tienen y lo han dicho. Lo importante es que para gobernar y rehacer a Ciudad Juárez no basta con voluntarismos, dinero, y cara de resignación. Para hacerlo se requiere de algo que no pareciera querer y, a estas alturas, ni poder, el gobierno de Calderón: cuestionar lo que ha hecho hasta ahora. No es sólo la seguridad, es la economía, la política, la esperanza y la credibilidad; como ve, ¡casi nada! Pero que no se olvide que junto con la imperiosa necesidad de atacar los problemas de la ciudad fronteriza anda también de por medio que el país no termine por ser el Ciudad Juárez de hoy.
Si “todos somos Juárez”, Presidencia debe cuidar no dejar fuera a las voces que como Marisela, Elizabeth y Gustavo llevan años en el trabajo de reconstrucción social de Ciudad Juárez.
*Periodista mexicano, columnista del diario El Universal

ENTRE PERROS

Entre perros te veas
Lydia Cacho
Es un reportero joven que durante años ha entrevistando a malos y a no tan malos, investigando las historias que a muchos les parecen de novela. Es uno de los mejores nuevos periodistas del país y por seguir honesto, por no avergonzarse de su éxito y  de sus múltiples premios, en su vida personal ha perdido de todo, amores y amistades; porque en este país para hacer buen periodismo sobre crimen organizado y mantenerse impoluto e incorrupto hay que jugársela y Alejandro Almazán se la ha jugado.
En cinco años tejió las vidas de personajes que descubrieron en el mal una forma de vida. Escribió el mapa de una raza que incrementa su pasión por la violencia, la envidia y el desamor, que deja solos a quienes se atreven, que venera las armas y la guerra, que les canta y les reza a los narcos. Así nació entre perros, la primera novela de Almazán.
Yo, como la mayoría de mexicanas estoy harta de la nota roja, pero me rehúso a ser partícipe del silencio que es el mejor cómplice de la mentira. Por esa misma razón me parece que su primera novela debe ser leída en todas partes, dentro y fuera de México. Entre su méritos está el padrinazgo del  estupendo escritor Elmer Mendoza, quien acompañó al autor en la experiencia de novelar con un cabal manejo del lenguaje, un ritmo  implacable y una impresionante habilidad para detallar las minucias que manifiestan la esencia de la corrupción mexicana en todas sus facetas, particularmente la corrupción del espíritu humano, la de la vida que poco importa, la del dinero que lo es todo, la del poder que  destruye y se crece ante el miedo de los otros.
Hay periodistas amenazados que emigran para salvarse, Alejandro Almazán decidió escribir ficción como catarsis de sus miedos, de sus pérdidas, de su divorcio, de sus angustias por la realidad.
Él narra el mal pero no lo disfruta, lo revela, lo desnuda y nos ayuda a pensar con Entre perros que México necesita reconstruirse de manera celular, vital, individual y sólo entonces podrá haber una transformación colectiva.
Leerlo me recordó que mientras más se intente ocultar la descomposición social, más se nutre el descontento y se contagia la pasión por la aniquilación de las y los otros. Alejandro Almazán es el Roberto Saviano mexicano. En este libro retrata a México tal como es, sin pedir perdón ni permiso y eso lo hace profundamente valioso como literatura, como acto de congruencia de un periodista que tuvo que recurrir a la novela para contar toda la verdad, que lo hizo bien y que ayudará  a propios y extraños a entender la psicología del narco y de una buena parte de la población que abdica cada día de su responsabilidad social y destruye sin medida ante la mirada cómplice o amedrentada de otros. Lealo y usted dirá lo publica Mondadori literatura y se vende en librerías.

BLADIMIR: OTRO COLEGA ASESINADO

ASESINADO OTRO PERIODISTA EN EL ESTADO DE DURANGO
El cuerpo sin vida de Bladimir Antuna García, periodista mexicano especializado en cuestiones de seguridad en el diario El Tiempo de Durango, apareció en la noche del 2 de noviembre de 2009, según un comunicado que ha hecho la Procuraduría General del Estado de Durango. El periodista fue secuestrado esa misma mañana, cuando acudía al trabajo. Según fuentes oficiales, el fallecimiento se debió a «asfixia por estrangulación». El cuerpo presentaba también heridas de bala en cráneo y abdomen. Cerca del cadaver apareció un mensaje, cuyo contenido aún no se ha dado a conocer.
“Envíamos nuestro más sentido pésame a la familia de Bladimir Antuna García. Sentimos una inmensa rabia por este asesinato que habría podido evitarse ya que, en efecto, la Fiscalía General de Durango estaba al corriente de las amenazas de muerte recibidas por Bladimir Antuna, pero no hizo nada para garantizar su protección. El asesinato, pocos meses antes y presumiblemente por los mismos autores, de Eliseo Barrón (leer el comunicado del 28 de mayo de 2009), tendría que haber servido de advertencia a las autoridades. El estado de Durango, bastión del crimen organizado donde impera la impunidad, se ha convertido en un infierno para quienes defienden una prensa libre y una información transparente. Una vez más, hacemos un llamamiento a las autoridades federales para que creen programas de protección que terminen con este siniestro recuento”, ha declarado Reporteros sin Fronteras.
Bladimir Antuna ya había sufrido un atentado el 28 de abril de 2009. Entonces, unos desconocidos dispararon a su domicilio. Además, según el CEPET (Centro de Periodismo y Etica Pública), el reportero recibía frecuentemente llamadas anónimas en su teléfono móvil, o en la redacción de El Tiempo, advirtiéndole acerca de las infomaciones que publicaba.
Pocos días después del salvaje asesinato de Eliseo Barrón, que tuvo lugar el 26 de mayo de 2009, Bladimir Antuna manifestó que llevaba varios meses recibiendo amenazas de presuntos miembros de los Zetas, un grupo criminal relacionado con el Cartel del Golfo. De hecho, y siempre según el CEPET, Bladimir Antuna intercambió información con Eliseo Barrón a propósito de la corrupción policial y el crimen organizado, poco antes de la muerte de este último. Los asesinos de Eliseo Barrón, miembros de los Zetas, fueron detenidos el pasado 6 de junio y reconocieron el asesinato que, dijeron, tenía como objetivo obligar a autocensurarse a la prensa local (leer el comunicado del 16 de junio de 2009).
México es el escenario de una triste hecatombe que, desde el comienzo del año 2000, ha dado como resultado 56 periodistas asesinados por motivos relacionados con su profesión. México ocupa el lugar 137, entre 175 países, en la clasificación mundial de la libertad de prensa elaborada por Reporteros sin Fronteras en 2009.