Dos mujeres

Publicado por Jean Meyer en El Universal, el 9 de diciembre de 2007
No se trata solamente de dos personas, dos individuos, dos existencias, se trata también de principios fundamentales, de los derechos a la libertad, seguridad, expresión, y de la justicia, de su impartición y de la responsabilidad, frente a las instituciones, a la sociedad y a su conciencia de los que dicen el derecho.
Pero no hay que olvidar nunca que se trata también de personas; la primera se llama Ingrid Betancourt, la segunda se llama Lydia Cacho. Continue reading “Dos mujeres”

¿Qué tanto es tantito?

Publicado por Marta Lamas en revista Proceso, 9 de diciembre, 2007
Mucho se ha escrito sobre la lamentable resolución de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en relación al caso de Lydia Cacho (recomiendo el artículo de Denise Dresser en Reforma del 3 de diciembre). El repudio general al fallo me ha hecho recordar un señalamiento de Paolo Flores D’Arcais sobre el delicado problema de que la ley sea siempre e inevitablemente sólo interpretación. Este filósofo italiano afirma que el juez hace la ley, en lugar de obedecer a ella, nos guste o no. Por lo tanto, considera que la legalidad sería sólo el nombre del mutable lugar geométrico de todas las sentencias efectivamente pronunciadas. Desde su perspectiva, la legalidad no es lo que está escrito en los códigos, sino el conjunto de las penas efectivamente expiadas. Flores D’Arcais dice que sólo se considera ilegal lo que verdaderamente es sancionado, y pone un ejemplo que nos viene a cuento: de una persecución o de una impunidad jamás podremos decir, a menos que sus autores sean a su vez realmente sancionados, que son jurídicamente injustas. Vista desde esa perspectiva, la resolución por mayoría de la SCJN ha confirmado la legalidad de la violación (“aunque sólo tantito”) a las garantías individuales de una ciudadana por parte de un gobernador.
Esta sentencia ha concitado la unánime indignación moral de la sociedad. Ni un articulista, ni un comentarista de radio o televisión, la ha aplaudido y, al contrario, han supuesto que tras la decisión se perfila una siniestra trama política de presiones y componendas. Esto es, nada menos que la politización de las decisiones jurídicas.
Creada para poner las leyes por delante de los intereses, la SCJN exhibe hoy sus carencias humanas. Pese a que el ministro Silva realizó una rigurosa ponencia, con la cual coincidieron sus homólogos Góngora, Gudiño y Cossío, la mayoría de seis ministros, dos de ellos mujeres (¡dura lección para quienes todavía creen que tener cuerpo de mujer hace una diferencia ideológica o política!), votaron en contra. Hoy la sociedad les reclama la forma equivocada de dirimir injusticias que ya nos resultan insoportables.
Todos los seres humanos son proclives al error. Pero si bien equivocarse es inevitable, hay formas dignas e indignas de hacerlo. Se puede juzgar (y cometer errores) abriendo los ojos y poniéndose en el lugar del ciudadano de a pie, u olvidando las necesidades de la ciudadanía y aceptando presiones. Según cómo se interprete desde la sociedad ese hecho, los ministros serán vistos como seres falibles o como políticos con agenda propia. Esto último, que significa no considerarlos jueces imparciales, es verdaderamente preocupante para todos.
Después de este desolador fallo, con el cual seis ministros enterraron las expectativas que desató la SCJN con su excelente resolución sobre la Ley de Medios, ¿qué podemos esperar? Si desaprovecharon de esa manera la oportunidad para avanzar en el proyecto de renovación de la justicia, ¿podrán enfrentar los desafíos futuros que plantea la pluralidad de nuestra sociedad? Si bien la tarea de la SCJN es hacer respetar nuestro sistema de reglas constitucionales, resulta temible el amplio margen que tiene “la interpretación”: ¿qué tanto es tantito? Si unos policías me detienen y “sólo” me amenazan con violarme, ¿violan mis garantías? ¿Es necesario que me violen físicamente para que exista violación de mis derechos? Que un gobernador decida “darle una lección” a una ciudadana que denuncia a pederastas ¿es apenas “tantito” ilegal?
Aunque se han diversificado las posiciones políticas de la sociedad, todas comparten el rechazo a la impunidad. Un ejercicio riguroso de la justicia socava la impunidad y, al limitar a los poderosos, devuelve a la ciudadanía sus garantías constitucionales. Y una buena impartición de justicia hace más vigorosa la vida ciudadana. Necesitamos una SCJN moderna e independiente del poder político, del económico y del eclesiástico. De otra manera, existe el peligro de que las componendas partidarias, los intereses privados y las creencias religiosas priven sobre la deliberación racional.
La indignación moral que ha desatado este fallo debería prevenir a estos seis ministros sobre los riesgos de interpretar de espaldas a la sociedad. Escuchar a la ciudadanía es un acto de reciprocidad, indispensable para preservar el lazo social. Hoy se sabe que las normas y reglas no son “naturales”, sino parte de un conjunto de significaciones imaginarias, construidas colectivamente, con las cuales se nombra, organiza e interpreta, de manera situada y particular, la realidad. Sí, la ley es una invención colectiva, determinada social e históricamente, que puede ser modificada colectivamente. Pero ¿y su interpretación y aplicación en casos concretos? ¿Con qué parámetros se debe emprender esa tarea cuando el sistema permite a los jueces imponer su visión del significado de la ley sobre la visión de los demás? La tarea distintiva de los jueces es la aplicación de la ley a casos concretos. ¿Puede ser esa tarea impermeable al sentir de la colectividad? El fallo sobre el caso de Lydia Cacho marca un hito ominoso en el dilema de la interpretación, y abre el debate sobre el proceso de selección de los ministros.

Seis de 10 y por separado

Publicado por: Raúl Cremoux, en El Universal, el 7 de diciembre de 2007
Últimamente nos habían dado satisfaccio-nes que merecemos como sociedad. No tenían por qué vaciarnos de esperanza. Pésimamente repartida desde siempre en este país, la justicia es un bien raro, escaso y hasta desconocido para los indígenas, los marginados y las mujeres. Y precisamente, quizá por ser mujer, no fue tan difícil echarle montón hasta en número de seis ministros de la Corte.
Ningún servidor público debería admitir la jerga que telefónicamente sustentó Kamel Nacif con el gobernador Marín de Puebla. Mil veces repetida y otras tantas analizada, era suficiente para dictaminar la abundante podredumbre y la nula condición ética de quien, debiendo servir a los poblanos, descendió para darle un “coscorrón” a una periodista que, acuciosa y con rigor, daba a conocer a un protector de pornografía infantil y su hedionda red. Continue reading “Seis de 10 y por separado”

La ínfima corta de injusticia

Publicado por: Ricardo Rocha, en El Universal, el 06 de diciembre de 2007
Así ha rebautizado la voz popular a lo que alguna vez fue la Suprema Corte de Justicia: ínfima porque es la dimensión a que ha quedado reducida; corta porque en muchos habita la sospecha de corrupción; y de injusticia porque es unánime el clamor en contra del fallo que exoneró a Mario Marín y castigó a Lydia Cacho.
Nunca como ahora había yo percibido tal intensidad de rabia frustrada. Jamás, tantos y tan feroces adjetivos para denostar una institución en algún tiempo respetada. Los insultos son cada vez más estruendosos, pero también cada vez más merecidos. Y es que pocas veces se ha generado una repulsa tan unánime como la concitada por el góber precioso y, por lo tanto, una irritación tan furiosa como la provocada por el fallo de los seis ministros del oprobio: los ultraconservadores y extremoderechistas Mariano Azuela y Salvador Aguirre Anguiano, los grises Guillermo Ortiz Mayagoitia y Sergio Valls, y las volubles Olga Sánchez Cordero y Margarita Luna que —después de tantos devaneos— decidieron que las violaciones a niños y niñas de este país no eran materia del caso —cuando fueron su origen—, y que Lydia fue violentada pero no tan gravemente. Continue reading “La ínfima corta de injusticia”

De qué están hechos

Publicado por Alfonso Zárate en El Universal, el 5 de diciembre, 2007
El ‘góber precioso’ y una veintena de funcionarios poblanos y quintanarroenses pueden dormir tranquilos: una mayoría de seis ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la investigación realizada por la comisión que dirigió el ministro Juan Silva Meza no aportaba suficientes elementos para demostrar “el concierto de autoridades de los estados de Puebla y Quintana Roo para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho”.
La resolución de la Corte, de discutible valor jurídico, es un agravio a los sectores más conscientes de la sociedad y un triunfo del cinismo, la vulgaridad y la antidemocracia; queda para el registro el sarcasmo del ministro Salvador Aguirre Anguiano: “Si a miles de personas las torturan en este país, ¿de qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”. Continue reading “De qué están hechos”

Autogolpe

Pubicado por Denise Dresser en Reforma, el 3 de diciembre, 2007
Hay golpes en la vida, tan fuertes. Golpes como del odio de Dios, escribía César Vallejo. Golpes como los que seis ministros de la Suprema Corte acaban de propinarle al país. Heridas como la que el máximo tribunal acaba de infligirse a sí mismo al declarar que las violaciones a las garantías individuales de Lydia Cacho fueron inexistentes o poco graves. Al sugerir que la última instancia a la que un ciudadano puede recurrir no funciona para él o para ella. Al transformar el sufrimiento de niños y niñas víctimas de la pederastia en una anécdota más. Al convertir su veredicto en confabulario de gobiernos corruptos, empresarios inmorales, criminales organizados. Y así como un agente judicial le dijo a Lydia Cacho durante su “secuestro legal”: “Qué derechos ni qué chingados”, la Suprema Corte acaba de decirle lo mismo a los habitantes del país. Ustedes y yo, desamparados por quienes deberían proteger nuestros derechos, pero han decidido que no les corresponde velar por ellos.
Al votar como lo ha hecho, la mayoría de los ministros acaba de darle una estocada a la Corte de la que tomará años en recuperarse, si es que alguna vez logra hacerlo. Porque su resolución va a ocupar un lugar deshonroso en la historia constitucional de México, similar al que ocupa el caso Dred Scott en la historia constitucional de Estados Unidos. Ese caso en el que la Corte intentó imponer una solución judicial a un problema político; ese caso del año 1856 en el cual declaró -también “conforme a derecho”- que la esclavitud tenía fundamento legal y que como Dred Scott era un esclavo, carecía de derechos y la Corte no tenía jurisdicción para intervenir en su favor. Ese caso que hasta el día de hoy se considera una mancha imborrable, una vergüenza compartida, una herida autoinfligida.
Sablazo similar al que producen los seis ministros que se vanaglorian de empatía y sensibilidad, pero en sus argumentos públicos no las demuestran. Ingenuos o cínicos cuando sugieren que su resolución no deriva en impunidad y que “otras instituciones” podrían investigar el caso, a sabiendas de que llegó a sus recintos precisamente porque eso jamás iba a ocurrir. Contradictorios o deshonestos cuando desechan el caso argumentando que la grabación telefónica entre Kamel Nacif y Mario Marín no tiene valor probatorio alguno, e ignoran la investigación exhaustiva de mil 251 páginas que confirma su contenido. Insensibles o autistas cuando optan por descartar los 377 expedientes relacionados con delitos sexuales cometidos contra menores. Cómplices involuntarios o activos cuando afirman actuar en función del “interés superior” y éste resulta coincidir con los intereses del gobernador y sus amigos. Representantes del peor tipo de paternalismo cuando declaran -en un comunicado lamentable- que sus sofisticadas decisiones no resultan de “fácil comprensión” para grupos muy numerosos de la sociedad.
Seis ministros acaban de destruir la magnífica ilusión -alimentada por su actuación ante la Ley Televisa- de que la Corte opera en un plano moral superior a la mayoría de los mexicanos y se aboca a defenderlos. Cómo creer que han puesto “lo mejor de sí mismos para servir correctamente al país” si allí están las carcajadas del ministro Ortiz Mayagoitia. Las descalificaciones del ministro Aguirre. Los vaivenes argumentativos de Olga Sánchez Cordero. La relativización de la tortura avalada por Mariano Azuela porque el caso de Lydia Cacho no fue “excepcional” o “extraordinario”. El consenso de todos ellos en cuanto a que quizás hubo violaciones pero fueron menores, no graves, resarcibles, quizás indebidas pero no meritorias de la atención de la Corte. O como lo preguntó el ministro Aguirre: “Si a miles de personas las torturan en este país. ¿De qué se queja la señora? ¿Qué la hace diferente o más importante para distraer a la Corte en un caso individual?”
Quizás sólo quede demostrada alguna vez la violación de garantías individuales en México cuando a la esposa de algún ministro la trasladen sin el debido due process durante 23 horas de un estado a otro. Cuando a la madre de algún juez le digan que sólo le darán de comer si le hace sexo oral a los agentes judiciales que la han secuestrado. Cuando a la hermana de algún magistrado importante le metan una pistola a la boca y le susurren al oído “tan buena y tan pendeja; pa’ qué te metes con el jefe … va a acabar contigo”. Cuando a la hija de algún abogado le cobren una fianza excesiva para dejarla salir de la cárcel o amenacen con violarla allí o la sometan a entrevistas intimidatorias o un gobernador le dé un buen “coscorrón”. Cuando a la nuera de algún político le digan sus torturadores “Ten tu medicina aquí … un jarabito, quieres?”, mientras se soban los genitales. Cuando a la nieta de alguna procuradora la viole un pederasta protegido por un “Estado de derecho” puesto al servicio de los poderosos que casi siempre ganan. Cuando alguno de ellos -lamentablemente- sea víctima de un sistema judicial podrido y no antes. Sólo así.
Y bueno, la Suprema Corte se pega a sí misma, pero el peor golpe se lo da a la nación al demostrar cuán lejos está de ser un garante agresivo e independiente de los derechos constitucionales. Cuán lejos se encuentra de entender el maltrato sistemático de millones de mexicanos vejados por el sistema judicial y aplastados por las alianzas inconfesables del sistema político. Así como Kamel Nacif llama “pinche vieja” a Lydia Cacho”, la mayoría de la Suprema Corte acaba de llamarnos “pinches ciudadanos” a ustedes y a mí. Acaba de mandar el mensaje de que no la molestemos con asuntos tan poco importantes como la defensa de las garantías individuales, porque está demasiado ocupada validando los intereses de empresarios poderosos y sus aliados en otras ramas del gobierno.
Quizás por ello en el libro Memorias de una infamia, Lydia Cacho escribe: “Mi país me da pena. Lloro por mí y por quienes tienen poder para cambiarlo pero eligen perpetuar el statu quo”. Y lloramos contigo Lydia -nuestra Lydia- pero rehusamos rendirnos aunque seis ministros de la Corte lo hayan hecho. Porque tienes razón: México es más que un puñado de gobernantes corruptos, de empresarios inmorales, de criminales organizados, de jueces autistas. México es el país de quienes luchan terca e incansablemente por devolverle un pedacito de su dignidad. Y aunque la Corte rehúse asumir el papel que le corresponde ante esta causa común, hay muchos ciudadanos que comparten la convicción -junto con el ministro Juan Silva Meza- “de que en un Estado constitucional y democrático, la impunidad no tiene cabida”.

La Corte. Juzquemos a los jueces

Por Jorge Zepeda Patterson. Publicado en El Universal y otros 22 diarios del país, el 2 de diciembre, 2007
El viernes pasado, 36 horas después de que la Suprema Corte fallara a favor del gobernador Mario Marín, Lydia Cacho recibió la llamada de una niña aterrada. Se trataba de una de las víctimas de Succar Kuri y una testigo clave en el juicio que se sigue en contra del pederasta. “Nos van a matar”, dijo al teléfono entre balbuceos. Y razones de preocupación no le faltaban. Durante meses personeros de Sucar han presionado a la niña y a su madre con amenazas de toda índole para que se retracte del testimonio en el que describe las maneras en que fue abusada. Ha resistido el acoso porque abogados y defensores de derechos humanos le habían pedido confianza en la posibilidad de que se hiciera justicia. El viernes le dijo a Lydia, entre sollozos que le cortaban el aliento, que el perdón a Marín confirmaba que Succar tenía razón: tienen comprados a los jueces y al gobierno. Continue reading “La Corte. Juzquemos a los jueces”

Apoyan escritores en la FIL a Lydia Cacho

Nota publicadaen El Universal, 1 de diciembre, 2007
Dos días después de que la SCJN falló contra la periodista, escritores y fotógrafos firmaron un breve manifiesto y entregaron el original a la autora de “Los demonios del Edén”
Escritores mexicanos reunidos en la 21 Feria Internacional del Libro, externan su apoyo a Lydia Cacho y firman un manifiesto conciso: “El fallo de la Suprema Corte en contra de Lydia Cacho envilece este país. Los firmantes protestamos”.
Dos días después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló contra la periodista, escritores como Alberto Ruy Sánchez, Paco Ignacio Taibo II, Rosa Beltrán, Enrique Serna, San Juana Martínez, Eraclio Zepeda, Fabricio Mejía Madrid, Andrés de Luna y fotógrafos como Maya Goded y Pablo Ortiz Monasterio, firmaron el breve manifiesto y entregaron el original a la autora de “Los demonios del Edén”. Continue reading “Apoyan escritores en la FIL a Lydia Cacho”